Aunque en Estados Unidos el tema de la magnitud de la crisis financiera se comenzó a discutir ampliamente en los medios de comunicación hace relativamente poco tiempo, en Puerto Rico el tema está presente hace un poco más de dos años. La fecha de mayo de 2006, momento en que el Gobierno de Puerto Rico cierra por falta de fondos, ha quedado en la memoria de los puertorriqueños como el inicio del estado de crisis financiera del País. Sin embargo, al igual que en Estados Unidos es indispensable mirar hacia atrás para comprender cómo fue operando la economía para que tuviese estos resultados. En un primer plano, es importante establecer que por tratarse de una crisis financiera originada en Wall Street, el mercado de valores más poderoso del mundo, las consecuencias globales del desastre son innegables. Ahora bien, en cuanto a la relación directa de las inversiones locales con los instrumentos financieros afectados como resultado de un proceso especulativo feroz, es mucho más complejo trazar una línea recta entre la economía global y la local. La especulación –terminología del mundo de la economía que se refiere a la actividad financiera que se fundamenta en la fluctuación de los precios- ha funcionado durante demasiado tiempo en demasiados mercados. El rumor y la sospecha de un aumento de valor futuro han sacado de proporción las posibilidades de efectividad del juego especulativo. Un efecto inmediato ha sido la disminución en la concesión de préstamos, ocasionado en gran medida por los problemas financieros que reflejaron las casas de compra de mercado secundario -como Government National Mortgage Association (GNMA) o el Federal National Mortgage Association (Fannie Mae)- y que las llevaron a tener que ser subsidiadas por el gobierno federal. En el caso particular de Puerto Rico los factores que inciden en la crisis económica local incluyen otros elementos. En este sentido se habla de un exceso de confianza en la concesión de préstamos comerciales que provocó un grave problema de morosidad que se sumó a la recesión que enfrenta el país desde el 2006. Aparte de las instituciones bancarias como lo es el caso del Banco Popular que tiene operaciones en Estados Unidos e invirtió en las hipotecas tóxicas -las llamadas Suprime- el caso de Puerto Rico dista mucho de la situación específica que atraviesa Estados Unidos. “Todavía ningún banco en Puerto Rico se ha acogido al plan de rescate de los Estados Unidos. Lo están considerando. El proceso está en camino, de hecho estamos en conversaciones todos los días”, expresó Arturo L. Carrión, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de Puerto Rico en entrevista con Diálogo. A juicio de Carrión la gran distancia entre la situación estadounidense y la local es la diferencia de tiempo. “En Puerto Rico ha durado mucho más tiempo. A partir del cierre del gobierno la economía empezó a deteriorarse porque se perdió la confianza, los empleados se quedaron fuera, se hizo una emisión de bonos para pagar el sueldo. No se logró nada con el cierre y eso minó la confianza del consumidor y del capital”, añadió no sin antes establecer que como estado de situación, en general, los bancos en el País “están bien”. De otra parte, Carrión aclaró que el problema que puede existir con relación a la banca hipotecaria tiene que ver con la morosidad en los pagos, sobre todo los de intereses más altos, ocasionada por la pérdida de empleos. “Aquí hubo un gran problema y es que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá trató de resolver en tres meses un problema de diez años. No lo estoy criticando pero intentar hacerlo tan rápido no dio resultado”, opinó Carrión, quien considera que una de las raíces principales del problema fue la salida del País de las empresas albergadas bajo la sección 936. Estas compañías tenían una exención contributiva local y federal, y en cuanto a las ganancias, siempre y cuando estuvieran invertidas en Puerto Rico, también lo estaban. En el 1995, bajo la gobernación de Pedro Rosselló, el Congreso de los Estados Unidos elimina la sección, se cortan los fondos automáticamente y se le dan diez años de vida. Entonces, según explicó Carrión, uno de los principales defensores de las 936, el País se encontró con una serie de préstamos y con un uso de fondos sin una fuente de repago, proceso que afectó directamente la liquidez. “Aníbal se encontró con una pared, porque la economía se ha venido deteriorando durante años, Fortuño tendrá el mismo problema sólo que tendrá un poder mucho más amplio de lo que tuvo Aníbal. Lo tiene que usar”, aseveró. El crédito Sin duda, la preocupación principal para el ciudadano en el País se cifra en su capacidad de asumir los pagos de sus deudas, así como en sus posibilidades de tener acceso al crédito. “El punto crucial es que una economía moderna no puede funcionar cuando el ciudadano no puede obtener crédito fácilmente,” sentencia David Leonhardt en su columna sobre economía en The New York Times. Desde el