Feria de Estudios Graduados 2023 en UPR-RP
Integrantes de la Junta de Control Fiscal en su primera sesión pública. (Suministrada)
SOBRE EL AUTOR
Centro de Periodismo Investigativo
El CPI fue creado como instrumento para fomentar y defender la importancia del acceso a la información y de la manera en que ésta puede ser limitada, derecho por dos vías de igual importancia. Desde su componente editorial, son un grupo de periodistas dedicados a la investigación que produce reportajes.
El traductor Alejandro Álvarez se le adelantó al gobierno local y al federal. Publicó en su perfil de Facebook, en julio pasado, la traducción al español que había hecho sobre la llamada ley federal PROMESA. El profesor del Programa Graduado de Traducción de la Universidad de Puerto Rico, propuso una versión no oficial, que no pretende abordar con precisión los términos legales y financieros, y sí que los puertorriqueños tengan acceso a la información en su idioma sobre una ley inminente. PROMESA no ordena que su propio texto se traduzca al español, ni los documentos que de su puesta en marcha se desprendan.
Se trata de un asunto crítico para quienes aspiran a vivir en democracia. El destino del archipiélago puertorriqueño lo comandan ahora siete miembros de una junta que no ha sido electa por el pueblo ni para el pueblo, sino que fue nombrada por el presidente estadounidense Barack Obama, por el cual los puertorriqueños no votaron. Washington creó un mecanismo colonial para que el gobierno local pueda pagar su deuda.
Durante el proceso de traducción, Álvarez barajó varias posibilidades para encontrar el nombre adecuado para el “Oversight Board”, la Junta que se establece con la Ley. Escogió “Control Fiscal”, en lugar de “Supervisión Fiscal”, porque era el término que más se adaptaba a la realidad legal: ese organismo no viene a supervisar. Tiene poderes plenarios, la última palabra en las decisiones sobre los planes fiscales y el presupuesto de Puerto Rico. Puede ir por encima del gobernador electo, y posee inmunidad en casos de demanda.
En otro post de Facebook, el traductor explicó sus razones para descartar las palabras supervisión” o “vigilancia”. Escribió: “Estos dos términos apuntan a un matiz semántico, es decir, de significado, que abre la posibilidad a que el elemento estatal, nuestro gobierno central y la legislatura, tendrían más poder de lo que tienen bajo la ley aprobada. Supervisar y vigilar, entonces, dan la idea que el poder de la Junta se limita a recomendar o aconsejar, o que su poder de control es limitado, que nuestros poderes ejecutivos y legislativos tienen algún poder decisional en cuanto a lo financiero”.
Su traducción no fue literal, sino que tomó en cuenta el contexto. “Si te lees la Ley, ves que la Junta tiene el control total”, añadió.
El profesor usaba entonces el nombre que ya empleaban políticos, comentaristas y gran parte de la población. Desde 2015, cuando se hablaba del proyecto de Ley, decir Junta de Control Fiscal ya era uso y costumbre.
Hasta que la misma entidad federal, en su página web www.juntasupervision.pr.gov , se tradujo a sí misma como Junta de Supervisión Fiscal. Sí, pero no. Los traductores, los periodistas, los escritores y toda persona que trabaja responsablemente con la palabra saben que el poder siempre usa el lenguaje para legitimarse.
Llamarla Junta de Supervisión Fiscal, por seguir el nombre que la misma entidad se pone, es ceder a un eufemismo que elimina toda carga de dominio político y económico que los siete funcionarios de la Junta tienen sobre el País.
Álvarez abundó, en otra entrada de Facebook, en que se debe considerar la perspectiva de la traducción en contextos coloniales, como lo sustenta la india Tejaswini Niranjana en su libro Siting Translation. “Hablan de la traducción como ‘estrategia de contención’ frente al poder metropolitano (Reino Unido, en el caso de la autora). Esto quiere decir que la traducción puede emplearse como amortiguador de parte del sector dominante en un contexto colonial para dar la impresión de benevolencia, para suavizar el golpe, si se quiere, de las decisiones que son incómodas para sus dominados”.
“Es una manipulación. Como poner una máscara para esconder lo que dice la Ley”, dijo el tejano Don Walicek, doctor en sociolinguística y ex director del Programa Graduado de Traducción de la Universidad de Puerto Rico.
El empleo de la palabra supervisión en ese caso tiene un efecto positivo, parecido al de las siglas en español del Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act: PROMESA. Claro, lo corto del término lo hace ideal para titulares, de ahí que se haya popularizado en los medios.
Los periodistas que emplean la palabra “supervisión” para nombrar a la Junta se dejan arrastrar por la estrategia discursiva de Washington. Sería encubrir la realidad de que el país regresa a los tiempos en que el máximo mandatario local era nombrado desde Washington. La fanfarria del alegado gobierno propio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se acabó.
Los periodistas deben entonces ponerse de acuerdo y usar la traducción más adecuada y de uso cotidiano para nombrar la realidad y no la mentira. “Hay que levantarle esta bandera de alerta a la población”, añadió Walicek. “Este problema de traducción me hace pensar en el caso de Associated Press, que usaba la palabra alien en sus reportajes para referirse a inmigrantes que entraron ilegalmente al país. Alien era incorrecto porque tiene una carga negativa. Ya lo rectificaron”.
Años después, bajo la guillotina de la historia y de las consultas e internet, los medios que no rectifiquen el nombre de la Junta quedarán en evidencia por la posición que asumieron ante el lenguaje del poder.
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