Frente a la proximidad de las elecciones en Irak, previstas para mayo, el gobierno pide a los desplazados internos que retornen a sus lugares de origen, pero muchos todavía no ven la forma de dejar el campamento por múltiples motivos.
Tras la derrota del Estado Islámico (EI) en diciembre de 2017 mejoró la seguridad, y es de esperar que muchas personas desplazadas retornen a sus hogares, pero todavía no es fácil. Unas dos millones de personas regresaron, pero todavía hay tres millones desplazadas.
El surgimiento del EI en enero de 2014 y la consiguiente violencia, que duró varios años, dejó un desastre humanitario. Además, el número de desplazados entre 2006 y 2007 fue de un millón de personas.
Casi nueve millones de iraquíes necesitan asistencia humanitaria, de los cuales a cinco millones les urge agua potable, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se prevé una reducción drástica de los enfrentamientos armados este año, pero la complejidad de los desplazamientos por segunda vez puede seguir, a pesar de que se espera que aumenten los retornos de las personas desplazadas, señala el informe Acción Humanitaria para la Infancia, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
“Hay un ímpetu de la gente por regresar a su lugar de origen antes de las elecciones de mayo”, señaló Melany Markham, coordinadora de medios del Consejo Noruego para Refugiados.
Las elecciones estaban originalmente previstas para septiembre de 2017, pero se postergaron seis meses por la guerra civil.
Muttahidoon, Coalición de Unidos por la Reforma, la mayor alianza política sunita, pidió otros seis meses de postergación para dar más tiempo a que los desplazados regresen a sus hogares. Pero la Corte Suprema de Justicia dictaminó que era inconstitucional.
En los campamentos al este de Mosul, el número de personas que llegan en su segundo o hasta tercer desplazamiento superan ahora al número de los que se van para retornar su hogar.
“No podemos volver a Mosul sin garantías internacionales de que estaremos seguros y de que haya personas que nos protejan”, comentó un involucrado a la corresponsal de NPR, Jane Arraf.
Algo similar ocurre en la provincia de Anbar.
“Por lo menos una de cada cinco personas desplazadas que dejaron el campamento Kilo 18 en diciembre, regresaron al campamento porque no se podían quedar en su casa”, indicó Markham.
“A veces es una cuestión de seguridad y, a veces, regresan porque sus casas fueron destruidas o porque están ocupadas por otros”, apuntó.
“Según nuestras consultas, no parece que el EI suponga una amenaza. El riesgo es por violencia tribal o la venganza contra personas de las que se sabe o se sospecha que tuvieron vínculos con el EI. Otras personas tienen miedo de que haya dispositivos sin explotar”, añadió.
“Para mitigar esas amenazas, es necesario desminar la tierra o limpiarla antes de que la gente retorne. Y aquellas personas que temen sufrir violencia de la comunidad deben ser reasentadas en otros lugares, hay que encontrar soluciones permanentes para ellas”, subrayó.
El 3 de abril, el Ministerio de Justicia de Irak publicó el presupuesto federal para 2018. Tras votar a favor del proyecto de $88,000 millones el 3 de marzo, el presidente Fuad Masum ordenó hacerlo público tras semanas de controversia por la disminución de la parte correspondiente a la región kurda de 17% a 12%.
Las tensas relaciones entre Bagdad y el gobierno local de Erbil empeoró tras el referendo realizado en el Kurdistán en septiembre, cuando 93% de los consultados expresaron su voluntad de separarse de Irak.
El recorte presupuestal afectará a la región alrededor de Erbil y de Mosul, donde el EI causó estragos y donde hay un gran número de desplazados.
En represalia, las fuerzas iraquíes cerraron el Aeropuerto Internacional de Erbil, se arrogaron el control de los territorios en disputa, incluida la ciudad rica en petróleo de Kirkuk, y cerraron los cruces de frontera con los países vecinos.
A solicitud de Bagdad, Irán también cerró siete pasos fronterizos no oficiales con el Kurdistán en apoyo a las medidas tomadas para aislar a esa región.
En la conferencia para la Reconstrucción de Irak, realizada en febrero en Kuwait, se solicitaron unos $30,000 millones para recuperar la infraestructura destruida. Pero el Banco Mundial estimó el daño en $88,000 millones.
Fuera del campamento de refugiados, los servicios públicos de agua y salud, fundamentales pero costosos, siguen sobrecargados en las regiones perjudicadas por la guerra, con dificultades de suministro a los desplazados.
Llevará tiempo reconstruir toda la infraestructura destruida en Irak.
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