La participación de niños y adolescentes en la zafra de la caña de azúcar, una peligrosa actividad agrícola, está a punto de ser cosa del pasado en El Salvador, que hace 10 años fue denunciado internacionalmente por esta práctica.
“Antes, cuando era cipote (niño), mis hermanos me llevaban para ayudarles a cortar la caña, no había problema, pero ahora es diferente”, dijo a IPS el jornalero Evaristo Pérez, durante un receso de su faena en el cañaveral, en medio del sol abrasador, en la finca La Isla, en el municipio de San Juan Opico, en el departamento occidental de La Libertad.
“Tuve que cumplir 18 para que me recibieran como cortador”, agregó Pérez, de 22 años, al lado de una veintena de hombres sudorosos que realizan su misma labor como temporeros. Él reconoció que laborar en los cañaverales de niño fue “cosa dura”.
Por décadas, El Salvador ha sufrido el fenómeno del trabajo infantil en actividades de riesgo como la zafra, catalogada por la Organización Internacional del Trabajo como peligrosa, por el uso de machetes filosos en la corta de la caña.
También resulta dañina para la salud, pues para facilitar el corte las plantaciones son quemadas superficialmente, y ello produce ceniza que es aspirada por los jornaleros.
Pero las penurias de muchas familias campesinas han hecho que ni lo arriesgado o lo intenso de las jornadas los detenga en solicitar trabajo para sus hijos en las zafras. El salario de un cortador de caña ronda los 200 dólares mensuales, dijeron algunos entrevistados por IPS.
“Es un fenómeno cultural y económico, al final, a la base está la pobreza y la falta de oportunidades” en el campo, explicó Julio César Arroyo, director ejecutivo de la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES), que aglutina a los seis ingenios locales, todos privados, que procesan la caña del país.
En este país centroamericano de 6.3 millones de personas, 38 por ciento viven en el área rural, donde la pobreza afecta a 36 por ciento de los hogares, frente al promedio nacional de 29.6 por ciento, según estadísticas oficiales de 2013.
El tema del trabajo infantil en la zafra estalló, nacional e internacionalmente, cuando en junio del 2004 la organización Human Rights Watch, con su base en Washington, publicó el informe Oídos Sordos, en el que denunció cómo los productores azucareros salvadoreños utilizaban a niños y adolescentes, sobre todo en la siembra y la corta.
La investigación despertó una fuerte reacción de organizaciones de derechos humanos, así como de compradores internacionales del azúcar salvadoreño. Canadá, el segundo mercado para el producto detrás de Estados Unidos, amenazó con dejar de adquirirlo.
La posición de Canadá “fue preocupante porque podía causar efecto dominó” en el sector y dejar sin fuentes de ingreso a miles de campesinos, señaló Arroyo en su diálogo con IPS.
El informe sobre el trabajo infantil y las presiones generadas actuaron como un revulsivo y en 2006 los productores de caña, los ingenios y el gobierno, aglutinados en el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, adoptaron conjuntamente un código de conducta sobre la materia.
El proceso lo reforzaron un año después con la inclusión colectiva de una cláusula de “cero tolerancia” al trabajo infantil.
También se implementaron medidas para supervisar el cumplimiento de esa cláusula, como el monitoreo constante del Ministerio del Trabajo, auditores en las plantaciones y un auditor externo especial.
La mejora fue notoria. Según la AAES, el número de niños que trabajan en faenas azucareras cayó de los 12,000 existentes en 2004 a 3,470 en 2009, una reducción de 72 por ciento. En la campaña 2013-2014, apenas se reportaron 700 menores de 18 años, lo que representa un caída de 92 por ciento frente a 10 años antes.
“Satisfechos vamos a estar cuando se haya erradicado el problema, pero sí se ha logrado un progreso muy importante”, aseguró Arroyo.
Otro factor positivo ha sido que las familias campesinas poco a poco han ido tomando conciencia de la importancia de que los niños y adolescentes no laboren en los cañaverales.
Pablo Antonio Merino, caporal (capataz) de la finca La Isla, aseguró a IPS que aunque le pidan que incluya a algún menor en la lista de cortadores de caña, él “está claro” de que no debe hacerlo.
“A mí no me van a encontrar a un menor entre mis trabajadores”, aseguró Merino, de 63 años. “A veces a la casa llegan a pedirme que le haga el favor de darle empleo, pero al verles las caras de menores, les digo que no, no quiero problemas”, aseveró.
A pesar de todo, aún se perciben resistencias.
Otro jornalero, David Flores, de 53 años, dijo a IPS que las normas que prohíben el trabajo infantil en la producción de azúcar es inconveniente, porque deja sin nada que hacer a los adolescentes, y eso los lleva a andar “en malos pasos”, en referencia a actividades delictivas en las pandillas.
El Salvador vive una ola de violencia criminal que en 2014 provocó una tasa de 63 homicidios por cada 100,000 habitantes. Muchos de esos crímenes los cometieron integrantes de las pandillas, también conocidas en América Central como maras.
“Al país le ha hecho mal quitarle el trabajo a los jóvenes, pues los lleva a andar vagando”, dijo Flores convencido.
Pero Ludin Chávez, directora en El Salvador de la organización internacional Save the Children, señaló a IPS que la erradicación del trabajo infantil pasa porque los niños y niñas dejen de desarrollarse en un ambiente en que ven la explotación laboral como normal.
“Se interioriza como que es natural que otras personas los sigan explotando, y que nunca pueden reclamar sus derechos, este círculo es el que vemos peligroso que se mantenga”, dijo.
Otras formas de trabajo infantil peligroso son la extracción de moluscos en los manglares, el de fabricación de petardos en talleres caseros y el trabajo en el servicio doméstico, agregó.
La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2013 reveló que 144,168 niños, niñas y adolescentes, con edades entre cinco y 17 años, estaban en situación de trabajo infantil, lo que representaba una disminución de 11.9 por ciento respecto al año anterior.
Desde 2009, cuando llegó al poder el izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación, el gobierno trazó una hoja de ruta para erradicar las peores formas del trabajo infantil este año y en forma total en 2020, en un esfuerzo conjunto con sectores económicos y sociales del país.
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