Perú se convirtió en el primer país sudamericano en anunciar públicamente su plan de acción climática para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento del planeta.
De América Latina, México fue el primero en presentar las previstas y determinadas contribuciones a nivel nacional (INDC, en inglés), que todos los países deben someter a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
El establecimiento de las INDC se acordó en la 19 Conferencia de las Partes (COP 19) de la CMNUCC, celebrada en 2013 en Varsovia, donde se decidió que cada Estado tiene plazo hasta octubre de este año como máximo para comunicar las INDC, a fin de que sean analizadas en la COP 21, que se realizará en París en diciembre.
El plan de Perú, elaborado tras 12 años de planificación colectiva para desarrollar un conjunto de estrategias regionales y nacionales en respuesta al cambio climático, propone una ambiciosa reducción de 31 por ciento de sus emisiones.
En el caso de México, que presentó las INDC en marzo, el compromiso es disminuir 25 por ciento sus emanaciones totales para 2030, respecto a las registradas en 2013.
La hoja de ruta cuidadosamente elaborada para cumplir con ese objetivo revela el auténtico “liderazgo” del plan peruano, según Tania Guillén, de Climate Action Network Latinoamérica.
Para Guillén, que también pertenece a la red de organizaciones Suswatch, el proyecto de plan de acción es “un ejemplo para otros países latinoamericanos que aún están desarrollando o no comenzaron sus procesos de planificación nacional”.
La meta de 31 por ciento de reducción de las emisiones de Perú está respaldada por 58 proyectos de mitigación que abarcan a la energía, el transporte, la agricultura, la silvicultura y la gestión de residuos.
Aunque dos de esos proyectos implican el paso del carbón al gas natural, y no a una fuente de energía renovable, cada una de las opciones fue cuidadosamente identificada y se cuantificó su potencial de reducción de emisiones.
Esto facilitará el pedido de ayuda de Lima a los países industrializados para mejorar sus compromisos. De hecho, el gobierno también describió la manera que puede aumentar la reducción de emisiones hasta un 42 por ciento con la incorporación de 18 proyectos adicionales.
Marcela Jaramillo, de la organización E3G, cree que este es un aspecto clave de la propuesta peruana que otros países deben emular. Es necesario que las INDC se “reflejen en planes de inversión que sean atractivos para los recursos nacionales e internacionales”.
Esos recursos “generarán acción sobre el terreno de la mano del gobierno, el sector privado y todo ello con el apoyo fundamental de la participación activa de la ciudadanía”, añadió.
El compromiso ciudadano puede ser fundamental para que Perú concrete sus planes. Pero su más reciente promesa también hace al país vulnerable. Algunos temen que, dada su deficiente aplicación en el pasado, el gobierno se exponga al fracaso.
En 2014, organizaciones no gubernamentales reunidas en la COP 20 realizada en Lima criticaron la ley 30,230 porque “desacopla la protección ambiental del crecimiento económico”, según argumentaron.
La inquietud es que los organismos que supervisan el medio ambiente en Perú tengan la facultad de “regular y supervisar la actividad económica como si fuera el desarrollo de energía e infraestructura”.
Otras preocupaciones se refieren a las proyecciones de Lima. Tras años de inestabilidad política y conflictos en la década de 1980, Perú se transformó en uno de los 20 países con mayor libertad económica, según el informe anual de Libertad Económica Mundial en 2014, además de un crecimiento relativamente constante de 5.5 por ciento anual.
Pero ese crecimiento se desaceleró en los últimos 12 meses, lo cual no está representado en las proyecciones de las emisiones que presentó Lima, basadas en su tasa de crecimiento hasta 2013.
Si el país no modifica su actividad económica, sus emisiones anuales aumentarían a 216 millones de toneladas de dióxido de carbono, las cuales se elevaría a 243 millones en 2025 y a 269 millones en 2030.
Como señala Guillén, “los procesos de consulta incluyentes y participativos son cruciales para la definición de las INDC en Perú, y también en todos los países de América Latina y el Caribe”.
Bitia Chávez, de la organización Generacion+1, opinó que es fundamental que los peruanos sean “conscientes y plenamente comprometidos en este proceso para contribuir positivamente al medio ambiente”.
Sin embargo, los peruanos no solo tendrán que decidir sobre esta promesa de mitigación en las INDC, sino sobre un amplio paquete de adaptación que Lima desarrolló y que se concentra en la reducción de la vulnerabilidad de su población mayoritariamente agraria, que incluso tiene indicadores diferentes para la forma de cumplir con las metas.
Esto incluye a sectores, objetivos e indicadores específicos de adaptación. A continuación se muestra un ejemplo de la meta para garantizar la salud como un sector clave de la adaptación.
Si se tiene en cuenta que varios países en desarrollo proponen que el acuerdo de París incluya un objetivo global de adaptación, la inclusión de metas cuantificables de adaptación dentro de las INDC peruanas podría ser un paso clave que otros países pueden aplicar.
Es posible que ese sea uno de los objetivos de Perú, como señaló la activista argentina Tais Gadea Lara. Las INDC peruanas pueden ser un llamado de atención a algunos de los países vecinos que “no se han dado cuenta aún del poder que tienen en sus manos para participar activamente con la entrega de INDC ambiciosas”.
En el caso de Argentina hay un desfase entre la firme postura que presenta en las negociaciones y la falta de acción a nivel nacional, aseguró.
Gadea espera que “Argentina, Perú, Brasil y todos los países de la región puedan empezar a hacer historia con ambiciosos y cuantificados planes de acción climática que demuestren el liderazgo del continente en materia de cambio climático”.
