El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda advirtió que la investigación de la firma de abogados Kobre & Kim, reclutada por la Junta de Control Fiscal (JCF), no tiene la intención de realizar una auditoría integral de la deuda pública, como ha exigido la ciudadanía.
Ante la controversia judicial surgida en el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico para que se ordene una investigación independiente del rol del Banco Popular, Banco Santander y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en la deuda pública, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda alertó, a través de un comunicado de prensa, sobre el trasfondo de la firma y los términos del acuerdo con la JCF.
“El Frente se reafirma en la urgencia de una auditoría integral de la deuda pública. Sin embargo, queremos dejar claro que lo que propone hacer la Junta de Control Fiscal con la firma Kobre & Kim NO es una auditoría de la deuda. De lo que surge de la propia moción presentada por la Junta en el Tribunal Federal de Quiebras, es que el alcance de la investigación propuesta NO implica una auditoría real”, señaló Eva Prados Rodríguez, portavoz del colectivo.
“No sólo no se menciona la palabra “auditoría” por ninguna parte, sino que no se propone un análisis detallado y riguroso de cada una de las emisiones. Lo anterior se confirma, a su vez, por la moción presentada por el Comité de Acreedores no Asegurados, donde también le dan poca credibilidad y sustancia a lo que propone la Junta. Incluso, los acreedores no asegurados afirman que la Junta sigue dilatando el proceso investigativo y de descubrimiento de prueba sobre el rol de las instituciones financieras como Banco Popular y Santander”, añadió.
Prados Rodríguez cuestionó la independencia y credibilidad de la firma Kobre & Kim, para llevar una investigación independiente y seria de la deuda. “John Couriel y Kobre & Kim no son auditores ni analistas financieros. Son un bufete de abogados reconocido por su amplia trayectoria defendiendo fondos de cobertura y personas sospechosas de fraude y otros crímenes de cuello blanco”, alertó la portavoz.
Señaló como una contradicción que, en lugar de contratar auditores que ayuden a fiscalía a identificar casos de fraude, la Junta prefiere contratar a los abogados que defienden a las personas acusadas de fraude. Destacó que el Comité de Acreedores no Asegurados indicó que John Couriel admitió conocer a Carlos García, levantando ya preocupación sobre su independencia e imparcialidad. “Exigimos se haga público los términos de la contratación de esta firma y cuánto costará al pueblo de Puerto Rico”, añadió Justo Méndez, también portavoz del Frente.
La Junta, a través de su presidente José Carrión, ha sido consistente en no dar paso a una auditoría integral de la deuda pública. Han dicho que es una pérdida de tiempo y no relevante para los propósitos de PROMESA, cuál es el pago de la deuda. “Como dice el Comité de Acreedores No Garantizados en su moción, parecería que buscan evitar a toda costa que se lleve cualquier pesquisa independiente que pueda dar luz sobre ilegalidades en las emisiones, en particular, sobre fraude por parte de las instituciones financieras que ganaron millones de dólares con nuestra crisis fiscal”, expresó Méndez.
Además del Frente de Ciudadanos, la auditoría de la deuda ha logrado el respaldo de más de 150,000 personas a través de la petición de firmas en www.auditoriaya.org y reunir el respaldo público de distintas organizaciones públicas, entre las que destacan la Asociación de Economistas de Puerto Rico, la Asociación de Economía Política, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, Liga de Cooperativas, Empresarios por Puerto Rico, el Movimiento Amplio de Mujeres, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y VAMOS, Espacios Abiertos, entre otras.
