Fueron pocos los países que no se vieron salpicados por los documentos filtrados y divulgados este mes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Los llamados papeles de Panamá revelaron que hay unos 12 jefes de Estado, algunos en funciones y otros no, entre los 143 dirigentes políticos, familiares y allegados que utilizaron paraísos fiscales de forma secreta.
El ICIJ divulgó el 3 de abril los documentos que revelan oscuros y secretos acuerdos financieros que involucran a algunas conocidas figuras adineradas, además de otras en cargos de poder.
El escándalo muestra a las verdaderas víctimas del sistema financiero global, y no son los amigos de ningún primer ministro. Las desigualdades económicas siguen perjudicando y atentando contra el progreso y la cohesión social.
En el 2015, la organización Oxfam calculó que algunas de las 62 personas con más dinero concentraban tanta riqueza como las 3,600 millones más pobres.
Para combatir la desigualdad, el Foro Económico Mundial identificó algunas soluciones que incluyen educación, reformas a las políticas impositivas y de bienestar social, así como el desarrollo de la fuerza laboral. Son alternativas reales y fundamentales para miles de millones de personas.
Para reducir la brecha entre privilegiados y desfavorecidos, la élite global debe saldar algunas viejas deudas. La Red de Justicia Impositiva estima que las personas más adineradas concentran entre 21 y 35 billones de dólares de valores no gravados.
El extraordinario número de gobernantes involucrados en los papeles de Panamá refleja el alcance de la corrupción existente en los gobiernos a escala local y nacional.
Los millones de millones de dólares robados o escondidos de las autoridades fiscales por las figuras públicas involucradas, y a veces ambos, son los que faltan para trabajos de carreteras, escuelas y salud pública. No solo los ricos se hacen más ricos, sino que los pobres sufren una opresión sistémica.
Cuando el Estado no puede o no cubre las necesidades básicas de los sectores más vulnerables, la delincuencia prospera. Las organizaciones criminales pueden transformarse en las principales proveedoras de servicios sociales y terminan arraigándose en las comunidades al punto que se ganan la confianza de la población y se infiltran en el gobierno local.
Así, funcionarios mal pagados quedan vulnerables y ceden a la tentación de la corrupción, pues los Estados desfinanciados no pueden otorgarles lo que ganan con los sobornos.
El Banco Mundial estima que alrededor de un billón de dólares se destinan todos los años al pago de sobornos. No podemos permitirnos seguir ignorando la corrupción, que representa alrededor de cinco por ciento del producto interno bruto anual, unos 2.6 billones de dólares, casi 20 veces más de los 134,800 millones de dólares que se otorgan a la asistencia oficial al desarrollo.
Los lectores de este artículo podrán no estar entre las 62 personas más adineradas, pero tienen acceso a la educación, a Internet y a una prensa gratuita, que es más de lo que tienen más de miles de millones de personas en el mundo.
Debemos reconocer y defender al periodismo que expone y denuncia las grandes desigualdades e injusticias. No podemos dar por descontadas las libertades y las oportunidades que tenemos.
Además, debemos luchar, no por lo que tenemos, sino por lo que merecemos, para empezar “la honestidad, la transparencia y la integridad de nuestros gobernantes”, lo que impulsó a Birgitta Jónsdóttir, una manifestante de Islandia, a reclamar un cambio.
Ella no es la única descontenta. Las protestas continuaron en ese país europeo aun después de la renuncia del primer ministro Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, dos días después de que estallara el escándalo de los papeles de Panamá y se conociera su participación en inversiones en paraísos fiscales.
En Sudáfrica, la ciudadanía sigue protestando por los negocios en que están involucradas sus autoridades y sus familias, y ahora que los papeles de Panamá revelaron la participación del sobrino del presidente Jacob Zuma en contratos petroleros en República Democrática del Congo, las manifestaciones seguirán.
Las y los ciudadanos que gozan de la libertad de realizar protestas pacíficas deben luchar por la transparencia para las miles de millones de personas que no pueden alzar su voz.
Las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos deben analizarse desde una nueva perspectiva, con la información que aportaron los papeles de Panamá. Los candidatos han tratado de distanciarse de Washington y sus enredos institucionales, pero los votantes deben comenzar a reclamar que, en cambio, se alejen de los dudosos fondos que financian sus campañas.
El sistema de financiación de las campañas electorales en Estados Unidos deja muchos vacíos legales, que permiten que las corporaciones y fundaciones escondan millones de dólares, no muy diferente a los paraísos fiscales que ocultan miles de millones de dólares para dirigentes políticos y empresariales.
Aun en un país tan rico como Estados Unidos, 15 por ciento de la población es pobre. El costo de los servicios sociales que a menudo se considera inviable es ínfimo al lado de los billones de dólares escondidos por la evasión fiscal.
No hay ningún dirigente político estadounidense implicado en los papeles de Panamá hasta donde se sabe, pero los documentos filtrados ofrecen a los votantes la posibilidad de reevaluar el sistema económico y político de su país.
Para quienes no tenemos miles de millones de dólares en el bolsillo, aún nos queda una herramienta preciosa: nuestras voces. Debemos alzar la voz a través de la prensa y expresarnos mediante los procesos electorales para garantizar la transparencia de nuestros gobiernos.
Los papeles de Panamá son como una libreta de calificaciones global y hay demasiados dirigentes políticos e instituciones con mala nota; que esta información nos haga a todos y todas pelear sin tregua por procesos políticos justos y transparentes en todas partes.
