La Comisión para la Prevención de la Violencia (COPREVI) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey sirvió de anfitriona para un junte con miembros del Departamento de la Familia (DF) con el objetivo de revisar y aportar modificaciones a la ley de maltrato a menores, cuyo proyecto de enmienda podría ser presentado ante la Legislatura de Puerto Rico en los próximos meses.
A pesar de que la Ley Núm. 246 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores fue enmendada y aprobada el 16 de diciembre de 2011, los actuales incisos no han cumplido con los objetivos que teóricamente debería alcanzar.
El director de COPREVI, José Vargas Vidot, recomendó que se provea un protocolo adecuado para los hogares sustitutos e hizo un llamado para que se cree conciencia sobre las formas en que se da la trata humana en Puerto Rico.
“Vivimos en un momento de convulsión social sin precedentes. Este estado alterado de convivencia fertiliza el terreno para expresiones de violencia que mutilan la esperanza. Una de las manifestaciones de esta violencia es la que se produce en contra de los niños y las niñas”, expresó Vargas Vidot, profesor de la UPR Cayey
Para el director, los procesos y protocolos utilizados en el País para remover a menores de sus hogares y reubicarlos en techos sustitutos, constituyen una forma institucionalizada de trata humana llevada a cabo por el DF, aunque reconoció el deseo de la secretaria de la Familia, Idalia Colón Rondón, de reformar esos procesos y atemperarlos a las necesidades actuales.
“La manera en que se procesan los conflictos en un hogar que dan base a un señalamiento en el DF y que concluyen con la accion de sacar al niño o niña de la casa todavía son traumáticos, dejan huellas permanentes y, cuando se va al resultado, los hogares (sustitutos) que se eligen para estos fines no tienen la supervisión adecuada. Me parece que, durante muchos años, han sido muy livianos en cuanto a los requisitos y en criterios que se utilizan para certificar esos hogares”, puntualizó Vargas Vidot.
El doctor Vargas Vidot, director de COPREVI, recomendó al DF reinventar el protocolo que se lleva a cabo para remover menos de sus hogares y ubicarlos en techos sustitutos. Foto: Suministrada
Según estadísticas compartidas por el profesor, alrededor de un 75 por ciento de las mujeres que son entrevistadas para ser admitidas en el Hogar de Mujeres, han pasado de uno a 15 hogares sustitutos, lo que para Vargas es reflejo de que el sistema de este tipo de hogares es desorganizado y caótico.
Vargas Vidot expresó que se debe prestar más atención a los problemas dentro de los hogares y recomendó tomar en consideración la extracción del padre o madre causante del problema en lugar del menor. Asimismo, exhortó al DF a trabajar para identificar las condiciones que provocan estados violentos en el hogar para contrarrestarlos, restructurar los criterios que se utilizan para otrogar licencia a los hogares sustitutos e invertir los recursos necesarios para que estos tengan una supervisión continua y adecuada. Además, recomendó crear escuelas para que padres y madres desarrollen el concepto de maternidad y paternidad responsable, así como la modificación de algunos programas universitarios.
“Es obvio que la regulacion no ha cumplido con su objetivo, que es poder determinar con seguridad y garantizarle al niño -que en este caso es responsabilidad del Estado- que va a recibir todo lo que se supone que reciba en un hogar verdadero, […] algunas de estas familias (sustitutas) simplemente ven la oportunidad de sacarle al Estado 800 o 850 dólares mensuales por un niño o niña que van a cuidar, se convierte en un mercantilismo de seres humanos”, puntualizó Vargas Vidot.
Por su parte, el Dr. Mario Medina Cabán, Rector de la UPR Cayey, expresó el compromiso que tiene el Recinto de Cayey con prevención del maltrato de menores e indicó que, para él, la actual política pública no responde a la realidad que están viviendo muchos menores en el País y debe ser más pertinente a la actualidad social.
“Tenemos que participar de modo activo en la creación de la política pública del País. Nuestra responsabilidad es dar soluciones y alternativas prácticas a la problemáticas sociales que nos aquejan. No podemos enajenarnos, mucho menos de un mal como el maltrato de menores”, dijo el Rector, añadiendo que el Recinto se encuentra desarrollando propuestas para seguir expandiendo o incertando la Universidad en la solución a problemas sociales.
La secretaria del DF estará realizando estos espacios de conversación en diferentes puntos de la isla con el fin de que los planteamientos que se hagan en las reflexiones colectivas ayuden a producir una política pública más pertinente.
“Esta es la primera vez que veo una intención hecha una realidad de ser consultivos. En el caso de Cayey, masivamente la gente se situó allí, la participación no fue pasiva y el DF acogió las recomendaciones, tengo mucha fe de que ese proceso pueda sentar un precedente de cómo se consulta al pueblo”, indicó Vargas Vidot.
La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias de la Biblioteca en la UPR Cayey y participaron líderes de la comunidad cayeyana y de asociaciones estudiantiles.