Uno de los principales problemas que tienen las medidas de austeridad presentadas por la Junta de Control Fiscal (JCF), según el colectivo de profesores de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez (UPRM) PROTESTAmos, es que su plan fiscal está enmarcado en un modelo filosófico del sector privado.
En el conversatorio para presentar el Plan Fiscal Sostenible UPR, celebrado ayer en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), el profesor José Alameda Lozada resaltó que esto se debe principalmente a que los miembros de la JCF no son economistas, sino financieros. El economista, explicó Alameda Lozada, tiene un enfoque social; mientras que el del financiero es más empresarial.
Es por esto que, en el Plan Fiscal Sostenible UPR (en adelante, Plan SoS UPR), creado por el grupo de académicos PROTESTAmos (Profesorxs Transformándonos en Solidaridad Tornada en Acción) del RUM, se propone que, en primera instancia, la JCF cambie su modelo filosófico del Government Right Sizing al Government Social Right Sizing.
El Right Sizing —que rige actualmente la JCF— consiste en un proceso de reorganizar la corporación a través de un recorte en sus costos, así como reducir la fuerza obrera y reorganizar los niveles gerenciales de la empresa, entre otros. Es decir, que este corresponde al modelo de reestructuración del sector privado.
De acuerdo con Alameda Lozada, este modelo no puede ser aplicado a la UPR porque, entre otras cosas, ofrece una multiplicidad de servicios al país y a su economía. “Nuestros análisis económicos demuestran que la UPR no puede, ni debe, estar sujeta a la ecuación de beneficios netos privados, sino a los beneficios netos sociales”, se argumenta en el documento de la propuesta fiscal.
Además, el académico señaló que la UPR no se puede comparar con las universidades privadas de Estados Unidos ni aplicársele las mismas medidas —como un posible aumento a la matrícula—, puesto que aquí en la Isla hay mayor desigualdad social y más pobreza.
“Para mí el enfoque que tiene que permear en la JCF es cambiar eso de que la empresa privada la vamos a llevar a las empresas públicas, que tienen roles y búsqueda de equidad social diferentes a los de una empresa privada. Si no cambiamos el enfoque, quedamos en lo mismo”, recalcó el economista.
A propósito de cambios en la JCF, el profesor Marcel Castro Sitiriche, hizo un llamado a la comunidad a unirse y mantenerse firme con relación al rechazo a los recortes propuestos por la JCF, ya que el plan puede ser alterado.
Según el profesor, si el plan fiscal de la junta fue alterado para aumentar la cifra de recortes al sistema UPR, y “que se pueda subir, significa que también se puede bajar [la cifra]”, señaló.
Además, Castro Sitiriche puso como ejemplo el aumento de $282 millones en la asignación de fondos para pensiones en el plan fiscal revisado, “así que el plan fiscal ya fue alterado y fue revisado [por la JCF]”, reiteró.
El académico realizó el llamado tras explicar los escenarios fiscales que se contemplan en la propuesta, partiendo de la fórmula del 9.6% de los recaudos del Fondo General. Debido a esta fórmula, la universidad recibe $834 millones por parte del Estado.
Más allá de lo establecido en el plan de la JCF, la UPR ya sufriría recortes a su presupuesto para los próximos años. Según las proyecciones de los académicos —considerando la congelación de la fórmula en el 2014, las proyecciones de recaudos del Fondo General y las premisas de recaudos destinados al Fondo General del Plan Fiscal del Gobierno— la UPR sufriría una reducción automática en la inversión gubernamental de $320 millones para el 2018 y $212 millones para el 2026.
Propuestas para allegar fondos a la UPR
Por otra parte, en el plan presentado ante la comunidad universitaria del RUM, se incluyeron tres propuestas para allegar fondos tanto a la UPR como al Sistema de Retiro del Estado Libre Asociado y al de Salud Pública.
“Es decir, que no se nos puede hacer la acusación de que somos egoístas en la universidad y que estamos pidiendo para nosotros y nos estamos olvidando del resto de los sectores que van a ser golpeados a través de la puesta en marcha del plan de la JCF”, aclaró de antemano el también economista Edwin Irizarry Mora.
En primer lugar, el profesor explicó que sugieren recibir una aportación de cerca de $50 millones del ya propuesto aumento a la contribución sobre la propiedad privada. No obstante, aclaró que se luchará en la legislación para que esto solo aplique a aquellos que tengan capacidad de pago.
Además, proponen un aumento de 0.5% al arbitrio de las corporaciones foráneas, algo que podría generar cerca de $230 millones adicionales que se canalizarían directamente al presupuesto de la UPR.
El colectivo también incluye una propuesta para que los estudiantes y profesores de Administración de Empresas trabajen en colaboración con el Departamento de Hacienda para el cobro de deudas contributivas y se les pague por ese servicio.
Sobre este particular, en la sección de preguntas, un estudiante cuestionó cuán efectiva puede ser esta propuesta y cómo se asegurarían de que no se incumpla el contrato, puesto que el gobierno ya le adeuda dinero a la UPR en servicios no pagados. A esto, Irizarry Mora respondió que “hay que forzarlos [y] hay que exigirlos”.
Entre tanto, el Movimiento Estudiantil del RUM también participó en el conversatorio, representado por Barkley Cabrera Ortiz, quien hizo hincapié en que “la huelga terminó, pero la lucha continúa”.
A su vez, sostuvo que uno de los logros de la huelga es precisamente la creación del colectivo PROTESTAmos. De igual modo, aseguró que el Plan SoS UPR cumple grandemente con los reclamos universitarios y que las propuestas y filosofía incluidas en el mismo coinciden con las que hicieron los estudiantes.
La profesora Lissette Rolón Collazo recalcó en repetidas ocasiones que este documento es parte de un proceso participativo y multisectorial, en el que se prevé una participación continua, y que se alleguen más propuestas, críticas e información, ya que es un “documento vivo”.
El Plan SoS UPR se sometió el pasado 30 de junio ante la JCF, así como la Junta de Gobierno de la UPR, la Junta Universitaria, la Agencia Fiscal de Puerto Rico y la Autoridad de Asesoría Financiera.
