Quizás una sustancial parte de la matrícula estudiantil del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico no lo sepa, pero hay una figura a la que el alumno puede acudir cuando sienta que sus derechos han sido trastocados por las autoridades universitarias o necesite orientación para algún otro caso o situación particular. Se trata del procurador estudiantil, un ente que usualmente no hace mucho ruido.
En diciembre pasado, sin embargo, el abogado René Vargas Martínez, una cara familiar a los procesos universitarios de los pasados años, fue electo a este puesto. Vargas Martínez, egresado de bachillerato de la Facultad de Humanidades con una concentración en Historia de Europa, y con un grado de ‘juris doctor’ de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, llega con un pesado bagaje.
Fue representante estudiantil ante la Junta de Disciplina de la UPR en el año académico 2008-09. En 2010 estuvo en el Comité Negociador Estudiantil del recinto riopedrense durante la huelga de verano. Además, fue representante estudiantil ante la Junta de Síndicos durante el año academico 2010-11; presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras para el año académico de 2011-12; y representante alterno ante la Junta Universitaria en 2012. O sea, se entiende que conoce bastante la dinámica universitaria.
Ante tales credenciales, ¿significa que ahora veremos más acción en la procuraduría estudiantil? Contactamos al licenciado Vargas Martínez para que nos contestara algunas preguntas sobre su puesto, sus responsabilidades y sus posiciones ante distintas situaciones que ahora enfrenta el estudiante. No hubo mucho tapujo ni regodeo. “En esto hay que ser lo más transparente posible”, le dijo Vargas Martínez a Diálogo.
Pues entonces, procuremos ver qué es lo que Vargas Martínez procura. Abramos el diálogo con el procurador estudiantil.
Diálogo: Saludos, René. Parte de la comunidad universitaria te conoce por tus distintos roles en los pasados años. ¿Pudieras presentarte al nuevo estudiantado y miembros de la comunidad universitaria que no te conozcan?
Vargas Martínez: Soy un estudiante que tuvo la oportunidad, gracias a mi experiencia como representante estudiantil en foros administrativos y académicos, de conocer la Universidad y gran parte de sus procesos. Ahora, como procurador, tengo la oportunidad de utilizar el conocimiento adquirido para ayudar a los miembros de la comunidad universitaria a atender las situaciones que se les presenten durante el transcurso de su vida académica.
Diálogo: Brevemente, ¿puedes explicar las funciones del procurador estudiantil, las responsabilidades del puesto y cuánto se devenga por el trabajo?
Vargas Martínez: No existe un sueldo fijo adscrito a la posición del procurador estudiantil. Está clasificado como un puesto de confianza a pesar de que tiene un término fijo de tres años. El sueldo varía dependiendo de la persona y lo establece el Rector o Rectora. En mi caso, mi sueldo bruto es de $30,069.84 anuales, o $2,505.82 mensuales.
El Procurador Estudiantil vela por que los estudiantes reciban un trato justo ante las autoridades universitarias actuando como asesor, mediador, intercesor y conciliador. Sirve como consultor en la implantación de políticas institucionales y recomienda cambios a las mismas. Es invitado permanente en el Senado Académico y de la Junta Coordinadora de Seguridad del Recinto. Orienta, educa y asesora sobre los derechos y deberes de los estudiantes y políticas institucionales. Complementa de manera ágil procedimientos reglamentarios con el fin de atender situaciones conflictivas por la vía informal e investiga, en primera instancia, las querellas de hostigamiento sexual, entre otras funciones.
Diálogo: En las plataformas de los candidatos durante la campaña para el puesto, la cual surcó las redes sociales a tutiplén, se estableció continuamente la necesidad de que el procurador estudiantil fuese una figura más activa. ¿Puedes explicarnos a fondo?
Vargas Martínez: Me parece que eso se refiere a que el procurador fuera una figura proactiva y no reactiva. Que además de atender situaciones particulares, las consecuencias de los problemas, que trabajara para atender los problemas estructurales que originaban las mismas. Que activamente buscara a los estudiantes y les ofreciera sus servicios.
Diálogo: ¿Qué encontraste cuando llegaste a la procuraduría estudiantil? Cuéntanos de tu experiencia en estos primeros meses.
Vargas Martínez: Mucho, mucho trabajo. En este primer mes y medio, la Oficina de la Procuraduría Estudiantil ha atendido cerca de un centenar de personas entre consultorías, orientaciones, intercesiones y mediaciones. El año académico 2013-2014, la Procuraduría atendió 223 situaciones, por lo que, hasta el momento, asoma un aumento sustancial. Recientemente, abrimos nuestra página en Facebook, Procuraduría UPRRP. Allí publicamos constantemente los derechos y deberes del estudiantado, y a través de la página se pueden comunicar con nosotros en cualquier momento, dentro o fuera de horas laborables y en días feriados.
