Por: Omaya Sosa
Visualizar el historial fiscal del gobierno de Puerto Rico es imposible, dado a la cantidad de cifras erradas y conflictivas que proveen el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), agencias custodias de los ingresos y gastos del país.
El certificar cifras falsas es un delito bajo varias leyes vigentes.
Durante un mes, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) se dedicó a solicitar a ambas agencias la información oficial y final de los recaudos, los estimados oficiales de recaudos, gastos y gastos presupuestados de los pasados 20 años fiscales, y el resultado ha sido una avalancha de documentos con cifras sin sentido y que no cuadran entre sí, ni coinciden con las expresiones públicas que hace el gobierno en torno al historial de las finanzas del Fondo General y su déficit.
Las peticiones de explicación de las incongruencias hechas a ambas dependencias han sido contestadas con evasivas y pidiendo al CPI que revise los Estados Financieros del Estado Libre Asociado, documentos que constan de unas 250 páginas cada uno. Tras una revisión del Estado de Ingresos y Gastos del Fondo General contenido en cada uno de los documentos desde 1995 hasta 2013, fecha más actualizada existente, el CPI encontró una amplia y clara inconsistencia con respecto a otros documentos que presenta el gobierno como oficiales. Los documentos proyectan que el déficit del Fondo General comenzó en el 2002, que previo a eso había un superávit, mientras que en otros documentos el propio gobierno indica que ya para el 1999 había un déficit de más de $500 millones.
Las cifras tampoco coinciden con el informe que OGP hace público en su página de Internet, que dice se basa en los citados Estados Financieros y en los cuales para el 2000 ya había déficit.
Durante una semana el CPI intentó entrevistar nuevamente al director ejecutivo de la OGP, Luis Cruz, para que explicara las incongruencias y de dónde saca las cifras que publica en su página web. El funcionario se rehusó a contestar las preguntas directamente. A través de su directora de comunicaciones, María Socorro del Rosario, dijo que no había incongruencias, volvió a enviar al CPI copia del Estado de Ingresos y Gastos del Fondo General desde el 2000 hasta el 2013, y una hoja suelta con una tabla que documenta los ingresos, los gastos, los pagos de deuda y transferencias, el “gasto total” (los gastos más los pagos de deuda y transferencias) y el déficit del Fondo General del 2000 al 2012. Las cifras incluidas en dichos documentos también discrepan entre sí.
A preguntas del CPI, Rosario informó que la hoja suelta enviada es parte de los Estados Financieros del Gobierno, y declinó enviar el documento en su totalidad y refirió al CPI a la página web del BGF. Una revisión de dichos documentos del BGF nuevamente arrojó que la hoja no está contenida en los mismos. Al cierre de esta edición, la OGP no había podido explicar la procedencia de la hoja misteriosa, y Cruz seguía rehusando dar una explicación en persona o vía telefónica de las inconsistencias.
El director de política pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, quien se ha dedicado a estudiar a fondo el tema de las finanzas gubernamentales, confirmó que en efecto es prácticamente imposible hacer una reconstrucción histórica de las finanzas del Fondo General y del gobierno debido a las inconsistencias en las cifras, y la forma en que han sido documentadas en los Estados Financieros. Concedió que él mismo no ha podido hacer la reconstrucción, ni encontrar con certeza el año en que originó el problema mayor del descuadre presupuestario.
“No (he podido). Yo he podido hacer una parte”, afirmó.
Indicó que lo ha hecho utilizando fuentes alternas para ir sumando y restando deudas y transferencias que no son registradas en dichos estados, y su análisis apunta a que el problema de los descuadres presupuestarios significativos comenzó durante el último cuatrienio del gobernador Rafael Hernández Colón y agravó durante el mandato de Pedro Rosselló con el establecimiento del plan médico para indigentes, la Reforma de Salud (ahora Mi Salud), sin fuente recurrente de financiamiento. Desde entonces, todos los gobernantes han criticado las prácticas del anterior, pero han hecho lo mismo: cubrir operaciones con deuda.
“Los políticos han jugado mucho con eso, especialmente con COFINA y con el Banco Gubernamental de Fomento, donde meten gastos que en realidad son del Fondo General. Es como el juego de las sillas musicales, hasta que se acabaron las sillas”, sostuvo.
El Estado Financiero del Estado Libre Asociado es el documento final y oficial que presuntamente registra el movimiento financiero del gobierno en cada año fiscal, y ha sido preparado históricamente por las firmas KPMG en las administraciones PPD, y Deloitte & Touche en las administraciones PNP.
El documento incluye a su vez estados de ingresos y gastos del Fondo General y de cada una de las dependencias. El Estado de Ingresos y Gastos del Fondo General es el documento supuesto a retratar los ingresos y gastos que surgen y se financian con el dinero de los contribuyentes, y que el Gobernador y la Legislatura distribuyen en el presupuesto anual de las agencias del gobierno. También es el fondo que carga con el peso de los déficits de las agencias y corporaciones públicas, y con el pago de la deuda pública. Este documento era auditado hasta el 2001, pero luego comenzó a ser “revisado” en vez de auditado.
Sin embargo, a la hora de documentar sus movimientos, Hacienda ha decidido dejar fuera gran parte de los gastos del Fondo General, incluyendo el pago de la deuda y las sumas cuantiosas que ha erogado para cubrir déficit de corporaciones públicas como la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y la Autoridad Metropolitana de Autobuses.
“Tenemos todas estas ficciones legales de que estas corporaciones públicas son independientes, con sus ingresos propios, cuando la realidad es que se pagan en gran medida del Fondo General”, explicó el economista.
Con candidez, Marxuach dijo que el Estado Financiero al cual Hacienda y OGP dirigieron al CPI para respuestas no sirve de nada y a preguntas sostuvo que no existe ningún documento oficial que recoja la realidad de los ingresos, gastos y déficit del Fondo General.
“Eso es uno de los grandes problemas que tiene el gobierno. Si ni siquiera estamos de acuerdo en los números, ¿cómo podemos proponer soluciones?”, apuntó Marxuach.
Este artículo fue publicado originalmente en el Centro de Periodismo Investigativo.
