Matrícula ajustada a los ingresos “podría agravar” situación del estudiantado

Una matrícula ajustada a los ingresos no ha funcionado en otros países en donde se ha implementado, y, de adoptarse en la Universidad de Puerto Rico (UPR), agravará la situación del estudiantado puertorriqueño. Al menos así lo afirmó el representante estudiantil a nivel subgraduado ante la Junta de Gobierno de la universidad del Estado, Pedro Rodríguez Mercado.

“El modelo como se ha implementado en Estados Unidos, ha fallado en varias de las universidades en el sentido de que siguen aumentando los costos por matrícula y las ayudas económicas aumentan a un ‘rate’ más lento que los costos. Eso agrava la situación para los estudiantes en general”, afirmó Rodríguez Mercado, estudiante de Ingeniería Mecánica del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

La junta de control fiscal envió una carta al gobernador saliente, Alejandro García Padilla, y al gobernador entrante, Ricardo Rosselló Nevares, en donde proponen una matrícula ajustada a los ingresos en la UPR y la eliminación de su fórmula de ingresos actual (la llamada 9.6%) utilizada para su subsistencia.

“El que pueda pagar un poco más, que así lo haga, y el que no pueda pues que no tenga que perjudicarse y pueda continuar recibiendo un subsidio [federal] para sus estudios”, señaló a Diálogo el presidente de la JCF, José Carrión, en una conferencia de prensa telefónica.

De acuerdo con la información que ha encontrado, Rodríguez Mercado entiende que esta medida aumenta los costos de matrícula a las personas de mayores ingresos económicos y otorga ayudas económicas a personas con menor comodidad financiera, con el fin de que no paguen lo mismo que los demás. No obstante, el representante estudiantil se mostró preocupado por la funcionalidad de ese modelo económico en la UPR y en el contexto de la crisis fiscal del país.

“Este proceso puede ser bastante complicado porque si el dinero que se gana no se utiliza para seguir fomentando las ayudas económicas a personas que tienen menores ingresos, no va a funcionar. Por lo que se ve de la situación actual del país, no hay forma de que ese modelo se pueda utilizar para reinvertir el dinero”, expresó Rodríguez Mercado.

Una matrícula ajustada a los ingresos no es un concepto nuevo, en años anteriores en la UPR se ha sugerido como alternativa para atajar la crisis. De la misma forma, en Estados Unidos este modelo se ha implementado en territorios que han contado con la presencia de una junta que controla las finanzas.

Mientras Washington D.C. se encontraba bajo el control de una Junta Fiscal, por ejemplo, la Universidad del Distrito de Columbia experimentó un recorte de 57% en su presupuesto. Por otro lado, antes de ser liderada por un gremio similar, la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) era gratis o de muy bajo costo para todos los residentes de la ciudad.

“Como resultado de la JCF, el estado de Nueva York le quitó a la ciudad el control del financiamiento de la universidad e impuso matrículas más alineadas a las de otras instituciones del sistema público universitario”, lo cual afectó la accesibilidad a la educación, tal como afirmó la doctora Deborah Kobes a Diálogo en abril. Kobes es autora de la investigación Out of Control?: Local Democracy Failure and Fiscal Control Boards (‘¿Fuera de control?: fracasos de la democracia local y juntas de control fiscal’).

Una posible solución

Según Rodríguez Mercado, el modelo más viable y efectivo es el actual, en donde “se mantienen los precios bajos para todo el mundo”.

A su entender, la administración universitaria debe pensar en cómo mejorar los servicios que ofrece antes de proponer o implementar cualquier medida que afecte el bolsillo de los estudiantes.

“Antes de considerar los aspectos de matrícula, que se deben analizar pero no tomar decisiones aún, se deben corregir otras situaciones que se deben considerar primero porque son servicios que se les proveen a los estudiantes. Otras universidades ya los han corregido y nosotros no”, argumentó.

Como ejemplo, mencionó la duplicidad de servicios en la universidad y sugirió la creación de una oficina centralizada que cumpla con estos ofrecimientos, así como modificaciones a los métodos de enseñanza que ahorrarían tiempo y uso de recursos en la institución educativa.

La mayoría de los estudiantes que ingresan a la UPR provienen de escuelas públicas (57.8% en el año académico corriente) y el 68% de ellos reciben la Beca Pell. Esta subvención federal cubre hasta $5,800 en gastos al año, lo que incluye los costos de matrícula y el cheque de libros, dinero que muchos utilizan para pagar sus hospedajes, transportación o en la compra de comida, entre otros gastos personales.

El representante estudiantil adelantó que, a raíz de las sugerencias de la junta, tanto él como Gilberto Domínguez, representante graduado ante la Junta de Gobierno de la UPR, enviaron una carta al gobernador entrante, el doctor Rosselló, en la que solicitan una reunión para discutir medidas sobre la universidad del Estado que cumplan con los mejores intereses del estudiantado.

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