¿Por qué paramos?

El pasado martes, 21 de marzo, se celebró la segunda asamblea anual de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, en donde nuevamente el estudiantado decidió tomar acciones contundentes ante la posible destrucción de la universidad pública por un aumento en los recortes que se avecinan.

La moción presentada, y recibida con gran euforia, contempló un paro que inició el 28 de marzo y culminará el 5 de abril, con el inicio de una posible huelga el jueves 6 de abril, si el gobierno y la administración universitaria no cumplen con las demandas estudiantiles.

Estas demandas, en resumen, son: una auditoría de la deuda, cero recortes al presupuesto universitario, cero alza de matrícula, el descarte de la propuesta del plan fiscal de la presidenta interina Nivia Fernández, el comienzo de la discusión sobre Reforma Universitaria y cero represalias para el estudiantado en protesta.

Las preguntas entonces son: ¿De dónde surgen estas exigencias? ¿Por qué se adopta el mecanismo de huelga y cuáles son sus efectos? ¿Qué se espera del proceso? En fin: ¿Por qué paramos?

Primero que todo, se debe partir de la coyuntura actual. Puerto Rico, país sumado en depresión económica desde el 2006 y que ahora enfrenta una crisis de deuda gubernamental, está sujeto a la gobernanza de una Junta de Control Fiscal cuyos miembros fueron escogidos directamente desde los Estados Unidos. Dentro de su mandato se obtiene como su único objetivo el pago de la deuda gubernamental indiferentemente de la realidad económica y social que vive en la isla. Para ello, han propuesto en las últimas semanas recortes masivos en la educación y en la salud como también una serie de nuevos impuestos dirigidos todos al pago de una deuda no auditada y que se prevé en parte sea inconstitucional.

A su vez, se levantan dudas sobre el posible conflicto de intereses que persiste dentro de los miembros que componen la junta y la conclusión general de que las medidas neoliberales que se quieren imponer solo llevan al fracaso económico y a mayor impago. Claro, pero el “sacrificio” no llega a todos los sectores. Actualmente, como pilar de su pensar de desarrollo económico, existen leyes como la Ley 20 y 22 del 2012 que eximen de impuestos sobre inversiones a cualquier multimillonario que se establezca por un tiempo mínimo en Puerto Rico. Es decir, mientras aquí la gran mayoría del pueblo paga más para recibir menos servicios, hay sectores acomodados que no aportan un centavo al fisco mientras utilizan los servicios que provienen del Fondo General.

En lo que concierne a la universidad, la Junta de Control Fiscal alzó la cantidad de recortes que se le quiere imponer a la UPR de $300 millones a $450 millones. Si se sobreentendía que el recorte presupuestario anterior sería un descalabro para las finanzas de la institución, el nuevo recorte representa el fin del sistema tal cual lo conocemos hoy en día. Estamos hablando del primer centro docente del país, que provee más del 70% de las publicaciones científicas que surgen de la isla, con un posicionamiento de excelencia a nivel mundial y con una taza de graduación mucho mayor que la competencia privada, a menor costo.

Todos estos servicios se han mantenido aun luego de recortes de $348 millones dados en los años 2014-2016, según la carta más reciente enviada por el gobernador Ricardo Rosselló. Es decir, ya la UPR ha sufrido recortes masivos para atender la deuda mientras recibe un incremento en su matrícula estudiantil general. Más bien que mal, y con todas sus deficiencias, hoy la UPR cumple con su misión original de proveer una educación pública, accesible y de calidad al pueblo puertorriqueño.

Pero entonces: ¿por qué es necesario defender la educación pública en este país? En Puerto Rico, actualmente, alrededor del 60% de las familias se encuentran bajo el nivel de pobreza. A su vez, la taza de desempleo promedia un 12.2% con una tasa de participación laboral de un 40.6%, según los informes del Departamento del Trabajo para enero del 2017. Estos datos muestran un aumento de ambos renglones y, consecuentemente, un achicamiento de la economía en el país y un empobrecimiento general de la población. Ante tal realidad resulta indispensable la universidad del Estado para la construcción de cualquier proyecto futuro de progreso económico sustentado en la esperanza de amplios sectores del país a retener su derecho a una educación superior pública, accesible y de calidad. Este objetivo, defendido con tanto ahínco por el estudiantado y relegado a un segundo plano por los gobiernos de turno, Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD), es el pilar por el cual hoy nos organizamos para paralizar y someter presión.

Las exigencias y propuestas que condicionamos hoy en día como no negociables se llevan trayendo a las asambleas a nivel sistémico y en “diálogo con el gobierno” por más de cuatro años. La respuesta: oídos sordos y gavetas empolvadas. El mito del diálogo como primera opción se derrumba ante un análisis histórico de este proceso en donde se ha intentado constantemente, sin éxito, que se atiendan los reclamos estudiantiles sin llevar a cabo acciones de contundencia. Ejemplo de ello son: los reclamos de transparencia; auditoría de la deuda nacional; de la utilización de la UPR para ofrecer servicios gubernamentales; la eliminación de la Ley 20 y Ley 22 para la obtención de mayores recaudos y un impuesto a las multinacionales, solo por mencionar algunas.

A todo ello el gobierno ha hecho caso omiso, siendo lo suficientemente mezquino como para intentar poner al pueblo a decidir entre su salud y su educación. Mientras tanto, se le otorga contratos a alcaldes que perdieron políticamente en las pasadas elecciones. Mientras tanto un alcalde violador mantiene su posición en la alcaldía de Guaynabo. Mientras tanto, se mantienen todos los que, con su privilegio, se beneficiaron y se han beneficiado del descalabro que le han dejado al país, sin dar cuentas, sin dar explicaciones y sin pagar por sus errores.

