México pide un pacto ciudadano para acabar con violencia

40,000 víctimas mortales, 18,000 personas desaparecidas, más de 230 mil personas desplazadas, 10,000 secuestros de migrantes, 30 alcaldes asesinados, son algunos de los resultados de la guerra entre y contra el narcotráfico que sufre México. Ante estas cifras, la sociedad civil ha salido a las calles, por segunda vez en un mes, en una multidudinaria movilización en la capital del país y en otras 40 ciudades. “Si hemos caminado hasta aquí en silencio es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo y el horror del que proviene tan inmenso que ya no tienen palabras con que decirse”, dijo al concluir la marcha Javier Sicilia, un conocido poeta que, después de perder a su hijo el 28 de marzo, se ha convertido en el estandarte contra la violencia. Su grito de dolor e indignación resonó en una sociedad que se desangra desde que el presidente Felipe Calderón sacara al Ejército a las calles prácticamente como única estrategia para combatir el narcotráfico.

Pero no solo se ha golpeado a la delincuencia, la espiral de violencia ha salpicado a multitud de personas, como Juan Francisco Sicilia, de 24 años. Juanelo, como lo llama su padre, se hubiera licenciado en junio en Administración de Empresas. Su gran pasión eran sus amigos y el futbol. Quería ser jugador profesional, pero una lesión en la rodilla no se lo permitió. Aún así jugaba en el equipo de la universidad. Era un amante de las cosas sencillas de la vida, rehuía la política y no le interesaban las abstracciones filosóficas de su padre, como recuerda éste ahora. El 27 de marzo, el chaval abrió, como de costumbre, la clínica de cardiología donde atendía las cuentas. En la mañana se escapó un momento a pagar el impuesto de circulación del coche. Dejó en casa los recibos. A media tarde alcanzó a unos amigos en un bar. Había quedado de ver después a su novia. A las 9 de la noche le mando un sms: “La cosa está muy fea, ya me arrepentí de haber venido”. Son sus últimas palabras conocidas. El día siguiente, apareció muerto, junto a tres amigos, y otras tres personas. Los siete estaban atados de pies y manos en una camioneta. Asfixiados.

O Mara Teresa Gómez, una abogada de 24 años. El 29 de noviembre de 2009, fue con otros tres compañeros de trabajo a una reunión con el Fiscal de Durango. En el camino desaparecieron, con vehículo y todo. Los familiares recibieron una única llamada pidiendo rescate. Y nunca más volvieron a saber nada, ni de los presuntos secuestradores ni de las autoridades, que a fecha de hoy no han averiguado nada. Su madre sigue buscándola y exigiendo respuestas.

Como las busca Teresa Carmona, madre de Joaquín , quien a sus 21 años estudiaba tercer curso de arquitectura en la Ciudad de México. Extrañaba el mar de su ciudad natal, Cancún, hasta que el 7 de agosto del 2010 le asesinaron brutalmente en su piso de estudiante. Las autoridades tampoco han resuelto nada, pero su madre no se rinde, quiere justicia y un país mejor para sus otros dos hijos. “El dolor lo abarca todo pero hoy, aquí, me siento más viva que nunca”, espeta Carmona, foto de su hijo en mano.

“Nosotros creíamos que estábamos solos y fue un gusto venir a ver que somos muchos“, señala Nelson Le Barón. Su hermano mayor, Benjamín Le Barón, era ranchero en un pequeño pueblo en la sierra de Chihuahua. Benjamín encabezó el movimiento Sociedad Organizada Segura, SOS Chihuahua, después de que un grupo del crimen organizado secuestrase a su hermano menor, Erick. La organización consiguió la liberación de Erick y dio cierta tranquilidad a la zona durante algunos meses. Hasta que Benjamín fue asesinado en su rancho delante de su esposa. Tenía 33 años y 5 hijos, el mayor de 7 años. “Estamos en esta marcha porque sabemos que los gobernantes estan inmiscuidos con el crimen organizado”, cuenta ahora Nelson, y asegura que en este país “no existe el poder judicial”. Junto a otro de sus hermanos, Adrián han viajado 1,500 kilómetros para sumarse al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta.