punto de vista de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, la situación con el crédito no debe afectarse notablemente. Quizás tome más tiempo o se actúe de modo más precavido respecto a quién podrá obtener un préstamo, pero no se detendrá el proceso. Incluso los dueños de pequeños negocios podrán, como se ha hecho hasta ahora, financiar pequeñas cantidades con préstamos personales, sin necesidad del préstamo comercial. Todo esto, de modo transitorio en lo que se reestablece un ritmo saludable en la economía. En cuanto a la banca hipotecaria, esta sí peligra sin duda, sobre todo si los bancos continúan financiando proyectos que la mayoría de los ciudadanos no tiene el poder adquisitivo para comprar. “Esta administración ha hecho algo muy bueno con los créditos contributivos, un programa que da hasta 25 mil dólares a una persona que quiera comprar y lo hace a través de los bancos. Eso estimula la economía y ha sido muy exitoso porque los créditos están yendo a la vivienda que necesita Puerto Rico. Aquí hay un problema de vivienda de interés social que es de costos de construcción y de momento el crédito contributivo está funcionando en la vivienda entre 160 y 180 mil, que está un poquito más arriba de la vivienda de interés social y está debajo de las grandes”, elaboró Carrión, quien está muy atento a todo tipo de legislación que pueda poner en riesgo al sector bancario. “El gobierno tiene que ser más cuidadoso con la legislación que aprueba, esa es una manera de ayudar al sector. Ahora mismo nos dan los créditos contributivos y nos duplican el costo de los gastos notariales. Es una de cal y una de arena”, finalizó quien en esta misma línea opinó que la mejor ayuda que el Gobierno de Puerto Rico puede ofrecer a la banca es la certeza al inversionista. Es decir, que se sostenga un clima de inversión estable. Esto por la cantidad de dilemas que hay en torno a la asignación de permisos de construcción obtenidos a través de esquemas de corrupción. “Si consiguió el permiso mal, mételo preso, pero no se lo quites”, insiste Carrión. Otra de las instituciones financieras que preocupan inevitablemente es el Banco Gubernamental de Fomento, entidad a través de la cual se financia la deuda pública. A juicio de los expertos y muy a pesar del valor social del proyecto de Comunidades Especiales, muchos coinciden en que al destinar uno de los cuatro billones del presupuesto a dicho proyecto se creó un desbalance económico sin precedentes. A pesar de los numerosos intentos efectuados por Diálogo para que el Banco Gubernamental de Fomento nos concediera una entrevista, no hubo personal disponible para ello.
Otra gran preocupación que se genera a partir de esta situación financiera local y global es la seguridad de los fondos de retiro, sobre todo de los empleados de gobierno. Desde el punto de vista de una fuente de la Oficina del Inspector de Instituciones Financieras que no quiso ser identificada, en este momento en el País todas las inversiones están en peligro y si hubo inversión de los fondos de pensiones en los instrumentos financieros tóxicos es posible que haya que tomar medidas para atender el problema. Según publica el periodista Oscar Serrano en la página web del Centro de Periodismo Investigativo que fundó junto a la periodista Omaya Sosa Pascual, los sistemas de retiro están quebrados por $9,956 millones, mientras que en los últimos años se han legislado al menos cinco aumentos en los beneficios a los pensionados, los jueces pueden retirarse con el 100 por ciento de su sueldo y los alcaldes pueden pensionarse al cabo de un par de términos aprovechando así los aumentos de sueldo arbitrarios que se agencian. “Las inversiones de los sistemas de pensiones son vitales para el desarrollo económico de cualquier país, pero hay que cuidarlas sobre la marcha. No saquear el fondo como se ha hecho. Muchos no envían la aportación patronal o las remesas”, señaló Harold González Rosado, administrador y director ejecutivo tanto de la Administración de Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura y del Sistema de Retiro para Maestros. González, quien se considera “una voz en el desierto” porque -según él- se le ha ignorado cuando ha planteado cómo atender este asunto, expresó su preocupación no con relación al efecto que pueda tener la crisis fiscal en dichos fondos sino en cuanto al cuidado que se les da sobre la marcha. Por otro lado, aseguró que los eventos recientes en los mercados financieros no afectarán las pensiones de los jubilados ni representan riesgo a la continuidad de los beneficios que reciben los participantes, ya que, según explicó, las necesidades financieras de los fondos de pensión requieren de exposición a riesgo de mercado a tono con lograr el mejor rendimiento. El rendimiento meta de los fondos de pensión a largo plazo contempla la posibilidad de eventos de crisis en el mercado como los observados en los pasados meses.
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