FAJARDO – Al fin y al cabo, el grueso del debate ya empezó a ser el que se esperaba: ¿cuánto sufrirán los servicios esenciales ante las medidas de austeridad que recomienda la Junta de Control Fiscal (JCF)?
Tal y como habían adelantado en su carta del 18 de enero al Gobierno de Puerto Rico, que dirige Ricardo Rosselló Nevares, el organismo federal reiteró varias de sus recomendaciones durante la reunión celebrada este sábado en el lujoso complejo hotelero El Conquistador.
Entre ellas, señalaron que entienden necesario recortar 28% en los gastos del Departamento de Salud, lo que significaría una reducción de $1,000 millones en ruta al año fiscal 2019. De igual manera, reiteraron la recomendación de que se le recorten 27% al presupuesto de la educación superior, es decir, $300 millones al sistema de la Universidad de Puerto Rico, a la vez que se realiza un ajuste de matrícula y la consolidación de recintos.
Gilberto Portela, de la AAFAF, depone durante la reunión de la Junta de Control Fiscal en Fajardo. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
No obstante, los representantes del propio Gobierno de Puerto Rico no supieron reconocer a ciencia cierta cuáles son los servicios esenciales que hay que defender. Así salió a relucir, en primera instancia, cuando los siete miembros de la Junta acribillaron con sus preguntas a dos de los representantes del Gobierno de Rosselló durante su deposición.
Después de todo, ni el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, ni el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela, pudieron contestarle de forma acertada al ente federal sobre lo que el nuevo Gobierno considera son los tan nombrados “servicios esenciales”.
“La ley provee para lo que serían servicios esenciales en un sentido práctico, por ejemplo, en Salud, en Educación para los niños y adolescentes, en mantener equidad en la infraestructura, en mantener un sistema judicial”, respondió de manera general Portela, aludiendo a la necesidad de un “formato matriz” para que esto suceda.
Maldonado, por su parte, indicó que se encuentran en pleno diálogo con distintas voces de los campos de la salud y la educación para tener claros qué servicios realmente son esenciales.
“Por ejemplo, en Educación hay cosas, como los pagos a los maestros y también en los servicios tecnológicos”, señaló Maldonado, al tiempo que indicó que “otros servicios, como los de investigación”, pudiesen no ser prioridad.
Entonces, “con el Departamento de la Policía todo parece esencial”, resaltó Maldonado, abonando un tanto a la confusión.
“Hay que decir que cortar un 20% [en el Gobierno] es un gran paso”, dijo Elías Sánchez, representante del Gobierno en la Junta de Control Fiscal, en medio de la deposición de Portela y Maldonado.
José Carrión III y Ana Matosantos, durante la actividad. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
Fue un momento raro, incómodo quizás. Sin embargo, según se pudo percibir, los miembros de la Junta se referían particularmente a los estatutos de los suplidores de servicio y sus contratos. No fue hasta que acabó la reunión oficial de la Junta y comenzaron las conferencias de prensa posteriores que el tema se tocó a profundidad, aunque quedó claro que hay mucha confusión aún al respecto. En efecto, se reiteraró que “no hay una definición clara” de lo que realmente son los servicios esenciales.
“Pues es al Gobierno de Puerto Rico que le toca contestar esto”, dijo en conferencia de prensa el presidente de la Junta, José Carrión III, ante insistentes cuestionamientos.
Mientras, en una conferencia de prensa que Sánchez realizó junto a Maldonado, Portela y Christian Sobrino, presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el representante de Rosselló ante la Junta le dio aún más vueltas al asunto hasta que se asentó en lo que parece ser el principal problema a la hora de decidir qué son los servicios esenciales. Y es que todo apunta a que la complejidad del organigrama gubernamental es tal que desyerbar financieramente la burocracia propone una tarea titánica.
“Si quieren una respuesta superficial, les puedo decir que son Salud, Educación y Seguridad. Estos son los términos críticos para que cualquier país mantenga el orden. Pero hay muchas cosas más que hay que analizar”, articuló Sánchez, con tono irónico en su voz.
“Definir servicios esenciales no se hace en una semana. Hay que ir a las áreas de servicios generales del Gobierno y ver lo que las 118 agencias proveen. Ahí hay un sinnúmero de servicios y de esto hay que hacer un análisis porque la pasada administración, a pesar de que gastó $400 millones y pico en servicios y contratos, no lo hizo. Y este es un análisis que toma tiempo por parte de todos nuestros recursos. Queremos hacer un deep dive [sumersión profunda], agencia por agencia, pero no es algo que se hace de la noche a la mañana. Ciertamente, esa determinación va a tener un impacto sobre lo que será el Plan Fiscal”, apuntó.
De hecho, los llamados “servicios esenciales” fueron la punta de lanza del pasado gobierno de Alejandro García Padilla para justificar los impagos al servicio de la deuda los pasados dos años. En su momento, García Padilla tampoco especificó cuáles eran esos servicios esenciales a los que se daba prioridad por encima de los cumplimientos con los pagos a los acreedores.
Mientras profundizaba sobre asuntos de política pública, Sánchez parecía actuar como un funcionario del gabinete de Rosselló a pesar de no ocupar ningún cargo gubernamental oficial que no fuese el de representante ante la junta. Opacaba incluso a miembros oficiales, como Portela, de la AAFAF, o al propio Maldonado, secretario de Hacienda.
Maldonado, entre tanto, resaltó que se ha reunido con distintas organizaciones sin fines de lucro, con el Centro Unido de Detallistas y con la Cámara de Comercio para intentar definir finalmente cuáles servicios son esenciales.
“He estado en contacto con las entidades que estén más cercanos al pueblo, con sus necesidades directas, para lograr una decisión de consenso, para asegurarnos que cubrimos todos los medios”, puntualizó Maldonado.
Ante toda esta incertidumbre sobre lo que finalmente será “esencial” y lo que no, la JCF le ha dado al gobierno de Ricardo Rosselló una extensión de fecha límite para presentar su Plan Fiscal y para la moratoria de PROMESA.
La nueva fecha es el 28 de febrero, a fin de que la Junta pueda evaluar su certificación no más tarde del 15 de marzo, con el 31 de marzo como la fecha final para los planes individuales, entre ellos el designado para la Universidad de Puerto Rico.
