México reedita un cuarto de siglo después los broncos debates y conflictos internos alrededor de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), compartido con Canadá y Estados Unidos y vigente desde 1994.
Las negociaciones comenzarán hoy miércoles 16 de agosto en Washington, en medio de posturas enfrentadas entre los beneficiarios de la apertura comercial y quienes más han padecido sus efectos.
Además, han puesto en ruta de colisión a Estados Unidos y México, donde se cree que este país tendrá a Canadá de aliado en variados temas.
Organizaciones de pequeños productores demandan la exclusión del capítulo agrícola del TLCAN, también conocido por su sigla inglesa Nafta, porque consideran que les perjudicó al eliminar precios mínimos o de garantía, así como sustentar el dominio de las importaciones en el sector y la primacía de las empresas transnacionales.
De hecho la recién creada Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanas “México mejor sin TLCs” rechaza la renegociación bajo el argumento de que el proceso se basa en el mismo esquema neoliberal de los años 90 y también por el secretismo del gobierno mexicano sobre sus posturas.
También aducen que el acuerdo les colocó ante la imposibilidad de competir con la producción subsidiada y altamente tecnificada de Estados Unidos, el socio en el que se concentran las críticas al TLCAN vigente desde 1994 y a la renegociación que comienza.
“Los campesinos necesitan políticas públicas adecuadas. El tratado tiene que ser revisado para que los campesinos tengan mejores condiciones para producir, porque el actual no favorece a México. Solo apoya a las grandes empresas”, criticó Juan Castillo, presidente ejecutivo de la cooperativa Unión de Productores Agrícolas Xochiquetzal.
El dirigente campesino cuestionó que mientras Estados Unidos da valor agregado a su producción y exporta bienes procesados, México solo aporta materia prima y mano de obra. “Estados Unidos tiene una agricultura industrial y México, una tradicional”, dijo a IPS.
Su cooperativa, asentada en un municipio que provee de hortalizas a la vecina capital, pertenece al Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), que aglutina a otras cinco organizaciones y que agrupa a unos 200 mil productores rurales.
La manufactura automotriz, la maquila de exportación —zona libre de impuestos para la producción y ensamblaje textil o de maquinaria y electrodomésticos, destinados a la reexportación—, la agroexportación y los servicios financieros figuran entre los ganadores de los 23 años de liberalización.
Entre los mayores perdedores, los especialistas académicos y activistas de los sectores afectados, figuran la pequeña agricultura —incluida la tradicional del maíz y el frijol, parte de la dieta básica mexicana—, y el sector alimentario en general.
El replanteamiento del acuerdo la impuso el presidente estadounidense Donald Trump, en el poder desde enero y quien desde su campaña electoral de 2016 prometió la salida o la revisión del TLCAN.\
Además, su administración plantea como una posible base para la renegociación al hasta ahora fallido Acuerdo Transpacífico de Asociación para la Cooperación Económica (TPP), rubricado en febrero de 2016 y del que paradójicamente el propio Trump retiró a su país el 23 de enero, en una de las primeras medidas de su administración.
El 19 de julio, el gobierno de Trump difundió sus objetivos negociadores alrededor de 20 temas, entre los cuales figuran nuevos asuntos como comercio digital, energía, la no manipulación de la tasa de cambio y la biotecnología, ajenos al tratado original.
Además, Estados Unidos empuja nuevas medidas fitosanitarias, mayor protección de la propiedad intelectual, medidas laborales y ambientales y la posible eliminación del capítulo de resolución de controversias, que instituye paneles especiales para abordar prácticas comerciales abusivas.
Por su parte, México fijó también sus prioridades en el proceso en el documento “Prioridades de México en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, aunque mantiene en secreto las posiciones concretas frente al temario central.
Entre ellas destacan el mantener el ingreso preferencial para bienes y servicios al mercado estadounidense y fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas en la cadena de abastecimiento.
De igual manera, plantea incluir la energía, impulsar las actividades digitales, legar una mayor protección a la propiedad intelectual y mejorar el mecanismo de resolución de diferencias.
