Todo el mundo las ha visto. Están en todas partes: en panaderías, en centros comerciales, gasolineras, cafeterías y hasta en tiendas de zapatos. Estamos tan acostumbrados a verlas que muy pocas personas se imaginarían que la mayoría de las tragamonedas que están dispersas en Puerto Rico operan de forma ilícita.
Las tragamonedas, estas máquinas en las que insertas dinero y pulsas un botón para que gire una ruleta en una pantalla con la expectativa de que salga una combinación premiada, aunque pagan una licencia de $2,500 anuales, tienen restricciones legales.
Estas limitaciones están establecidas por la Ley 77 de juegos de azar. Esta legislación dispone que no pueden haber máquinas tragamonedas en ningún lugar en el que puedan entrar menores. O sea que una panadería o tienda de zapato son lugares en los que no pueden estar. La Ley también constituye que en los lugares donde sí puede haber tragamonedas, no puede haber más de ocho juntas. Solo los casinos que se encuentran dentro de los hoteles tienen permiso de tener más de ocho de estas máquinas.
Hoy, hasta en las tiendas de ropa hay tragamonedas. Esta foto fue tomada en un local en Río Piedras. (Suministrada)
También establece que no puede haber tragamonedas a menos de 200 pies de una iglesia o escuela, ni a cinco kilómetros de un casino de hotel. Por último, lo más importante: absolutamente ninguna de estas máquinas están autorizadas a pagar premios, a menos que se trate de las tragamonedas que están en los casinos.
El problema de las tragamonedas
La proliferación y dispersión de estas tragamonedas en todos los espacios de la Isla representa un gran problema para el País.
En primer lugar, generan una cantidad cuantiosa de dinero para los dueños de los establecimientos en donde se encuentran estas máquinas. Este dinero son dólares limpios que van directo al bolsillo de los dueños, ya que no rinden impuestos sobre estos ingresos. Cuando un jugador se lleva un premio, como no hay inspectores, tampoco rinde impuestos sobre lo ganado. Es una economía subterránea.
En segundo lugar, estas máquinas son una competencia para los casinos que se encuentran en los hoteles. Si los casinos se afectan, se afecta la economía de todo el País, ya que el 52% de lo que generan los casinos va destinado al Fondo General del Puerto Rico. Con lo que se genera se mantiene a la Compañía de Turismo y se da una partida millonaria al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Miguel Vega, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, en entrevista con este medio aseguró que en los momentos que se han hecho redadas para incautar tragamonedas que operan de forma ilícita y multar a los establecimientos donde estas se encuentran, los ingresos en los casinos han aumentado. También advirtió que debido a la baja de ingresos que están experimentando los casinos, la UPR ha estado recibiendo menos fondos.
¿Por qué no se ha hecho nada con las tragamonedas que operan de forma ilícita?
La Compañía de Turismo es la agencia estatal a cargo de fiscalizar y erradicar las tragamonedas que operan de forma ilícita en el País. Sin embargo, una fuente de la Asociación de Inspectores de Juego de Azar le contó a Diálogo que Turismo se ha hecho de la vista larga. Según esta fuente, a quien se le protege la identidad, Turismo ha permitido que continúen estas tragamonedas en la calle para que de esta forma hayan más razones para justificar la videolotería bajo el argumento “es imposible erradicar las tragamonedas ilegales, entonces aprobemos la videolotería y así tenemos control de las tragamonedas”.
Ingrid Rivera, la directora de la Compañía de Turismo, no ha emitido ninguna comunicación al respecto. Diálogo logró concertar una entrevista con Rivera y a continuación te presentamos lo que nos contó.
Ingrid Rivera: “Nosotros en la Compañía de Turismo tomaremos acción”
El próximo 13 de julio entrará en vigor el reglamento bajo el cual la Compañía de Turismo trabajará para erradicar las tragamonedas que operan de forma ilegal. A partir de entonces, Turismo empezará a trabajar de lleno con el problema de estas máquinas de entretenimiento para adulto que no siguen la ley.
Cabe destacar que Turismo es responsable de esta tarea desde mucho antes. Cuando Diálogo preguntó sobre el porqué de la tardanza en someter este reglamento, Rivera contestó que el reglamento se sometió este año ya que elaborarlo no fue un proceso sencillo. Según la directora, el proceso para lidiar y establecer un procedimiento para la atención del asunto de las tragamonedas conllevó un año de trabajo y coordinación junto con el Departamento de Justicia.
Ahora bien, un vez establecido el reglamento ¿qué procede?
Según aseguró Rivera, con ayuda del personal del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) se harán redadas para incautar las máquinas. Tanto Turismo como Justicia ya tienen identificado muchos de los lugares donde hay máquinas tragamonedas funcionando en contra de la ley.
Una vez estas máquinas sean allanadas, serán depositadas en almacenes que ya la compañía tiene alquilados. Allí permanecerán las tragamonedas hasta que sean decomisadas o vendidas fuera de Puerto Rico.
Los dueños de los establecimientos que sean allanados, a parte de ser expropiados de las máquinas, serán sancionados. La primera vez con una multa que oscilaría entre $5,000 y $10,000, y hasta seis meses de cárcel. Si el establecimiento reincide, podría enfrentar hasta un año de cárcel y un multa que ascendería a los $20,000.
Ingrid Rivera espera que con estas medidas se logre erradicar el problema de las tragamonedas. Advirtió que de esta forma mejorará la solidez económica de los casinos ya que estas tragamonedas le quitan clientela a los casinos.
Sin embargo, hay que reseñar lo siguiente: actualmente está en veremos la implantación de un sistema de videolotería que viene impulsado por el Departamento de Hacienda y por compañías privadas como Caribbean Cage. Según dicta el reglamento de la videolotería que sometió Hacienda el pasado 4 de mayo, podrían haber hasta 15 máquinas de videolotería en cada una de las estaciones de la lotería electrónica. El número 15 es mayor que 8, el número máximo permitido de tragamonedas que establece la ley 77. Entonces, ¿No será la videolotería un peor enemigo para los casinos.
Ante la pregunta Rivera contestó que sí es cierto que la videolotería pudiera socavar los ingresos de los casinos. De todas formas Rivera manifestó que su agencia se encargará de velar y proteger a los casinos para mantener la financiación del turismo de Puerto Rico y los empleos que esta industria genera en Puerto Rico.
Finalmente, Diálogo concluyó la entrevista con la misma pregunta con la que inició el interviú: “¿[Ingrid Rivera] está usted de acuerdo con la implantación de la videolotería en Puerto Rico?”
Al igual que al principio de la entrevista, la directora de la Compañía de Turismo no contestó. Eludió la pregunta ofreciendo otra información.
Las razones por las que no quiso responder las preguntas se desconocen. Por su parte, Eric Navarro, vicepresidente de EMPRECOM, compañía de tragamonedas en Puerto Rico se limitó a responder que “hay intereses mayores moviéndose debajo de la mesa”.
