Las bibliotecas de la UPR y la Junta de Control Fiscal

Dentro de la apabullante crisis económica que sufre Puerto Rico, hay una institución social y educativa que figura silenciosamente entre las más afectadas. Se trata del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), una entidad académica que ha venido transformándose durante las últimas décadas. Esta transformación automatizada y tecnológica permite el acceso rápido a sus colecciones y a otras bibliotecas, mediante un acceso remoto. Para que todo esto sea posible se requiere de la instalación de cables de fibra óptica y de personal altamente capacitado, lo que requiere una gran inversión.

Aunque el Sistema de Bibliotecas de la UPR dista mucho de ser de excelencia, el que tenemos —que sirve a aproximadamente a 75,000 usuarios que incluyen estudiantes, profesores y miembros de la comunidad—, padece del ataque frontal de la Junta de Control Fiscal (JCF). Tradicionalmente, las bibliotecas, en todas las instituciones, son relegadas a la cola en términos presupuestarios. Por experiencia sabemos que cuando disminuye el presupuesto de la Universidad, han sido las bibliotecas las que llevan la peor parte. Ahora, con los recortes presupuestarios propuestos, su existencia está gravemente amenazada.

Todas las universidades de Puerto Rico, ya sean públicas o privadas, tienen que pasar una evaluación de un grupo de especialistas, del Consejo de Educación de Puerto Rico, de la Middle State Association of Colleges and Secondary School y las de organizaciones profesionales de Estados Unidos, para que sus títulos puedan ser convalidados en ese país. El propósito de estas acreditaciones es mantener un nivel de excelencia en las mismas.

Las bibliotecas de esas instituciones también se evalúan y tienen que cumplir con ciertos estándares establecidos. Los estándares para bibliotecas que requiere la Middle States Association abarcan varias áreas como: el tamaño y la accesibilidad de las colecciones; la preparación académica (maestría o doctorado) y el número del personal profesional; los edificios, el acceso a nuevas tecnologías electrónicas y el número de estudiantes y profesores a quienes sirven.

La administración de la UPR aumenta notablemente el presupuesto de las bibliotecas en los meses cercanos a las acreditaciones para que estas cumplan con los estándares requeridos por las agencias acreditadoras. Esta acción se realiza porque es necesario adquirir una gran cantidad de recursos (entre ellos nuevas colecciones) que estas organizaciones exigen. Si la Universidad no cuenta con los fondos suficientes para proveerles dinero a las bibliotecas para que estén en condiciones óptimas se corre un gran riesgo, porque la no acreditación de una biblioteca universitaria pone en peligro la acreditación de la universidad misma.

El Sistema Bibliotecario de la UPR es el más grande, complejo y costoso del País. Lo integran múltiples unidades en los recintos, especialmente en Río Piedras y Mayagüez. Este último recinto mantiene bibliotecas fuera de sus predios, específicamente en las Estaciones Experimentales.

Las bibliotecas académicas son especializadas, lo que implica que el costo de sus recursos varíe según su especialidad. Entre los recursos bibliotecarios figuran libros, documentos, revistas, aplicaciones tecnológicas, computadoras, bases de datos y material audiovisual. En el caso de la biblioteca del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, los costos de los materiales son más elevados.

Asignar el dinero necesario para que las bibliotecas puedan cumplir con su función cabalmente, es una responsabilidad administrativa ineludible. Hacer esto en la coyuntura actual en la que la Junta de Control Fiscal propone un recorte de $450 millones a la UPR representa un gran reto. Las limitaciones presupuestarias impuestas a la Universidad de Puerto Rico, por la JCF podrían causar que nuestra “Alma Mater”, confronte próximamente algunos problemas con su acreditación.