La propuesta de construir un proyecto de viviendas estudiantiles en el campus del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) mediante el mecanismo de una Alianza Público Privada (APP) no parece responder a un reclamo apremiante por parte del estudiantado o algún otro sector de la comunidad universitaria.
Por otra parte, la prevista construcción y operación de las residencias por parte de una entidad privada parecería formar parte de una tendencia en la Universidad de Puerto Rico (UPR), toda vez que el rector interino del Recinto de Río Piedras, Luis Ferrao Delgado, reconoció más temprano en la semana que la opción de privatizar el edificio Torre Norte –con el objetivo de financiar las reparaciones bajo las que se justifica su cierre temporero– está sobre la mesa.
En el caso del denominado “Student Life Project” para el RUM, la solicitud de cualificaciones (RFQ, en inglés) –divulgada por la Autoridad de Alianzas Público Privadas el 8 de mayo– plantea los espacios de viviendas para estudiantes como una de las principales necesidades del recinto en términos de su infraestructura debido a la “alta demanda”.
El proyecto asimismo contempla remodelar el Centro de Estudiantes y ampliar la cantidad de espacios de estacionamientos en el campus.
De acuerdo con lo discutido en la reunión de la Junta Universitaria el 9 de mayo, la expectativa es que los costos de alquiler en las nuevas residencias –con espacio para aproximadamente 500 estudiantes– ronde los $500 mensuales por persona.
Para el representante estudiantil del RUM ante la Junta Universitaria, Barkley Cabrera, la cifra de $500 al mes “no va” con la realidad del estudiantado.
“La mayoría de los estudiantes busca hospedaje por $200. Yo he pagado entre $200 y $225, lo normal en el área. Si uno pone esto en el contexto de la crisis económica y los estragos causados por [el huracán] María, habría que catalogar los $500 como algo desproporcionado, que sugiere que la propuesta no está respaldada por un estudio serio que busque resolver los problemas que podamos tener en Mayagüez”, manifestó.
Un censo informal realizado por Diálogo encontró que, en efecto, los precios de alquiler de hospedajes el área de Mayagüez tienden a mantenerse muy por debajo de los $500 mensuales. Los costos de la mayoría de los espacios de alquiler consultados fluctúan entre los $250 y $300.
Asimismo, el RFQ circulado por el gobierno destaca que los “dueños” del proyecto –colectivamente, la UPR y el RUM– están interesados en “asegurar que los servicios de vivienda estudiantil tomen en cuenta las necesidades de accesibilidad de los estudiantes”.
Una solicitud de entrevista al presidente interino de la UPR, Darrel Hillman Barrera, por medio de una portavoz fue referida a la rectora interina del RUM, Wilma Santiago. A pesar de repetidos intentos de Diálogo, Santiago no estuvo disponible para una entrevista telefónica, y tampoco respondió a una serie de preguntas enviadas por correo electrónico.
Por otra parte, según Cabrera y el presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) del RUM, Marcus Ramos Cintrón, el tema de alternativas de vivienda no se encuentra entre los reclamos recurrentes de parte del sector estudiantil.
“El estudiantado en cuestión de vivienda no ha hecho ninguna petición. Lo que sí ha sido un problema es el estacionamiento”, apuntó Ramos Cintrón.
Cabrera añadió que, antes del paso del huracán María, la administración del recinto había presentado una propuesta para, mediante una APP, “construir un estacionamiento que además incluiría unas viviendas para estudiantes, mejoras al Centro de Estudiantes y quizás un espacio para comercios dentro de la universidad”.
Sin embargo, “el tema realmente no se vuelve a tocar hasta que sale en los medios en las pasadas semanas. En ese tiempo hemos estado pidiendo algunos documentos básicos, algo más concreto porque hasta ahora lo que teníamos era más bien unas ideas sin números, datos ni documentos”, explicó.
En el calendario incluido en el RFQ, la construcción del proyecto estaría pautada para comenzar en enero de 2019, con miras a que esté finalizado en junio de 2021.
La entidad privada que sea favorecida con el contrato para la construcción estaría igualmente encargada de la operación y mantenimiento de las instalaciones hasta 2051.
Tanto Cabrera como Ramos Cintrón expresaron su preocupación ante la limitada participación estudiantil en las discusiones en torno a un proyecto del que, en palabras del miembro de la Junta Universitaria, “somos nosotros los que estaríamos recibiendo los servicios”.
En ese sentido, el presidente del CGE acotó que el estudiantado debía mantenerse “vigilante” del proceso, “de forma que no se convierta en otra Plaza Universitaria”.
