Desde el marco económico, Puerto Rico debe reposicionarse estratégicamente en el mercado global, identificando en el camino las industrias que le permitirán competir de tú a tú con los demás países.
Esto debe ir acompañado, desde el marco legal, de un replanteamiento de la soberanía, asunto que tanto la propuesta Junta de Control Fiscal que se discute en el Congreso estadounidense como los dos casos que se ventilan ante el Tribunal Supremo federal parece dejar intacto.
Así lo analizaron los doctores David Lewis, vicepresidente de la firma de consultoría en política de comercio Manchester Trade Limited, Inc., y Ángel Oquendo, catedrático de derecho en la Universidad de Connecticut, durante sus alocuciones en la conferencia ‘¿Puerto Rico desde cero?: economía, política y derecho en la encrucijada actual’ celebrado la semana pasada en la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP).
La actividad, organizada por el proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduada (iINAS) del campus riopedrense, pretendió proponer un cambio de paradigma en cómo se maneja la economía y la política a nivel local y federal. Moderada por la doctora Yolanda Cordero Nieves, esta se enfocó en las reglas de comercio en la isla y los derechos civiles.
“Mi visión es que no estamos en cero. Sería darle restart al botón [de la relación entre] Estados Unidos y Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal (JCF) es un mero detalle de contabilidad. Dinero hay. Recursos hay, aquí y allá. El problema es llegar a un consenso político de cómo destinamos recursos para resolver un problema”, aseguró Lewis, quien trabajó en el Departamento de Estado de Puerto Rico en los años noventa.
El experto dedicó gran parte de su ponencia a explicar los cambios del comercio, tanto en Puerto Rico como en el resto mundo, a modo de entrelazarlo con la debacle económica. Mientras otros países participaban del mercado abierto y competitivo a nivel global, Puerto Rico –explicó Lewis– solo ‘exportaba’ a Estados Unidos, cosa que no es exportar pues el intercambio se mantuvo técnicamente en la misma jurisdicción.
Paralelamente, Estados Unidos continuaba fomentando sus contratos regidos por el tratado de Área de Libre Comercio de las Américas y, por tanto, la competencia para la isla creció. Con este trasfondo, Lewis sugirió un “reposicionamiento estratégico de Puerto Rico con sus entornos”, en donde se “identificarían industrias y sectores de competitividad y productividad de valor añadido”.
Agregó que “a pesar de las migraciones, sigue habiendo buen capital humano e infraestructura en sectores industriales de alto valor como la farmacia y la industria aeroespacial, lo cual implica alto valor competitivo”.
En cuanto al aspecto legal, Oquendo enfatizó en cómo los derechos colectivos se ven y verían afectados por las decisiones tomadas por el Congreso federal con respecto a Puerto Rico. Según el académico, la violación de los derechos colectivos en la isla se debe a la relación política con la nación norteamericana, que se vería exacerbada con la implementación de una junta.
“Además de un problema de legitimidad, aquí hay un problema de funcionalidad. Hay muchas formas en que podemos ver que esta legislación federal (la JCF) afecta a Puerto Rico de una manera negativa y también en las formas en que lo beneficia”, planteó.
De acuerdo a Oquendo, los derechos colectivos son una manera de representar a los demás –como es el caso de Puerto Rico– aunque vagamente.
“Las decisiones sobre Puerto Rico se toman sin considerar los intereses de Puerto Rico. Aquí lo importante no es buscar villanos, sino mirarlo desde una posición objetiva y neutral. Las decisiones que toman ellos, que representan a Estados Unidos, son pensando en Estados Unidos”, explicó el profesor.
El abogado sugirió que, en caso de creer en una violación de derechos civiles, los ciudadanos deben pensar en la estadidad como solución para así recibir trato igualitario. Igualmente sugirió la devolución de poderes al Estado Libre Asociado, aunque ambas pueden percibirse como la misma cosa.
“Hay que ver el problema de Puerto Rico como un problema de derechos colectivos, no individuales. Hay que replantear el concepto de soberanía. Las decisiones en la rama legislativa y judicial [federal], según me parece, no van dirigidas a cambiar el paradigma”, finalizó el licenciado, en alusión a los casos Pueblo v. Sánchez Valle y Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust.
En el primer caso, el Tribunal Supremo federal decidirá si la isla tiene soberanía propia cuando media la cláusula federal de doble exposición. En el segundo, la corta dilucidará si Puerto Rico puede crear su propio mecanismo de quiebra.
