Al dejar “sin efecto” la recién anunciada reforma laboral, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares evitó quedar marcado a largo plazo por una propuesta que —casi instantáneamente— recibió el rechazo de amplios sectores de la sociedad puertorriqueña.
“Esta reforma no la iban a aprobar. Ya se había levantado oposición en el mismo Partido Nuevo Progresista. El gobernador aprovechó la oportunidad para zafarse de una situación en la que no tenía nada que ganar, y ahora tiene la posibilidad de echarle la culpa a la Junta de Control Fiscal (JCF)” por las medidas de austeridad que se prevé sean incluidas en el plan fiscal del gobierno central, sostuvo Mario Negrón Portillo, catedrático retirado de Administración Pública.
Ayer en la tarde, en su mensaje televisado, Rosselló Nevares acusó al ente federal de intentar “dictar la política pública del gobierno y eso, además de ser ilegal, es inaceptable”.
Más temprano en el día, la JCF había publicado una serie de cartas en las que notificaba al gobierno de los cambios que serían requeridos para la certificación de varios de sus planes fiscales, entre ellos el del gobierno central, el de la Autoridad de Energía Eléctrica y el de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
Con respecto a la reforma laboral, que contemplaba un aumento escalonado en el salario mínimo a $8.25 por hora, la junta estableció que esa disposición debería ir atada al cumplimiento de ciertas métricas relacionadas con incrementos significativos en la tasa de participación laboral.
En síntesis, para que dicho aumento se concretara, la tasa de participación laboral debía crecer del actual 40% a 55% en un periodo de tres años.
“Desde un principio se sabía que los números de la reforma no cuadraban y en un contexto en el que se está discutiendo un plan fiscal y un presupuesto en el que la junta dice que se tienen que lograr ciertos ajustes específicos, era imposible que se aprobara la reforma como estaba formulada”, agregó Negrón Portillo.
Además del aumento en el salario mínimo, la natimuerta reforma laboral contemplaba recortar a siete días anuales las licencias de vacaciones y enfermedad, la eliminación del bono de Navidad, y la derogación de la Ley 80, que protege a los empleados de despidos injustificados.
“La reforma le quitaba a la gente los pocos beneficios a los que tenía derecho, lo que tenía un efecto contraproducente para el objetivo de aumentar las tasas de participación laboral, porque la gente comoquiera salía mejor formando parte de la economía informal que integrándose a la fuerza laboral. Y una vez la Junta de Control Fiscal propone unas métricas tan irreales salió del panorama cualquier posibilidad” de seguir adelante con el proyecto, dijo por su parte, la economista Martha Quiñones Domínguez.
Rosselló Nevares igualmente se opuso al recorte promedio de un 10% en las pensiones de los miembros del sistema de retiro gubernamental que propone la JCF, un ajuste cuyo impacto se exacerba en un país con una población envejeciente como Puerto Rico, observó Quiñones Domínguez.
“No sé si el gobernador se enteró, pero cada vez que le quitas ingresos a la gente disminuye la demanda agregada, porque la gente no tiene dinero para gastar”, mencionó la economista.
Gobierno vs. JCF, parte II
La aparente lucha de poder entre el gobernador y la JCF como parte del proceso de creación e implementación de política pública ya se vivió durante el primer año de la administración de Rosselló Nevares, teniendo como clímax las disputas en torno al recorte a la jornada laboral en el sector público que impulsaba el ente federal.
Aunque esta controversia quedó en el tintero tras el azote del huracán María, la dinámica de confrontación parece intensificarse con la aproximación de la fecha límite para la certificación de los planes fiscales, fijada para el 20 de abril.
“Todos sabemos que esto es parte de un proceso que va a continuar porque la Junta de Control Fiscal tiene el poder final sobre la aprobación de los programas fiscales. El hecho de que se decida dejar sin efecto [la reforma laboral] lo que provoca es que la junta pueda adoptar otras medidas que podrían ser incluso más punitivas en términos de los niveles de austeridad que se van a requerir para cumplirlas”, opinó el experto en ciencias políticas José Javier Colón.
El profesor en la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico coincidió con Negrón Portillo en términos de que, al enviar estos mensajes públicos dirigidos a la JCF, Rosselló Nevares intenta librarse de la responsabilidad que representa el ser percibido como el autor de “los ajustes más punitivos y antipáticos” que conlleva la adopción de severas medidas de austeridad.
“Estamos llegando a una etapa neurálgica de ajustes que se venían anunciando desde la administración de [el exgobernador] Alejandro García Padilla. El debate sobre las medidas es muy importante pero no se debe asumir —y sería muy inocente pensar— que porque el gobernador hace una declaración la JCF va a dejar de implantar medidas que incluso los sectores más conservadores desde Estados Unidos le vienen exigiendo”, planteó el catedrático.
“El poder de la JCF es muy amplio y lo va a ejercer mediante medidas de austeridad muy fuertes independientemente del gobernador de turno”, anticipó Colón.
