Mientras que en las esferas públicas del País se debate la propuesta de una reforma contributiva para implementar un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) de 16%, el economista guatemalteco Juan Alberto Fuentes Knight visitó ayer el Colegio de Ingenieros y Agrimensores para explicar los proceso de reformas contributivas y la implementación del IVA en Latinoamericana.
La participación del exministro de Finanzas Públicas de Guatemala se dio como parte del foro La reforma contributiva que queremos: equidad, participación y desarrollo, coordinado por las organizaciones locales Cumbre Social y Fundación para un Mejor País.
Una mirada al panorama tributario latinoamericano
Fuentes Knight comenzó su participación exponiendo la situación fiscal de América Latina al momento. Destacó que, desde el 2002, la región experimentó un auge económico asociado al aumento de exportaciones de materias primas, lo que implicó un aumento de recursos del Estado.
Asimismo, se experimentó un aumento en la captación de rentas obtenidas de la explotación de recursos naturales. Sin embargo, desde el 2008, el crecimiento económico, aunque estable, ha sido lento.
Por otro lado, el economista señaló la consolidación del IVA en todos los países en América Latina como otra característica tributaria de la región.
“Prácticamente todos los países de la región tienen un IVA. La excepción es Costa Rica, pero ya el país se encuentra en el proceso de implementarlo, en la transición de un impuesto de ventas a un impuesto de valor agregado”, indicó el economista.
El exdirector de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sugirió la posibilidad de comparar el sistema tributario uruguayo, que opera bajo un modelo de IVA, como un caso que vale la pena evaluar respecto al debate público en Puerto Rico.
“Si bien se cuenta con un IVA bastante fuerte (en Uruguay), se trata de evitar sus efectos regresivos a través de una transferencia directa de los recursos a los hogares más pobres, donde esa transferencia que se hace equivale a lo que los hogares gastaron en medicamentos. (La transferencia) es a través del sistema financiero, no hay burocracia metida en el proceso”, abundó.
El pacto fiscal como eje de toda reforma contributiva
“Para avanzar en materias de ingresos se necesita reciprocidad entre los ciudadanos o contribuyentes y el Estado, lo que implica que el Estado también, como contraparte de los ingresos, tiene que suministrar servicios públicos de calidad”, explicó Fuentes Knight.
El economista guatemalteco definió el pacto fiscal como un “acuerdo social sobre el uso de los recursos públicos, y en particular sobre el monto de esos recursos; es decir, sobre el total de recursos con que debe contar un Estado”.
Agregó que dentro de esa definición debe incluirse la forma de recaudo -sea en forma de IVA, en impuestos sobre la renta o en impuestos sobre los recursos naturales- y el destino del gasto de ese monto, sea en educación, en salud, en seguridad o en otros bienes de utilidad.
Asimismo, señaló que el pacto fiscal debe estar sujeto a la transparencia y la rendición de cuentas como mecanismos de contrapesos para asegurar que se cumpla con lo que se ha convenido como parte de ese pacto.
El círculo virtuoso de la contribución
Según Fuentes Knight, la estabilidad de un pacto fiscal se mide en la voluntad ciudadana de pagar los impuestos y en la voluntad del Estado de proveer servicios. Sin embargo, dicha estabilidad se ve perjudicada cuando hay un nivel de desconfianza ciudadana en el Estado.
Utilizando datos del Banco de Desarrollo de América Latina, el economista mencionó que tomando la región en su conjunto, prácticamente un 50% de los ciudadanos desconfía del Estado, con Honduras y Guatemala en el pico más alto de esa desconfianza (70%) y Uruguay como el único país por debajo del promedio (35%).
Además, observó que encuestas realizadas por dicho banco permiten afirmar que el ciudadano pagaría más impuestos si esto se traduce en la eliminación de la corrupción, en mejoras en la salud o la educación, o en más seguridad y mejore condiciones para las familias pobres.
“Todo lo que conduce a un circulo virtuoso entre los ciudadanos y el Estado, en la mediada en que si el ciudadano considera que el Estado puede proporcionar servicios de más calidad, también ese ciudadano está más dispuesto a pagar más impuestos”, interpretó Fuentes Knight.
Añadió que en lo anterior está implícito “el tema de la participación: en la medida en que el ciudadano paga los impuestos, en esa mediad el ciudadano considera que tiene derecho de participar y exigirle al Estado que mejore la prestación de servicios”.
Retos de las reformas contributivas
Por otro lado, Fuentes Knight, subrayó que la exclusión de sectores de la sociedad, la debilidad democrática del Estado y las diferencias de poder entre clases sociales son factores que amenazan la consecución del pacto fiscal.
Para resolver la exclusión, que abarca sectores de la población sin protección social, víctimas de la inseguridad, donde predomina el empleo informal y la relación con el Estado es débil o negativa, el economista dilucidó que el pacto fiscal debe dirigirse a fortalecer la inclusión de los sectores marginados.
Esto incluiría iniciativas tributarias que permitan la creación de empleos formales como fuente principal de empleo. Por ejemplo, citó que en Brasil se implementó un crédito a la vivienda como medida para formalizar la fuente de empleo de los trabajadores, ya que al estar atados a un crédito hay una relación de pago con el Estado.
Asimismo, apuntó la importancia de fortalecer la cobertura universal del gasto público, garantizando la seguridad social y el empleo formal como derechos de los ciudadanos.
En cuanto a la debilidad democrática del Estado, que sucede cuando este no considera necesaria la participación ciudadana para el recaudo de impuestos, ya sea porque se nutre de los impuestos sobre los recursos naturales o porque tiene alianzas con otro país, el economista ilustró que la clave es aumentar la institucionalidad pública.
De esta manera, el pacto fiscal se vuelve dependiente de una relación negociada que da certeza a los ciudadanos y el Estados, basado en reglas estructurales de balance fiscal y proyecciones fiscales independientes, marcos fiscales de mediano plazo, y otras medidas dirigidas a fortalecer la institucionalidad tributaria.
Respecto a las diferencias de poder, que se refieren a las desigualdades de poder económico y político entre clases sociales que otorgan un poder de facto con capacidad de veto a élites y grupos privilegiados, Fuentes Knight promulgó el impulso de la igualdad ante la ley.
Esto abarcaría, a un nivel social horizontal, la eliminación de privilegios y exenciones a ciertas clases, al tiempo que se fortalece sanción tributaria. Mientras, a un nivel social vertical, se buscaría reducir las brechas económicas entre los estratos, mejorando los impuestos sobre la renta personal.
Fuentes Knight concluyó su participación en el foro mencionando que una de las grandes ventajas de los pactos fiscales es el aprendizaje colectivo en materia de política fiscal.
Finalmente, expresó que “estos procesos deben basarse en una implementación y construcción gradual, reconociendo la necesidad de negociaciones en el camino, sin perder el sentido estratégico de largo plazo sobre el Estado que la mayoría desea, y aceptar que se necesita, como parte de ese pacto, una reciprocidad basada en la igualdad entre ciudadanos y el Estado”.
