La descalabrada economía de Puerto Rico podría tener su estocada final si el Congreso de Estados Unidos aprueba finalmente el impuesto de 20% sobre las exportaciones locales hacia la nación norteamericana, lo que significaría el fin la industria manufacturera en la isla, que aporta anualmente más de $2,800 millones al Fondo General.
Al momento, la Cámara de Representantes del congreso estadounidense debate la implementación del arancel, que está contemplada dentro de la reforma contributiva que impulsan los republicanos. Ayer, el Comité de Medios y Arbitrios de la cámara baja favoreció el impuesto en votación de 24-16.
Hace 52 días, la economía del país marcaba una contracción de 2.1% en el Índice de Actividad Económica (IAE) en comparación a la misma fecha en el 2016. El azote de los huracanes Irma y María agravó el lúgubre panorama.
Los economistas Antonio Rosado y Heriberto Martínez aseguraron que la aprobación de la medida sería devastadora para la economía boricua, que se nutre, en gran medida, de las empresas manufactureras.
“Ese 20% en las importaciones es el fin de la manufactura exportadora de Puerto Rico si no hay un mecanismo para que las empresas pueda recuperar ese dinero. Estamos matando la manufactura”, sentenció Martínez, miembro del equipo de trabajo de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política.
De acuerdo al Apéndice Estadístico de la Junta de Planificación, en 2015 la manufactura representó el 99% del valor total de las exportaciones. Martínez detalló que el porcentaje equivale a unos $68,758 millones.
Asimismo, el economista destacó que la industria manufacturera en Puerto Rico aporta al Fondo General mediante los arbitrios de la Ley 154 –un total de $1,950 millones– y mediante la retenida a los no residentes o impuesto por decreto –$900 millones–.
“En total, la manufactura aporta entre 30% y 33% al Fondo General de Puerto Rico”, especificó Martínez, quien prevé que de aplicarse el arancel las empresas cerrarán operaciones en territorio puertorriqueño.
Esto provocaría, explicó Martínez, un “recorte de gastos públicos demasiado de brutal” que repercutiría en más cierres de escuelas públicas por la incapacidad de financiación; más recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y al plan de salud del gobierno; y que los bonistas “tendrán que tirar todo a pérdida”.
“Será devastadora una propuesta como esta. Matas a las exportaciones. Llevarías a Puerto Rico a unos niveles donde el impacto será insospechado por la migración”, dijo.
Pronósticos del Centro de Estudios Puertorriqueños del Colegio Hunter de la Universidad de la Ciudad de Nueva York estiman que emigrará cerca del 14% de la población para el 2019 debido a los estragos causados por el huracán María.
Si a este porcentaje se le suma la pérdida de empleos por las empresas manufactureras que cierres operaciones en Puerto Rico, la reducción gubernamental y una economía desplomada, “lo que vamos a ver es un vaciado del País”, vaticinó Martínez.
Alegan inconstitucionalidad
Para Rosado, este proyecto es “el disparate más grande” y “no tiene ningún sentido” jurídico debido a que el archipiélago borincano es territorio estadounidense y no debería ser tratado diferente a los demás estados de la nación norteamericana.
“En 1917, Puerto Rico fue declarado parte de las costas de Estados Unidos. Eso tiene que desaparecer del lenguaje del proyecto [de ley] porque es un disparate constitucional”, alegó el economista.
Aunque resaltó que la industria manufacturera local exporta mercancía a nivel global –como la compañía Microsoft en Humacao– la aprobación del gravamen significaría que “las farmacéuticas en Puerto Rico no van a poder vender en Estados Unidos, lo que sería terrible para la economía porque la manufactura es la mitad del ingreso bruto de Puerto Rico”.
La reforma contributiva que se debate en el Congreso ha sido avalada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su candidatura propuso crear impuestos fronterizos para fomentar la manufactura estadounidense.
Sin embargo, Rosado ve como positivo las reformas contributivas de Estados Unidos y exhortó que la administración de Ricardo Rosselló debe “alinearse” con esta iniciativa y “atemperarse a los tiempos”.
“Si Estados Unidos baja sus tasas corporativas [otras de las medidas en discusión] a un 20%, Puerto Rico no puede tenerlas en 40%. Estados Unidos se está moviendo en la dirección correcta de bajar las tasas a las corporaciones”, manifestó.
Hasta el momento, el gobierno de Puerto Rico no ha revelado oficialmente las estrategias que utilizarán para cabildear en contra de la medida.
De lo informal a lo formal
“El huracán María ha evidenciado la debilidad institucional del gobierno. Debilidad económica por su capital foráneo y la corrupción que ha vuelto inoperante a las corporaciones”, señaló Martínez.
Es por esto que le sugirió a la administración de turno buscar las maneras efectivas de convertir los trabajos informales de reconstrucción de Puerto Rico –como el recogido de escombros– en un crecimiento estable de la economía.
“A Puerto Rico le queda repensar cómo vamos a coger la actividad solidaria, ciudadana, y convertirla en una economía formal, desde el punto de vista del trabajo y no de la explotación laboral”, remató.