Esos temas ya están cubiertos por el TPP, rubricado en Auckland por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Hasta ahora, solo lo ratificaron el país anfitrión de la firma, Nueva Zelanda, y Japón.
Los especialistas sintetizan que el TLCAN propulsó el intercambio entre los tres socios, pero no consolidó la generación de empleo y el crecimiento económico en México.
La segunda economía latinoamericana ha registrado un crecimiento económico promedio anual en este siglo de entre dos y tres por ciento, mientras la generación de empleo no llega al millón de puestos de trabajo por año.
En el segundo trimestre de 2017, las estadísticas oficiales situaban en 6.7 millones las personas que trabajaban en el sector agropecuario primario, casi 13% de la población económicamente activa de este país con 128 millones de habitantes.
El TLCAN “no va a resolver el bajo crecimiento económico y mejores empleos. Este momento nos obliga a repensar los objetivos del tratado”, sostuvo a IPS la académica Rosío Barajas, del estatal El Colegio de la Frontera Norte.
El análisis “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, publicado en mayo por el Servicio de Investigación Legislativa del Congreso estadounidense, concluye que “los impactos económicos dependen de qué se produce y dónde, lo cual también es cierto respecto a empleo y salarios, pues algunos trabajadores e industrias han enfrentado alteraciones debido a la pérdida de cuota de mercado proveniente de mayor competencia, mientras otros se han beneficiado de las nuevas oportunidades de mercado”.
El nuevo acuerdo podría abrir el intercambio de leche fresca, papa y cultivos transgénicos que, a la luz de lo ocurrido al maíz y el frijol, atemoriza a sus productores mexicanos.
El ministerio de Economía recabó 613 propuestas de renegociación, la mayoría originada por la ciudadanía, la academia y la sociedad civil, pero que no son de carácter público, a diferencia del proceso de los dos socios. En el proceso estadunidense se recibieron unas 12,000 sugerencias y en el canadiense unas 21,000.
El pasado lunes 14 de agosto la ministra canadiense de relaciones exteriores, Chrystia Freelance, enumeró las prioridades de su país frente al proceso, como la inclusión de estándares laborales, ambientales y de género; mayor flujo migratorio; pueblos indígenas, la revisión del mecanismo de resolución de diferencias y un mercado de compras gubernamentales más abierto.
En tanto, en México, los pequeños productores acusan al gobierno de ignorarlos y solo escuchar a las cúpulas empresariales.
“Las condiciones de renegociación no son las más adecuadas para nuestros campesinos. Pedimos que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable sea el canal para renegociar los temas agrícolas”, planteó Castillo, de la agrupación CONORP.
Esa instancia reúne al gobierno, diputados, senadores, productores, académicos y organizaciones sociales y que este mes ha pospuesto las sesiones debido al proceso del TLCAN.
“Se requiere poner en el centro la mejora de las condiciones de vida de la población, en cuestiones de ingreso y formación educativa, no solo de mayor comercio. Es necesario retomar avances en leyes laborales para tener mejores salarios y condiciones de trabajo”, propuso, por su parte, la académica Barajas.
CONORP y otras organizaciones contrarias a los acuerdos de libre comercio preparan en próximos días manifestaciones en rechazo al TLCAN y hacen campaña por la realización de un referéndum sobre la permanencia del capítulo agrícola en el tratado.
El miércoles 6 de agosto, en paralelo al comienzo de las negociaciones, la convergencia de organizaciones entregará a la secretaría de relaciones exteriores un documento en el cual arguyen en contra del modelo de libre comercio adoptado hasta ahora y piden la prevalencia de los derechos sociales como pivote.
El gobierno mexicano prevé de siete a nueve rondas de negociación, con la intención de que las negociaciones concluyan antes de las elecciones generales en el país de julio de 2018.
Los grandes empresarios vigilarán las negociaciones en el llamado “cuarto de al lado”, mientras la presencia de los pequeños productores es prácticamente nula.
