A pesar de que existe legislación apoyada en estudios científicos que reconoce a la zona kársica como patrimonio ambiental de la Isla, son continuas las amenazas que atentan contra este tesoro ecológico. Esta vez se trata del Corredor Hatillo-Aguadilla, un proyecto que propone la construcción de una carretera expreso con peaje desde la PR-22 en Hatillo, discurriendo por los municipios de Camuy, Quebradillas, Isabela y Moca, hasta la carretera PR-2 en Aguadilla.
Según los propulsores del proyecto, la extensión de la autopista PR-22 constituye una parte esencial de la Red Estratégica Vial para promover la actividad económica en esa zona. Sin embargo, los defensores del karso alegan que la construcción y desarrollo de dicha vía impactaría de forma irreversible la región.
En la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar Actualizada (DIA-PA), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), artífice de la propuesta del Corredor Hatillo-Aguadilla, alega que esa zona necesita una ruta alterna y altamente eficiente para situaciones de emergencias.
También aducen que la nueva carretera es necesaria para impulsar el desarrollo de la zona. “El estudio de transportación de la región de Aguadilla reconoce que las oportunidades de desarrollo urbano de buena calidad y nuevos empleos, relacionados directa o indirectamente con las actividades en el Aeropuerto Rafael Hernández, se pueden perder o comprometer severamente sin una planificación cuidadosa de los usos de terrenos y de la transportación”, expone la ACT en el documento de la DIA-PA.
Para subsanar esta situación, la agencia identifica a los corredores viales de la PR-2 y PR-22 como las instalaciones esenciales para el crecimiento y desarrollo futuro de esa región. Estos corredores conectan la región de Aguadilla con la de San Juan, siendo las rutas principales para los viajes de carga, turismo y comercio entre estas dos regiones. La ACT alega que con la extensión de la PR-22, se completa la última pieza de la red estratégica esbozada para aliviar el tránsito y proveer una vía alterna en caso de emergencias.
Conflicto de intereses
El Corredor Hatillo-Aguadilla ha suscitado gran controversia, ya que su construcción ameritaría enmendar o pasar por alto la Ley Núm. 292 de 21 de agosto de 1999, Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de PR, conocida como la “Ley del Karso”. Dicha ordenanza, originada a partir del reconocimiento de “la importancia de la zona kársica en sus valores y funciones”, y “encaminada a atender la responsabilidad de velar por la continuidad de éstos ya que entiende la incapacidad de que puedan ser restaurados una vez interrumpidos sus procesos o destruidas sus condiciones”, prohíbe la “construcción de caminos, carreteras, u otras vías de acceso sin la autorización del Secretario [del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales] bajo las disposiciones de esta Ley”.
A simple vista podría parecer que dicha ley es muy clara y que conforme a sus disposiciones el expreso no encaja en sus alrededores. Sin embargo, el asunto no es tan simple. La Ley del Karso exigía que se efectuara un estudio para definir las áreas que, debido a su importancia y función geológica, hidrológica y ecosistémica, debían ser protegidas para conservarlas. Dicho estudio tenía que estar terminado en un plazo no mayor de dos años a partir de la fecha de aprobación de la ley. No obstante, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales presentó el “Estudio del Karso” en septiembre de 2008, luego de que la organización Ciudadanos del Karso (CDK), radicara un mandamus en el 2002 para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades de la Ley 292 y un año después de que la ACT presentara la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar (DIA-P) para el Corredor Hatillo-Aguadilla.
La batalla por estos terrenos -cuyos acuíferos comprenden la fuente de agua potable para cerca de una cuarta parte de la población, además, alberga una de las mayores y diversas poblaciones de aves en la Isla-, se intensificó en el 2010 cuando el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Energéticos, Eric Correa Rivera, sometió el Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 2566 para “añadir nuevas definiciones; aclarar las facultades, responsabilidades y deberes del Secretario del DRNA y de la Junta de Planificación; aclarar las prohibiciones y penalidades sobre actividad agrícola, remoción de material de corteza terrestre y permitir proyectos de infraestructura pública; y para otros fines”. Esta medida, respaldada por el gobernador Luis Fortuño; el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales y el Secretario del DRNA, Daniel J. Galán Kercadó, buscaba enmendar ciertos aspectos de la Ley 292, debilitando así la vigencia del Estudio del Karso y haciéndole fácil el camino al Corredor Hatillo-Aguadilla. La misma fue derrotada posteriormente en la Cámara de Representantes tan sólo por un voto.
Lo que está en juego
Mientras que la extensión de la autopista PR-22 mediante el Corredor Hatillo-Aguadilla propone un alivio a la congestión vehicular, una alternativa de ruta en momentos de emergencia y un fomento a los negocios regionales, el desarrollo de la carretera implicaría un impacto económico, social y ambiental irreversible. En primer lugar, el estimado costo preliminar del Corredor, inicialmente considerado por algunos de nuestros entrevistados como el “proyecto bandera de las alianzas público privadas”, es de 613 millones, una cifra considerable para un Gobierno en estado de crisis fiscal.
Por otro lado, lejos de fomentar la actividad económica del área, impactaría la industria lechera, la mayor actividad económica de la región noroeste de la Isla; industria que genera aproximadamente 25,000 empleos directos e indirectos en la fabricación, producción y venta. “En total, entre los municipios de Hatillo, Camuy y Quebradillas, 65 fincas serán impactadas en esta ruta a campo traviesa”, señala en una misiva en respuesta a la DIA-P del Corredor, el Secretario del Departamento de Agricultura, Salvador E. Ramírez Cardona.
La extensión del autopista PR-22 implicaría “la pavimentación de 1,286 cuerdas de terrenos en el Karso con potencial agrícola, bosques, humedales y áreas con prioridad de conservación identificadas por el DRNA, el relleno de cerca de 121 sumideros, incluyendo posibles impactos a por lo menos 50 pozos, afectando potencialmente los abastos de agua subterránea de la zona y aumentando la posibilidad de inundaciones por el desvío de aguas de escorrentía; desplazamiento de 499 residencias y 51 negocios, junto a la reducción significativa de clientes y consumidores en los comercios ubicados en la carretera PR-2 por el desvío permanente del tránsito en esta vía”, denuncian los CDK.
“La construcción de una autopista de esta magnitud no se justifica ni desde el punto de vista ambiental, económico ni social”, indica Luis Jorge Rivera Herrera, científico ambiental que sostiene que mientras se puede reconocer un problema de tránsito en cuanto a la PR-2 respecta, bien se puede resolver con mejoras.
Para proteger las zonas del Karso es necesario informarse sobre los proyectos de desarrollo urbano que atentan contra nuestro patrimonio ambiental, reflexionar sobre cuánto cuestan los beneficios a corto plazo y los daños irreversibles que implicarían a largo plazo, para así poder participar de forma responsable en aquellos espacios de participación ciudadana.
