Desde el primero de agosto corre la noticia de que Monsanto tuvo que abandonar la construcción de una de las plantas más grandes del mundo de semillas de maíz transgénico que sería instalada en Córdoba, Argentina, en la municipalidad Malvinas Argentinas.
Desde ahí, pretendían distribuir a América Latina y más allá. Es un hecho de enorme trascendencia, pero la empresa no lo ha querido admitir públicamente, porque la razón de su salida es la persistente resistencia popular de vecinos, jóvenes y madres, que mantienen bloqueada la planta desde 2013.
Es una victoria que no sólo tiene un enorme significado para la lucha de este pueblo de 12 mil habitantes, sino para todo el mundo, para las muchas luchas populares desde abajo que tantas veces se enfrentan a intereses que parecen gigantescos e imposibles de derrotar. Es un freno a los venenos de la trasnacional semillera más grande y resistida del planeta, pero además es un mensaje de aliento a los que en todas partes luchan por la defensa de sus territorios y comunidades, urbanas y rurales, por su vida y la de sus hijas e hijos, a contrapelo de la lógica dominante que intenta convencernos, que son luchas imposibles.
La primera noticia la trasmitió la Asamblea del Bloqueo en Malvinas el pasado primero de agosto, cuando la empresa Astori Estructuras llegó al terreno a desarmar las instalaciones por encargo de Monsanto. Dos días después, un artículo en iProfesional relató que fuentes de la trasnacional explicaron que se van porque había bajado el área de producción de maíz en el país y con las protestas de los vecinos, ya no resultaba rentable construir la planta. Monsanto tiene otra planta de producción de semillas de maíz transgénico en Rojas, provincia de Buenos Aires, y por ello dicen que ahora no sería necesaria una segunda planta, aunque en 2012 afirmaron que sería una inversión de mil 500 millones de dólares.
Vanesa Sartori, vecina integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, declaró al portal lavaca.org que el argumento de la baja de producción es solamente formal, una salida elegante para la trasnacional. Monsanto no puede aceptar públicamente que gente de a pie, vecinas, jóvenes y madres organizadas contra los agrotóxicos, hayan podido derrotar a la mayor trasnacional semillera del planeta.
Aunque Sartori advierte que aún quieren confirmación definitiva, agrega que ya Malvinas se ha convertido en un ícono de resistencia. Es una demostración de que el pueblo puede organizarse y, por más que parezca que está todo listo, cerrado y sellado, se pueden revertir esas decisiones.
La lucha contra Monsanto en esta localidad se inició desde el anuncio oficial de la planta en 2012. El bloqueo, con un campamento que se mantuvo por casi tres años bajo frío, calor, lluvia y viento, se instaló al finalizar el festival Primavera sin Monsanto, en septiembre 2013. Vecinas y vecinos de la localidad, jóvenes y las Madres de Ituzaingó –barrio de Córdoba fuertemente afectado por los agrotóxicos de la siembra de transgénicos, donde muchas han perdido hijos y otros familiares por cáncer–, han sido el corazón de la resistencia, que creció hasta repercutir a nivel nacional e internacional, apoyados también por médicos y científicos críticos. Han sufrido ataques y amenazas constantes. El camino no ha estado exento de conflictos y divisiones internas, como tantas veces nos pasa en las luchas, pero los esfuerzos están dando fruto.
En el festival de 2013, informando y acompañando a los vecinos a instalar el bloqueo estuvo el científico Andrés Carrasco -fallecido en 2014-, que denunció los efectos de glifosato y transgénicos en la salud, por lo que fue fuertemente atacado por empresas y grandes asociaciones agrícolas. Madres y vecinos lo recuerdan y le dedican este momento.
La noticia de la retirada comenzó a circular el primero de agosto, justamente en una gran jornada de protesta contra la llamada ley Monsanto, convocada por una amplia coordinación de organizaciones campesinas, sociales, sindicatos, ambientalistas, barriales. Carlos Vicente, de Grain, Argentina, recuerda que esta ley que ahora va al Congreso, fue anunciada por el gobierno argentino en 2012 al mismo tiempo que la nueva planta de Monsanto en Córdoba, claramente como requerimiento de las trasnacionales. La nueva ley pretende eliminar y criminalizar el derecho de los agricultores a guardar su propia semilla para la siguiente cosecha. Como si fuera una concesión en lugar de un robo, Syngenta hasta plantea crear una tarifa social soyera para los agricultores chicos.
Sumado al revés en Córdoba y a la resistencia a esta ley Monsanto, la empresa está en otra confrontación inusitada para el mundo, en la Suprema Corte de la Nación en Argentina: el rechazo judicial en mayo 2016 a patentar una metodología para hacer semillas transgénicas. La sentencia cuestiona que la modificación del ADN de una planta permita a las empresas apropiarse de toda la planta, que no es un invento sino naturaleza y trabajo campesino. Hay mucha movilización social en apoyo a esta sentencia, que sería la primera vez que le niegan por vía judicial a Monsanto patentar semillas transgénicas.
También en México se mantiene por casi tres años una demanda colectiva contra las trasnacionales que tiene suspendida la siembra de maíz transgénico. Y también en muchas otras partes sigue el tejido desde abajo, resistiendo y construyendo, ese capaz de tornar posible lo imposible.