Pero además de eso, caso a caso, he ido constatando que entre los retos que tiene nuestra Universidad se encuentra el de ser sensible ante la realidad de nuestros estudiantes. Esa sensibilidad es necesaria para retener a nuestros estudiantes y dar un servicio a la altura del primer centro docente del País. Encontré también un equipo de trabajo en la Procuraduría comprometido con el estudiantado y con la Universidad. Personas trabajadoras y diligentes, que van más allá de lo que se les requiere, y enfocadas en dar un servicio de calidad.
Diálogo: Hemos visto grupos estudiantiles y hasta el Consejo General de Estudiantes manifestarse sobre el venidero impuesto IVA. Incluso, alianzas se están formando con grupos estudiantiles y representantes de instituciones privadas, algo que no recuerdo haber visto anteriormente. ¿Qué nos puedes decir de cómo el estudiante se afectará con el impuesto IVA? ¿Cómo entrarían las funciones del procurador en este debate?
Vargas Martínez: El impacto del IVA será nefasto para nuestros estudiantes y sus familias. Aumentará el costo de libros, comida, servicios, alojamiento, entre otros. Por consiguiente, estudiar costará más. Me da muchísima esperanza el que los estudiantes de la UPR no solo se solidaricen, sino que trabajen mano a mano con los estudiantes de instituciones privadas para oponerse a acciones gubernamentales que impactarán negativamente a la población. Siempre he mantenido que la educación debe ser sufragada en su totalidad por el Estado y que los estudiantes no deben pagar por las ineficiencias administrativas de la Universidad. Por eso, en momentos en que la Junta de Gobierno analiza un posible aumento a los costos de matrícula en la UPR, me parece que es alentador que los estudiantes se organicen y planifiquen acciones concertadas junto a los estudiantes de las universidades privadas.
Mi rol como procurador en este debate es, por un lado, el de asesorar a las autoridades universitarias en el manejo del posible impacto que este impuesto podría tener sobre la población estudiantil y por otro, velar porque los estudiantes puedan ejercer su derecho a la libre expresión en el caso de que así decidan hacerlo. Ah, claro, y en mi carácter personal, marchar con ellos. (Sonríe).
Diálogo: ¿Cuáles son otros grandes retos que vislumbras para ti como procurador?
Vargas Martínez: Crear una cultura de cumplimiento con las políticas institucionales. Orientar a todos los miembros de la comunidad universitaria sobre sus derechos y deberes. Hacerle entender a algunos miembros de la comunidad universitaria que los estudiantes tienen derechos y que el que los hagan valer es positivo para nuestra institución. Fomentar que los estudiantes presenten querellas contra funcionarios cuando sus derechos hayan sido lacerados y trabajar para que la Universidad pueda protegerlos contra represalias de forma ágil y efectiva. Dispersar la visión de algunos funcionarios de que los estudiantes son chamaquitos monta “paris” y “proms” o recaudadores de fondos en “fuddruckers”, y que los perciban como lo que son: adultos preparados, con criterio propio y que pueden participar prominentemente en la toma de decisiones universitarias. Crear una cultura de servicio. Revisar y ampliar las normativas institucionales, para que apliquen en lugares donde actualmente, en la práctica, no se aplican. Podría seguir pero temo que te quedarías sin espacio.
Diálogo: ¿Qué diferencias ves en el estudiantado de la UPR-RP de 2015 en contraste con la cepa de 2009-11, cuando tuvo lugar la huelga estudiantil? ¿Qué similitudes ves?
Vargas Martínez: Nunca he visto diferencias entre los estudiantes. Lo que cambian son los contextos y las coyunturas. Los estudiantes de esta cepa tienen el mismo compromiso y dedicación para con el proyecto universitario que los de la cepa 2009-2011. Me causa gran orgullo trabajar en una institución donde los estudiantes utilizan su criterio propio y se interesan por los problemas del País y no tienen miedo de actuar.
Diálogo: ¿Qué piensas ante la posible degradación de $562 millones de fondos de la UPR por parte de Moody’s? ¿Que opinión te merece que las acciones de estas agencias reguladoras también afecten a la UPR?
Vargas Martínez: La Universidad de Puerto Rico emite bonos para financiar su programa de mejoras permanentes. A través de dicho programa se realizan arreglos millonarios a nuestra infraestructura y se construyen nuevas y modernas facilidades. Cada degradación hace que le cueste más a la Universidad tomar prestado para poder atender los problemas de infraestructura que ya tiene y para crear nuevos edificios que expandan sus ofrecimientos. Con las recientes degradaciones y la situación fiscal, la Universidad ha determinado buscar fondos propios para mantener el programa corriendo, aproximadamente unos 13 millones de dólares anuales. Las degradaciones responden a la crisis en el gobierno central y la dependencia de la UPR de los fondos del Estado. Algunas personas han tratado de utilizar la degradación como excusa para aumentar los costos de matrícula y justificar reformas extremas de la Universidad. La Universidad hay que reformarla, pero no porque “Moodys” nos degrada o no, sino porque la estructura actual no responde a las necesidades de una universidad moderna, y porque permite que la Universidad sea tratada como botín de guerra para los partidos políticos del País.
