¿Periódicos comerciales auspiciados por fondos públicos?

En octubre de 2012 El Nuevo Día reveló que la nómina de El Vocero era sufragada con fondos públicos. La noticia causó mucho revuelo, máxime, cuando el gobierno en turno decidía socorrer las publicaciones justo dentro de una campaña eleccionaria en donde las coberturas de ese rotativo parecían favorecer al incumbente. Unos aplaudieron la denuncia, pero otros la calificaron como una simple guerra entre dos diarios. Lo cierto es que los medios de comunicación comerciales en todo el mundo han sufrido profundos cambios en su forma de financiación, pero, ¿será una modalidad válida aceptar incentivos gubernamentales?

También en 2012, el periódico La República informó que el ex presidente peruano, Alberto Fujimori, se enfrentaría a ocho años de prisión por desviar 122 millones de soles destinados al Servicio de Inteligencia Nacional para comprar la línea editorial de los “diarios chicha”, que son periódicos reconocidos por su enfoque sensacionalista y su lenguaje ofensivo y vulgar. El ex presidente también fue acusado por corrupción y por violar los derechos civiles de los ciudadanos peruanos.

“Con esos fondos se sobornó a diarios populares para que hicieran campaña por la reelección de Fujimori y destruyeran la reputación de periodistas y políticos,” expuso el periódico en su página virtual.

En el caso de El Vocero, se alega que el periódico obtuvo más de $24.9 millones de dólares en fondos públicos a pesar de tener una deuda contributiva, según El Nuevo Día, a través de una serie de contratos con otras empresas del diario, tales como Caribbean International News Corporation, Prensa Libre y Multi Media Enterprises.

Ambos periódicos, los “diarios chicha” y El Vocero, han sido señalados por llevar una línea editorial que favorece el gobierno en mando, así afectando su credibilidad y su independencia. Para Helga Serrano, quien fue directora del periódico El Mundo y ahora es directora ejecutiva del Centro para Libertad de Prensa (CLP), la credibilidad “es la piedra angular del periodismo, sin ella no existe.” Para la periodista, recibir fondos públicos afecta, de forma negativa, al medio.

“Una de las encomiendas más importantes de la prensa libre es la fiscalización del gobierno de turno, especialmente de aquellos asuntos que tienen que ver con el uso de los fondos públicos. Un periódico que recibe fondos públicos se ubica en una situación vulnerable en su labor de fiscalización gubernamental. Su independencia editorial está coartada y, por ende, susceptible a la manipulación gubernamental,” indicó Serrano.

Sin embargo, un estudio realizado en 2011 por la Universidad de Nueva York, “Public Media and Political Independence”, aseguró que un medio público también puede tener la independencia suficiente para fiscalizar el gobierno en mando, tal como lo hace la British Broadcasting Corporation (BBC), auspiciada por el gobierno británico. El estudio reflejó, paradójicamente, que este medio está a menudo dispuesto a asumir más riesgos que la propia empresa privada. Según los medios estudiados en el informe, hay más empresas privadas que quieren asegurar sus buenas relaciones con el gobierno y sus diversos consumidores que para lograrlo deciden no publicar noticias que puedan ofender o perturbar el status quo.

Según el estudio, para que un medio público pueda ser considerado confiable, tendría que cumplir ciertas características. Entre ellas, que los fondos se establezcan por periodos de años y no anualmente, para así evitar que el gobierno influya en la aprobación o desaprobación de sus publicaciones. Incluye, además, que los medios públicos demuestran ser más fuertes cuando los ciudadanos se sienten que el medio informa, en vez de proveer publicidad sobre los políticos o eventos relacionados al gobierno. El estudio aconseja al lector a verificar si el medio cumple con el interés público al proveer noticias diversas y de calidad.

Para el profesor de periodismo de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mario Roche, un medio público sí puede fiscalizar el gobierno de manera eficaz porque, a diferencia de los comerciales, pueden hacer las historias desde un enfoque profundo que pueda ilustrar a la ciudadanía alguna situación particular y así convertirse en un medio verdaderamente “para el público”.

Roche comentó, además, que la controversia con el periódico El Vocero recae en que el medio privado utilizó fondos públicos y a su vez favoreciera la acción política del gobierno que estaba financiándole a través de sus publicaciones.

El profesor aseguró que esta acción podría demostrar que el medio favorecía el Estado porque recibía el privilegio de financiamiento. “Esto trae conflictos de intereses y cuestionamientos”, recalcó el profesor.  

Efectos a la ética periodística

“La ética periodística es la espina dorsal del periodismo, la que define y regula  todos los procesos de llevar  a cabo su labor de informar de forma responsable.  Y esta ética es mancillada cuando el medio está recibiendo subsidios del gobierno”, opinó Serrano.

La directora del CLP enfatizó que los periódicos necesitan ser independientes y libres de ataduras económicas y políticas para llevar a cabo su labor. Según Serrano, la autonomía del medio es lo que garantiza una prensa libre para hacer posible la democracia.

Roche criticó a la empresa privada por utilizar fondos públicos y tildó la acción como “un atentado en contra de la confianza pública”. Según el profesor de periodismo, un periódico comercial o privado es aquel que utilice la publicación de anuncios en el medio para sustentarse económicamente, a diferencia del periódico público que es sustentado por el gobierno.

El profesor de periodismo aseguró que todos los gobiernos quieren manipular la información de alguna manera u otra. Por esa razón, aconsejó a los periodistas a estar vigilantes, independientemente del medio en que trabajen. Según Roche, las empresas periodísticas pueden sostener acuerdos con otras empresas, ya sean bancos, agencias de publicidad o agencias privadas. Estos acuerdos, según el profesor, pueden interrumpir a la hora de fiscalizar las empresas privadas.

Por su parte, el profesor hizo hincapié en que las empresas difieren en el trabajo que hacen los periodistas. En el caso de El Vocero, Roche afirmó que los periodistas fueron víctimas porque no tenían nada que ver con los negocios de la empresa.  “No es la empresa, es el periodista que tiene reivindicarse”, concluyó.  

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