Las suyas son algunas de las historias, que como dijo Sicilia, hacen pensar “cuándo y dónde se perdió la dignidad”. Este padre coraje ha conseguido reunir en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cerca de 200 organizaciones sociales de todo tipo: colectivos cívicos, asociaciones de familiares de víctimas, empresarios, intelectuales, campesinos, indígenas, LGBT, católicos de base, migrantes… todos marcharon bajo un silencio unánime de protesta, hasta llegar al centro de la Ciudad de México, donde los gritos de las víctimas y sus familiares se aunaron al clamor del resto de la sociedad.

“La guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que situan a México como un campo de batalla donde a los pobres les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino, se vendan armas, y se consoliden grandes negocios”, leyó al empezar el comunicado Olga Reyes, una juarense cuya hermana Josefina Reyes, activista por los derechos humanos y otros 6 familiares, han sido asesinados en los últimos dos años

Junto a ella, subió a la tarima Patricia Duarte, una de las madres de los 49 niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC, en Sonora, al norte de México hace dos años, y por cuyo caso aún no se han tomado responsabilidades. “Todos los crímenes que se han cometido son fruto de la ineficiencia del gobierno”, espetó Duarte. “¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió éste lanzar al Ejército a las calles en una guerra absurda?”, se preguntó Sicilia, y agregó que “la ciudadanía no tiene por qué seguir pagando el costo de la inercia e inoperancia del Congreso y su banal cálculo operativo”. Por ello, más allá de la indignación que mostraron, el Movimiento propone un pacto entre la sociedad civil y todos los niveles de gobierno que ponga fin a la violencia, “un compromiso fundamental de paz, con justicia y dignidad que le permita a la nación rehacer su suelo”, como lo describió Sicilia.

Compromiso cívico

Este pacto establece 6 puntos fundamentales para sacar al ejército de las calles, acabar con la impunidad y la corrupción, rescatar la memoria de las víctimas, dar oportunidades a los jóvenes, fortalecer la democracia y reconstruir el tejido social.

En un país donde el 98% de los casos de estas 40,000 víctimas no se ha resuelto, el Movimiento por la Paz y la Justicia ha exigido el esclarecimiento, en un plazo de tres meses, de 8 casos emblemáticos: los de la familia Reyes, la muerte de Marisela Escobedo delante del Palacio de gobierno de Chihuahua donde denunciaba el homicidio de su hija Rubí, el asesinato de la activista contra los feminicidios, Susana Chávez, las muertes de Bety Cariño y Jiri Jaakola en una caravana por la paz, el esclarecimiento del asesinato de las niñas y niños de la guardería ABC, el caso de la familia Le Barón, la masacre de 18 jóvenes de Villas de Salvárcar en una fiesta estudiantil, y el de las siete personas asfixiadas en Morelos, entre ellos, Juan Francisco Sicilia. Para los convocantes, esto sería un primer paso para acabar con la impunidad y restaurar la memoria de las víctimas, para lo que proponen poner el nombre de cada una en las plazas de sus lugares de origen.

Como tercera demanda, pidieron cambiar la estrategia de guerra por una basada en el concepto de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos. El cuarto punto es combatir la impunidad y la corrupción, básicamente al eliminar el fuero de los políticos –que frecuentemente tienen vínculos con el crimen, especialmente en los gobiernos estatales– y golpear sistemáticamente el lavado de dinero. Para reconstruir el tejido social apuestan por invertir en la educación, la salud y la cultura así como dar oportunidades a los jóvenes y convertirlos en actores reales de la sociedad con la promoción de la autoorganización de proyectos productivos, culturales y deportivos por ellos mismos. Por último, proponen un avance en la democratización de la sociedad que contemple más participación, una reapropiación de los medios de comunicación al servicio de la comunidad y la posibilidad de candidaturas ciudadanas. Igualmente estipulan plazos para que las autoridades lleven a cabo algunas reformas políticas que contemplen estos elementos.

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