La Policía de Puerto Rico carece de un protocolo que garantice la labor de la prensa durante manifestaciones sociales, según reconoció hoy el licenciado Iván Ramírez Camacho, representante legal de esta dependencia.
La conclusión se dio como parte de una audiencia ante el juez Anthony Cuevas Ramos, que supervisa el pedido de interdicto entablado por el periódico Metro a consecuencia de la agresión que recibió el periodista José Encarnación Martínez durante su cobertura del paro nacional el pasado 1 de mayo.
De acuerdo con el abogado de la parte demandante Gerardo de Jesús Annoni, la ausencia de un protocolo específico detonó en la agresión del periodista de Metro, quien recibió un golpe en las costillas por parte de un policía que hasta el momento no ha sido identificado. Los hechos quedaron registrados en una transmisión en directo del propio Encarnación Martínez y por grabaciones de otros medios de comunicación.
Cortesía de Metro Puerto Rico.
“Quien impone aquí lo que hay que hacer es la Constitución de Puerto Rico. La constitución exige que se establezca un protocolo para permitir, bajo el debido proceso de ley, que se pueda ejercer la libertad de prensa. Es una exigencia de la Constitución de Puerto Rico reglamentar las fuerzas de seguridad”, expresó De Jesús Annoni durante la vista en el Centro Judicial de Hato Rey.
En tanto, su colega Manuel Sánchez Agostini sentenció que la acción contra Encarnación Martínez evidencia un atropello “contra los derechos de los periodistas”.
“Hay un temor grande y hay un efecto de enfriamiento que temen por su seguridad, porque no hay garantías de que la Policía va a respetar sus derechos civiles y la libertad de prensa”, señaló.
De una forma similar se expresó José Sagardía, representante legal de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) –que intervino en la vista como amigo de la corte–, al afirmar la organización también tiene interés apremiante en el caso porque, además del suceso en que se vio involucrado Encarnación Martínez, también se agredieron otros periodistas durante las manifestaciones relacionadas con el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras.
De su lado, el licenciado Ramírez Camacho, en representación de los demandados, manifestó que los periodistas agredidos tienen los recursos de querellas administrativas y criminales para llevar a cabo sus reclamos, presentando una moción de rechazo ante las exigencias de los demandantes.
Sin embargo, dicho requerimiento no fue contemplado por el juez, quien propuso a las partes mantener procesos de diálogo para no llegar al recurso de expedir una resolución que posteriormente pueda ser retada en el foro Apelativo y posiblemente en el Tribunal Supremo.
Tras aceptar la convocatoria del juez Cuevas Ramos, la Policía de Puerto Rico y representantes de Metro y la Asppro acordaron reunirse este jueves con la intención de establecer algunas bases para la elaboración de un protocolo específico que garantice la seguridad de la prensa en eventos de protesta en los que la Uniformada recurre al uso de la fuerza.
La reunión tendrá lugar en la sala de conferencias del noveno piso del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico a las 2:00 p.m.
Se escabulle Héctor Pesquera
Aunque a la audiencia se citó al secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, y al comisionado interino de la Policía, Henry Escalera, ambos funcionarios se ausentaron amparados en un recurso de auxilio de jurisdicción.
Ante esta situación, el juez afirmó que le hubiese gustado que Pesquera y Escalera hubiesen estado presentes, pero que dejará sin efecto la citación, ya que la vista se pudo llevar a cabo exitosamente con los representantes de las partes.
Damaris Suárez, presidenta de la Asppro, manifestó que es preocupante que Pesquera no haya comparecido a la audiencia.
“Nosotros vamos a ir a la reunión, pero mi temor es por la ausencia de Pesquera, ya que él es el funcionario que tiene la autoridad para dar instrucciones claras, su ausencia nos lleva a pensar que no hay una voluntad política para salvar la libertad de expresión y eso es lo que hace falta, voluntad de alguien que dé instrucciones de que no agredan a los que están realizando su labor y que permitan que uno pueda efectuar la labor de informar”, concluyó.
El pasado 1 de mayo, diversas organizaciones —feministas, ambientalistas, la comunidad universitaria, distintos gremios obreros y partidos políticos de oposición– marcharon en varios puntos de San Juan en repudio a las medidas de austeridad propuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno. No obstante, al igual que ocurrió el mismo día en 2017, hasta la zona también llegaron agentes de la Unidad Motorizada y de la Unidad de Operaciones Tácticas lo que provocó una escaramuza entre ambos sectores. La jornada terminó con decenas de ciudadanos afectados por el uso de gas lacrimógeno y gas pimienta y sobre 15 personas detenidas.
