Andrew Biggs, integrante de la Junta de Control Fiscal, es académico residente del American Enterprise Institute (AEI), un think tank conservador en el que es miembro de la junta de directores Seth Klarman, director ejecutivo del fondo de cobertura The Baupost Group. Esta firma reclama $933 millones en bonos senior de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y forma parte de la Coalición de Bonistas Cofina Senior, uno de los principales grupos que buscan cobrar deuda en el caso de quiebra del gobierno bajo el Título III de la ley Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (Promesa).
En la junta de directores del AEI hay otras dos personas relacionadas con el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico. Uno de ellos es Harvey Golub, presidente de Miller Buckfire, firma que asesora a la Coalición de Bonistas Cofina Senior, y Daniel A. D’Aniello, cofundador y jefe en The Carlyle Group.
Hasta el 2016, Carlyle Group fue uno de los accionistas de Claren Road Asset Management, firma de inversión con bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Claren Road sometió una demanda en el tribunal federal en 2016 para impedir que las entidades del gobierno retiraran sus depósitos del BGF. En diciembre de 2017, Carlyle hizo una inversión en Prime Clerk, firma que administra las notificaciones y la plataforma digital del caso de quiebra del gobierno.
“Literalmente, nunca he oído hablar de los nombres de las dos primeras personas que mencionas [Golub y D’Aniello] y hasta el día de ayer no había oído hablar del director general de Baupost Group (Klarman). No tengo contacto con ellos, sus empresas ni nadie que los represente. Si la gente elige hacer un issue con esto, lo llevaré a la asesora de ética [Andrea Bonime-Blanc] y a los abogados de la junta y desperdiciaremos parte del dinero de Puerto Rico. No soy abogado, pero me resulta difícil ver un conflicto de intereses cuando no tengo intereses financieros, ya sea con Puerto Rico o con estas personas o empresas”, dijo Biggs al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el pasado jueves.
El CPI solicitó la semana pasada una opinión a Bonime-Blanc, oficial de ética de la Junta de Control Fiscal, pero hasta el momento no ha sido contestada.
Biggs, quien es académico especialista en el tema del Seguro Social, dijo en Twitter que “nunca lo he conocido o me he comunicado directa o indirectamente con él, ni siquiera sabía su nombre hasta ahora”, refiriéndose a Klarman. “La administración de AEI nunca ha tratado, de ninguna manera, influir en mi trabajo para la Junta [de Control Fiscal]”, añadió Biggs.
Klarman acaparó los medios de comunicación en octubre cuando The Intercept reveló que era el dueño de la hasta entonces empresa fantasma Decagon Holdings, que tiene a su nombre los bonos de Cofina y con la que Klarman forma parte de la Coalición de Bonistas Cofina Senior.
Los nombres de Biggs y Klarman aparecen juntos, en la misma página, en varias publicaciones del AEI, organización que se fundó en 1938 y que aboga por políticas públicas de libre mercado y reducción del gobierno.
Otros miembros prominentes de la junta de directores del AEI son Richard Marvin “Dick” DeVos, esposo de la secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, y Richard “Dick” Cheney, vicepresidente de Estados Unidos bajo la administración de George W. Bush.
James F. Mooney, socio de Baupost Group, pertenece al consejo nacional del AEI por Massachusetts. Y Daniel Loeb, director ejecutivo del fondo de cobertura Third Point, que tuvo bonos de la isla, también forma parte del consejo nacional del AEI por Nueva York.
La participación de Klarman en el AEI surgió en el último informe de Hedge Clippers, organización que expone conflictos de los fondos de cobertura. Mientras, NotiCel mencionó que Biggs es académico residente de la misma institución.