Entonces: ¿por qué debemos los estudiantes aceptar el desmantelamiento de la universidad pública como pago a una deuda de la cual se benefició un puñado de personas? ¿Por qué mientras nosotros y nosotras pagamos esa deuda y se nos encarece la vida, otros y otras obtienen exenciones contributivas masivas y contratos de amistad mientras utilizan los servicios que nosotros como pueblo costeamos? Es ante ello que el estudiantado dice basta y exige se atienda nuestros reclamos.

Entonces ¿por qué paralizamos? Primero que todo hay que hacer una distinción entre paralizar y cerrar masivamente el acceso. Paralizar las labores educativas tiene como fin dos objetivos. Primero: crear presión política ante el país al frenar el proceso académico para poder comenzar las negociaciones en pro de nuestros objetivos. Segundo: liberar al estudiante de una carga académica que lo inhibe de su participación política dentro de este proceso de construcción de propuestas y de acciones concertadas para cumplir nuestras exigencias. Es decir, el recinto estará paralizado pero no cerrado. No habrá clases en el aula pero sí mucha educación. Dentro de los portones se estarán llevando a cabo toda una serie de actividades, foros, tertulias y mesas de trabajo dirigidos a la creación de propuestas al país. A su vez, se efectuará la coordinación para llevar a cabo marchas, protestas y acciones concertadas en contra del gobierno central con el objetivo de que se sienten a negociar con el estudiantado.

La huelga, como mecanismo, siempre ha tendido a ser el último instrumento y así lo hemos contemplado. Su utilización es tanto efectiva como peligrosa por la incertidumbre que crea. La incertidumbre de lo indefinido, cuajado solo en torno a condiciones políticas tiene el efecto de crear una presión política mayor precisamente porque se ha quebrantado la normalidad en el espacio. En el caso actual, aun sin haber comenzado el paro, vastos sectores universitarios se han movilizado en la discusión en torno al tema que, de otra manera, jamás se hubiesen movilizado. A favor o en contra, lo que queda claro es que se ha creado un ambiente de discusión intensa que en un pasado se le ha dado de codo por parte de la docencia y que hoy en día entra en la palestra porque precisamente nos afecta a todos y todas. Esta realidad muestra, primeramente, que efectivamente no se le estaba escuchando en serio al estudiantado y que, segundo, hay un espacio de privilegio que no se quiere renunciar y que ávidamente lucha contra el estudiantado, aunque eso signifique el fin de la universidad.

Digo fin de la universidad porque lo que realmente está en juego es el fin público de la universidad de proveer una educación pública, accesible y de calidad. Con el recorte que se avecina, no solamente se pone en juego la acreditación según establecido por Middle States, sino también la capacidad misma de la universidad de proveerle una educación superior de calidad al pueblo. La UPR, aun permaneciendo abierta, se convertiría en un caracol vacío de lo que era en un pasado, cuyos efectos se sentirán mayormente por los sectores estudiantiles más desaventajados. La posible alza de matrícula y el recorte de programas, que si bien tienen una taza menor de graduación son programas competitivos en comparación con el sector universitario privado, solo desplaza más al estudiantado a la única opción de una educación privada más cara y de menor calidad. Todo a nombre de una deuda que no ha sido auditada ante una administración política y administrativa que se niega a renunciar a sus privilegios, que fueron los causantes de la debacle actual.

Ante ese panorama es que el estudiantado decide trancar y en las pasadas semanas de paralizaciones definidas se ha demostrado que es posible comenzar el debate como obtener concesiones. Ejemplo de ello es la puesta en práctica de la exigencia estudiantil histórica de que el gobierno utilice los servicios que provee la universidad. Aunque utilizado con la meta de desinformar, los 215 millones identificados por el gobierno en donde la UPR puede brindar servicios es un paso en la dirección correcta. Se tergiversa la propuesta en tanto y en cuanto esos 215 millones se mencionan como si fuera un ingreso limpio que contrarresta el recorte de $450 millones, cuando realmente no contempla los gastos de capital necesario para proveer los servicios, como tampoco se asegura que los contratos de servicio sean efectuados. Queda claro pues, que la presión política que se va ejerciendo tiene un impacto en el gobierno central, pero que no se ha hecho lo necesario para evitar el recorte. Todo lo contrario, de $300 millones se aumentó el monto a $450 millones.

Por tanto, paramos como última opción, paramos ante oídos sordos, ante la mezquindad, ante la desinformación, ante la injusticia, ante el futuro que se nos quiere imponer, por el futuro que queremos crear y en defensa de la educación. Si bien es cierto que en el proceso puede haber un costo dado a la paralización, ese costo se minimiza ante el costo mayor anual de no recibir en ingresos directos $450 millones. Perder por unos meses unos gastos ‘vis a vis’ para asegurar una cantidad fija que garantice el funcionamiento universitario para futuras generaciones es el deber de toda persona en la comunidad universitaria que genuinamente defienda el fin social de la UPR.

El reto es ver más allá del individualismo de un atraso de graduación o desde la comodidad de la permanencia en un país subdesarrollado y precarizado. Es ante esa realidad que accionamos siempre. Nos veremos en los portones en ánimos de construir propuestas concretas y accionar en defensa de la educación pública. Nos veremos también en la Asamblea Nacional Estudiantil el 5 de abril, para continuar con la construcción de la posición estudiantil. De mi parte ahí siempre he estado, indiferentemente de la determinación que se tome, y ahí siempre estaré. ¡A construir la alternativa y defender nuestra universidad!