La Junta de Control Fiscal (JCF) demandó hoy en el foro federal al gobernador Ricardo Rosselló Nevares exigiéndole que implemente la reducción de la jornada laboral, medida que afectaría a más de 135,000 empleados públicos y que busca lograr una liquidez de $218 millones para este año fiscal en las arcas del gobierno.
La medida significaría un 10% menos del salario de dichos empleados.
La demanda, en esencia, busca que se declare la reducción de la jornada laboral de dos días al mes y el recorte de pensiones en un 10% como componentes del plan fiscal del gobierno central certificado en marzo pasado por el ente federal. También solicita como remedio un injuction que prohíba a Rosselló Nevares negarse a implementar la medida bajo el argumento de que es una “recomendación” a la luz de la sección 205 de Promesa.
Desde el anuncio, en la última reunión de la JCF a principios de agosto, de que la reducción de la jornada laboral entraría en vigor el 1 de septiembre, Rosselló Nevares rechazó adoptar esa medida, aludiendo a que tendría un impacto de sobre $600 millones en la economía por los próximos dos años. Poco después, instruyó a los jefes de agencia a no acatar tal instrucción.
Su contención principal, empero, era que la reducción de la jornada laboral era una “recomendación” que no formaba parte del plan fiscal del gobierno central, y que no había necesidad de implementar la reducción porque el gobierno tenía cerca de $1.8 millones en liquidez.
La JCF, en cambió, sostuvo que la medida era una contingencia sujeta a activarse tan pronto el gobierno fallara en demostrar medidas para aumentar la liquidez, lo que a juicio de la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko, sucedió.
Desde entonces, tanto el gobernador y funcionarios de su administración como miembros del ente federal han coincidido en que la controversia se resolverá en los tribunales, lo que se materializó hoy.
En síntesis, y según el plan fiscal, para el presente año fiscal la administración tenía que lograr $880 millones en ahorros por concepto de right-sizing del gobierno. Sin embargo, solo pudo evidenciar medidas de ahorro ascendentes a $662 millones. Las medidas para alcanzar los restantes $218 millones no convencieron a Jaresko, por lo que propuso la reducción de la jornada laboral. Originalmente se contemplaba una reducción de cuatro días.
“La reforma fiscal es un proceso difícil pero necesario para Puerto Rico y la credibilidad del plan radica en su cumplimiento. Aunque hubiéramos preferido evitar este paso, creemos que es una medida necesaria para mantener a Puerto Rico en curso con sus compromisos de reducir el
gasto y establecer una base estable para su futuro económico”, dijo la directora ejecutiva de la JCF en declaraciones escritas.
“El pasado 13 de marzo, la junta certificó el Plan Fiscal para Puerto Rico para alcanzar casi $40,000 millones en reducción del déficit a largo plazo mediante aumentos en ingresos y medidas de ajuste al sector público, al tiempo que se comienza el difícil trabajo de reestructurar la insostenible deuda de $74,000 millones que la isla le adeuda a sus acreedores. El plan incluye metas claras y específicas a ser monitoreadas de cerca por la JCF”, agregó.
Jaresko indicó en la última reunión del ente federal que la posible eliminación del bono de Navidad en los empleados públicos se considerará el 30 de septiembre.
El gobierno también ha dicho que garantizará el pago íntegro de las pensiones, asunto que miembros de la JCF han rechazado de plano como irreal.
Reacciona el gobernador
“Nuestra administración ha sido clara en que una reducción de la jornada laboral de los empleados públicos es innecesaria debido a que el gobierno ha logrado los ahorros certificados por la propia JCF, ha comenzado la implementación de las reformas necesarias y está encaminado al cumplimiento del plan fiscal”, dijo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.
El mandatario adujo que la medida tendría un efecto adverso en la economía de Puerto Rico, en contradicción con el “objetivo común” de la junta y el gobierno: facilitar el desarrollo económico de la isla.
“Entendemos que la junta y el gobierno tienen diferencias sobre este tema, pero confío que el foro judicial resolverá esta controversia conforme a derecho y en beneficio del pueblo puertorriqueño. Mientras tanto, nuestra administración seguirá trabajando en la implementación de medidas para facilitar la recuperación económica del país, además de lograr los ahorros necesarios y una mayor eficiencia en la operación gubernamental”, sumó.