Para financiar la construcción y operación del edificio de Plaza Universitaria, ubicado frente al Recinto de Río Piedras, la UPR, a través de la Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental (Afica), incurrió en una deuda de sobre $86 millones en diciembre de 2000. El proyecto estaría a cargo de Desarrollos Universitarios, una corporación creada en 1997 por la UPR, pero legal y administrativamente separada de la institución.
En 2003, la UPR entabló sin éxito una demanda reclamando el control de la junta de directores de la corporación ante lo que consideraba el incumplimiento con priorizar los intereses institucionales. Mediante un acuerdo alcanzado en 2007 y que expira en 2033 –simultáneamente con el servicio a la deuda de Afica–, la universidad paga anualmente una renta de $5.7 millones a Desarrollos Universitarios por el uso de Plaza Universitaria.
Si bien el RFQ del “Student Life Project” especifica que el financiamiento de la obra quedaría en manos de la compañía seleccionada, los pormenores de la transacción no son finales y firmes hasta tanto se adjudique el contrato.
Las entidades interesadas tienen hasta el 27 de junio para responder al RFQ. Aquellas escogidas para seguir adelante en el proceso serían notificadas a más tardar el 11 de julio.
Privatización de residencias: ¿la nueva moda?
En tanto, el presidente del CGE del Recinto de Río Piedras, Neftalí Sánchez, afirmó que la intención expresada por el rector interino Ferrao Delgado de pasar a manos privadas la responsabilidad de remodelar y eventualmente operar la residencia Torre Norte “denota las verdaderas intenciones de la administración de que el cierre de la residencia es para iniciar la transición del edificio a manos privadas, y que no es una intención genuina de la administración de trabajar con unas supuestas deficiencias estructurales del edificio”.
En marzo, el rector interino anunció que el edificio –ubicado en la avenida Universidad– sería sometido a un proyecto de rehabilitación ante los daños que experimentó a raíz del huracán María, y como consecuencia cerraría temporeramente una vez finalizaran los contratos de arrendamiento con los actuales residentes, al culminar el vigente año académico.
En aquel momento, Ferrao Delgado manifestó que “esta iniciativa tiene como propósito fundamental mejorar la experiencia de los estudiantes que se alojan en esa residencia y ofrecerles una mejor calidad de vida mientras se forman académicamente”.
El cierre de Torre Norte ha desatado el repudio de buena parte de los 375 estudiantes que allí se alojan a un costo de $275 por semestre, rechazo que ha quedado consignado tanto en asambleas estudiantiles como en diversas manifestaciones en los predios del edificio.
“Si comparamos mis notas de maestría con las de bachillerato son mucho mejor. Por otro lado, ahora tengo un empleo que de otra forma no hubiera encontrado porque los empleos se concentran en el área metropolitana. Me pude envolver en las cuestiones políticas de la universidad. Soy parte del CGE en una posición que nunca se me hizo posible porque las reuniones requieren mucho trabajo y nada más en el viaje de ida y vuelta podían ser cuatro horas en el camino cada día. Y estar aquí me ha dado esas oportunidades”, expresó el estudiante graduado de economía Juan Romero, natural de Canóvanas, durante un “velorio” por la “muerte” de Torre Norte realizado el pasado miércoles en la entrada del edificio.
Aunque los intentos de Diálogo para comunicarse con Ferrao Delgado resultaron infructuosos, el rector interino indicó a El Nuevo Día más temprano en la semana que el costo de los arreglos a Torre Norte ascendería a $7.5 millones.
“No se descarta que a través de una APP se puedan hacer los trabajos. Ya Mayagüez lo está haciendo”, señaló Ferrao Delgado a El Nuevo Día.
Mientras, cientos de estudiantes esperan por alguna alternativa real de vivienda, en momentos en que se asoma además un aumento a los costos de matrícula. Por ejemplo, tan pronto como el agosto, los estudiantes subgraduados tendrán que pagar $115 por crédito.
“En caso de que la administración no nos escuche y nos ignore, la alternativa es regresar a casa y volver a viajar. Creo que la economista Martha Quiñones dio en el clavo cuando dijo que la privatización de la UPR empezaba con el cierre y venta de Torre Norte”, puntualizó Romero.
Comentarios
Manuel Guillama Capella
Periodista. Es estudiante graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Completó un bachillerato en Información y periodismo en la misma institución. Apasionado y conocedor del deporte local e internacional.
