La comunicación de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con La Fortaleza, así como con la junta de control fiscal (JCF), ha sido inexistente en lo que se refiere a delinear un plan para que el principal centro docente del país presente la información relevante al impuesto ente federal que tendrá la potestad de manejar las finanzas de las distintas instrumentalidades del gobierno central.
En la reunión ordinaria celebrada anoche, los miembros de la Junta de Gobierno (JG) de la UPR, al igual que la presidenta interina de la universidad Celeste Freytes —en calidad de invitada—, manifestaron total desconocimiento acerca de cuáles serán los procesos que regirán la comunicación entre la institución y la JCF, toda vez que en la reunión del cuerpo federal el pasado viernes, se indicó que el nombramiento de un director ejecutivo se retrasaría hasta mediados de enero.
Se espera que sea el director ejecutivo de la junta federal quien esté a cargo de la coordinación para el desarrollo de un plan fiscal para las entidades gubernamentales de las que la JCF asumió control total de las finanzas, entre las que se encuentra la UPR.
En su informe ante la JG, Freytes fue enfática en que, como presidenta interina de la universidad, no cuenta con más información sobre los planes de la JCF para con la institución que la que tiene el resto del país.
Mencionó que luego de un análisis del plan fiscal que el gobernador Alejandro García Padilla presentó ante la JCF, los dos puntos que resaltaban con relación a la UPR eran la congelación de la fórmula de la porción del fondo general que le toca administrar a la universidad en unos $833 millones hasta 2021, extendiendo la vigencia de la Ley 66 de 2014; así como la necesidad de que se implementen medidas internas en búsqueda de mayor eficiencia operacional.
Por su parte, el presidente de la JG, Carlos Pérez Díaz, dijo que la junta fiscal ha establecido que las agencias que caen directamente bajo su control, como la UPR, no podrán realizar ningún tipo de transacciones económicas “fuera de lo ordinario”.
“Pero no sabemos qué es ordinario”, objetó Pérez Díaz.
El representante estudiantil graduado ante la JG, Gilberto Domínguez Escalera, planteó la necesidad de que la universidad trabaje unos “principios de reestructuración” que le sirvan de guía una vez la JCF exija a la institución la entrega de su plan fiscal, y que vayan acorde a los objetivos que debe cumplir como el principal centro de educación superior en el país.
En cuanto a esto, Freytes indicó que la Ley Universitaria ya establece esos objetivos, pero que no se puede comprometer con posturas más específicas pues no conoce cuáles serán las exigencias particulares del nuevo cuerpo federal.
A esperar por el nuevo presidente
Por otro lado, la JG derrotó una moción que presentó el representante estudiantil subgraduado, Pedro Rodríguez Mercado, para ordenar a los senados académicos de las distintas unidades del sistema iniciar el proceso de búsqueda y consulta de un nuevo presidente en propiedad de la institución.
Se expresaron en contra de la moción Pérez Díaz, la secretaria Gloria Butrón Castelli, los licenciados Juan Acosta Reboyras y Juan Aponte Vázquez y el secretario de educación Rafael Román, por entender que no era “práctico” que se comenzara con el proceso a unas tres semanas de las elecciones generales en Puerto Rico.
Rodríguez Mercado, Domínguez Escalera y el representante claustral José Martínez Cruzado votaron a favor de iniciar el proceso inmediatamente.
La doctora Ana María García Blanco, vía telefónica, y el licenciado Frank Cátala Morales, también participaron de la reunión pero ya se habían excusado al momento de la votación.
Garantizado el pago a bonistas
El presidente del Comité de Asuntos Financieros de la JG, Acosta Reboyras, indicó que La Fortaleza informó que a partir de febrero el Departamento de Hacienda le estará reembolsando a la UPR la porción de las remesas que le ha estado reteniendo por los pasados meses. En la última reunión de la junta se había traído a colación esta situación, en la que el gobierno central estaba remitiendo solo unos $14 millones de los $18.2 millones semanales que por ley debe enviar.
El gobierno había justificado esta acción fundamentándose en la orden ejecutiva que desautoriza a las corporaciones públicas de cumplir con los pagos estipulados en el servicio a la deuda pública. Sin embargo, como explicó Acosta Reboyras, el pago a los acreedores de la UPR está garantizado pues los fondos para ello provienen de los ingresos por concepto de matrícula estudiantil, y no del fondo general.
La importancia de cumplir con los pagos a los bonistas estriba en parte en que el 15 de febrero expira el “stay” que la ley Promesa estableció a las demandas contra el gobierno y sus instrumentalidades por incumplimiento en el pago de la deuda.
Al presente, el principal de la deuda de la UPR asciende a unos $496 millones, como se detalla en el informe de García Padilla a la JCF.
Acosta Reboyras precisó además que la universidad cuenta actualmente con un ‘cash flow’ de $200 millones.
En otros asuntos, Pérez Díaz informó que no ha habido comunicación con el gobernador respecto a la posibilidad de llenar alguna de las tres vacantes en la JG, y que a estas alturas luce improbable que ocurra algún nombramiento previo a la instauración del próximo gobierno.
En tanto, la presidenta interina Freytes expresó su optimismo de que la investigación que encargó a la exjueza Mercedes Marrero de Bauermeister acerca del informe sobre la otorgación de las becas presidenciales 2015-16 esté finalizado antes de que culmine el semestre.
La próxima reunión de la Junta de Gobierno está pautada para el lunes 21 de noviembre.
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Manuel Guillama Capella
Periodista. Es estudiante graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Completó un bachillerato en Información y periodismo en la misma institución. Apasionado y conocedor del deporte local e internacional.
