¿Legalización del discrimen en los Estados Unidos?

"¿Hasta dónde llega el poder del Estado para clasificar a sus poblaciones?”. Esa fue una de las preguntas que hizo el presidente de la Comisión de Derechos de los inmigrantes del Colegio de abogados, Francisco J. Concepción, en medio de la conferencia “¿Legalización del discrimen?: Desde Arizona hasta Alabama”, celebrada anoche en la Escuela de Derecho del recinto riopedrense la Universidad de Puerto Rico (UPR). 

La pregunta se hace relevante en momentos en que leyes similares a “Ley de Arizona SB1070” se han extendido por varios Estados norteamericanos, especialmente a Estados del sur con antecedentes de fuertes conflictos raciales como las zonas de Alabama, Missisipi y Georgia. 

 

La “SB 1070” fue aprobada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el 23 de abril de 2010 y entró en vigor el 29 de julio del mismo año. Dicha Ley, entre otras cosas, obliga a la policía estatal a comprobar el estatus migratorio de las personas para lo cual, apuntó el abogado J. Concepción, parten de un sólo criterio: la sospecha. Es decir, que toda persona que a la policía le parezca indocumentada puede ser detenida. Ese es uno de los factores más inquietantes y peligrosos de esta Ley, pues empodera  al cuerpo policial a llevar a la práctica todo tipo de estereotipos y prejuicios que afectan incluso a residentes “legales”.  

 

Concepción aseguró que "el Estado controla la inmigración porque quiere controlar quiénes pertenecen al cuerpo político, y quiere controlar quiénes pertenecen al cuerpo político porque quieren establecer cuáles son las categorías aceptables de ciudadanos y cuáles no, y esos son personas,  que tienen ciertos derechos fundamentales, pero no todos los derechos. El Estado quiere establecer las normas del juego… y eso para mí, en el siglo XXI, me parece que es un problema, es un problema constitucional y es un problema jurídico”. 

 

El abogado también explicó que jurídicamente se ha establecido el principio de que es legal,  posible y constitucional establecer una distinción entre una persona y un ciudadano y se le reconocen derechos mayores a los ciudadanos que a las personas.

 

Este tipo de legislación estatal incide en la práctica federal de control de la inmigración. Son leyes estatales que entran en campos ocupados por la ley federal, una situación de la que Puerto Rico no está exento. 

 

Concepción dio como ejemplo el caso de una señora que terminó en un proceso de deportación luego de la policía detuviera a su hija. La hija de la señora conducía un auto inscrito a nombre de su madre, la policía le ocupó la documentación y la entregó a los agentes federales.

 

“Esto no está pasando sólo en Alabama y Georgia, nosotros también tenemos un problema jurídico”, alertó Concepción. 

 

Por su parte el antropólogo Jorge Duany, al contestar una pregunta del público, mencionó que Puerto Rico podría ser ciertamente un lugar en el que se implementen leyes antiinmigración similar a la de los Estados Unidos. 

 

“No se por qué no ha ocurrido todavía, pero yo creo que a nivel popular también hay -en Puerto Rico- las mismas manifestaciones que se dan en Estados Unidos, pero aquí es en torno a la mayor población extranjera que son los inmigrantes de República Dominicana”, dijo el profesor de la facultad de Ciencias Sociales de la UPR.

 

Concepción también aprovechó la ocasión para desmitificar algunas creencias que se han anclado en la opinión pública sobre los inmigrantes:

 

El primero de los mitos es: que los inmigrantes llegan a territorios estadounidenses para recibir beneficios del Gobierno. Acerca de esto, Concepción argumentó que la mayoría de los indocumentados no cualifican para ese tipo ayudas.

 

En segundo lugar, mencionó la creencia de que los inmigrantes quitan los empleos a los residentes locales. Al respecto existe evidencia empírica de que en términos económicos el impacto de esas poblaciones en general es más positivo que negativo para las ciudades que los reciben. 

 

Otro mito es el de los llamados “bebés anclas”: la creencia de que los inmigrantes llegan a territorio estadounidense para tener bebés y de esa manera adquirir la ciudadanía. Sobre esto el abogado dijo que las personas que se propongan adquirir un estatus legal de esa forma tendrían que huir de la ley durante 21 años, pues no es hasta que su cría llega a esa edad, y siempre con la condición de que tenga algún tipo de preparación escolar, que existe la posibilidad de que el Estado le otorgue el añorado estatus de legalidad. 

 

En su turno, el antropólogo Jorge Duany habló sobre las implicaciones sociales de las leyes antiinmigración y expuso la complejidad del problema al detectar la polarización que se ha creado: “Republicanos contra demócratas, hispanos contra anglosajones, católicos contra protestantes y otras diferencias que hay que tomar en cuenta”.

 

Duany aclaró que más que xenofóbico, el discurso que se enarbola y que hace posible la aprobación de más leyes anti-inmigrantes, es un discurso anti-hispano, anti-latino y especialmente anti-mexicano, pues esta última es una de la mayores poblaciones inmigrantes en Estados como Arizona.  

 

También se da un proceso de “racialización”, explicó Duany: “el discurso y estas políticas públicas le atribuyen a ciertos grupos una serie de características que a veces parecen culturales, la forma de vestir, el idioma, su manera de hacer fiestas, a una supuesta serie de características biológicas. Lo que pasa es que ahora el racismo no está de moda, entonces no se puede expresar públicamente de esa manera y se empiezan a hacer referencia a las características como el idioma o la religión”.

 

Sobre el tema de la religión, el abogado J. Concepción mencionó un reportaje sobre la conexión entre el narcotráfico y la santería que recientemente publicó el Nuevo Día, y advirtió que esa era un forma de asociar el mal con la herencia de la tradición africana y que por lo tanto parte de un supuesto racista. 

 

Duany añadió que “este discurso tiene implicaciones reales y prácticas y cotidianas para la gente que tiene que vivir en estas condiciones, y no solamente para los indocumentados sino a todo aquel que parezca o que tenga alguna característica que se asocia con los inmigrantes”. 

 

Duany también alertó sobre la proliferación de crímenes de odio contra latinos en los Estados Unidos, pero por otro lado observó que siempre ha habido un movimiento de solidaridad, gente que está defendiendo a estos nuevos inmigrantes, un movimiento que no sólo ha convocado a indocumentados sino a otros grupos, como puertorriqueños que se han identificado con este lema tan importante que es:  “ningún ser humano es ilegal”. 

 

Luego de la conferencia se llevó a cabo la tradicional sesión de preguntas y respuestas. En la misma participaron varias estudiantes, una de ellas una joven con acento español quien preguntó si acaso no todo el mundo en Puerto Rico ahora baila bachata. El comentario vino para acentuar el hecho de que la cultura no es estática, como aseveró, sino que es cambiante y que más que perder se enriquece cuando con los inmigrantes que llegan traen no sólo sus cuerpos sino también varias de las manifestaciones y costumbres del país del que proceden. 

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