La reducción de los puestos de confianza en un 20% y de los puestos temporeros en un 50%, así como la consolidación de diez estructuras administrativas en solo tres, fueron algunas de las propuestas que presentó anoche la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, a la Junta de Gobierno de la institución como parte del plan fiscal y de reestructuración académica para el primer centro docente del país.
Fernández discutió el plan, de carácter preliminar, junto al director de la Oficina de Finanzas de Administración Central, Norberto González, y el vicepresidente de Asuntos Académicos de la UPR, el doctor Carlos Ramos. Una versión final debe entregarse el 31 de este mes a la Junta de Control Fiscal (JCF) impuesta a la isla por la ley federal Promesa.
“El proceso de evaluación de los programas académicos no es un proyecto de la JCF. Desde el 2014 la UPR se impuso esta tarea. La junta [federal] lo que trae al proceso es cierta premura”, indicó Ramos.
Como parte de la reestructuración de la oferta académica, el vicepresidente de Asuntos Académicos detalló que datos preliminares apuntan a que 77 de 271 programas subgraduados de la UPR –un 28% del total– caen bajo la categoría de “bajo nivel de efectividad”. Ramos indicó que la “baja efectividad” es determinada tanto por la tasa de graduación como por la tasa de retención de cada programa; en estos casos, la primera es la más baja de las dos.
El plan utiliza este concepto en dos etapas. En la primera, cada unidad debe identificar e informar el 50% de los programas que se encuentren en el renglón de “baja efectividad” –cerca de 39 de los 77 programas señalados– para que no se incluyan en la oferta hábil para el año académico 2018-2019. Estos informes se entregarán entre el 24 y el 31 de marzo.
En la segunda etapa del plan, se identificarían e informarían el 50% de los programas restantes catalogados como de “bajo nivel de efectividad” para que no se incluyan en el programa académico 2019-2020.
Fernández describió este proceso de avalúo como una “mirada crítica a nuestra universidad”.
“Hay programas que los estudiantes los utilizan para acceder a la unidad y luego reclasificarse a otro programa”, aseguró la presidenta interina. En ese caso, la unidad deberá decidir si mantendrá el programa como uno meramente de acceso o como uno de graduación.
Los rectores tienen dos opciones si desean preservar un programa considerado de “bajo nivel de efectividad”. La primera sería evaluar las deficiencias del programa y hacer los ajustes pertinentes para que este presente los resultados deseados. La segunda sería colocarlos en periodo de moratoria, lo que le otorgaría dos años a la unidad para reestructurar el programa por completo.
En cuanto a los recortes, González informó que el total de la reducción presupuestaria de la UPR por año académico será de $201 millones para el año fiscal 2017-2018, $296 millones para el 2018-2019, $382 millones para 2019-2020 y $453 millones para el 2020-2021.
El director de finanzas explicó que actualmente la UPR recibe $833.9 millones designados por la fórmula congelada desde el 2014 por la Ley 66, $40 millones de resoluciones conjuntas, y aproximadamente $62 millones por parte de la Compañía de Turismo, para un total aproximado de $935 millones provenientes de las arcas gubernamentales. La JCF sugirió, y la administración actual lo avaló en el Plan Fiscal para Puerto Rico, que se reduzca la aportación del gobierno a la UPR en $450 millones para el 2021.
Aunque todavía no es vinculante y la JCF no se ha expresado, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares envió una carta ayer al ente federal donde proponía que el ajuste presupuestario de la UPR no tiene que llegar a los $450 millones, sino a $241 millones, pues el restante se lograría mediante leyes, reglamentos y órdenes ejecutivas –como la Ley 8 y la Orden Ejecutiva 21– que permitirían a la universidad allegar fondos por contratos de asesoría, de readistramiento, y de tutorías con distintas entidades gubernamentales y municipales.
Aunque actualmente se encuentran en proceso dos contratos –uno entre la UPR en Carolina y el Departamento de Educación, y otro entre el Recinto de Río Piedras y el Departamento de la Familia– el plan fiscal del primer centro docente del país no contempla que las agencias gubernamentales no puedan pagar la prestación de servicios a tiempo. Estos dos contratos se dan en cumplimiento con la Orden Ejecutiva 21, que dispone para los proyectos de alianza interagenciales.
Fernández mencionó que a pesar de utilizarse como punto de partida para la implementación de la matrícula ajustada a los ingresos el modelo recomendado en el informe del Comité para la Revisión del Método y Condiciones para Establecer los Cargos de Matrícula (CAFI II), aún no se tiene la estructura final. El modelo se aplicaría el año académico entrante, que inicia el 1 de julio de 2017.
Además, la oficina de la presidenta aún se encuentra en espera de respuesta a su solicitud de reunión con el presidente de la JCF, José Carrión III.
Interrupción parcial por manifestación estudiantil
El comienzo de la reunión de la Junta de Gobierno de la UPR se vio interrumpido por una marcha estudiantil convocada por la Colectiva Independiente Radical y la Unión de Juventudes Socialistas. Los manifestantes lograron tener acceso al exterior del cuarto de conferencias donde se llevaba a cabo el cónclave del cuerpo rector. Iniciada la reunión, las consignas estudiantiles se escuchaban en el fondo de la transmisión en línea. Algunos estudiantes intentaron abrir la puerta sin éxito, por lo que procedieron a golpearla.
Debido a esto, la junta decretó un receso y cinco integrantes del ente administrativo –el licenciado Frank Catalá, la representante claustral Gloria Butrón, el representante estudiantil subgraduado Pedro Rodríguez, y el representante estudiantil graduado Gilberto Domínguez Escalera– bajaron a dialogar con los estudiantes.
Entre los acuerdos a los que llegó la Junta de Gobierno están la aprobación –con cinco votos a favor y cuatro abstenidos– de una moción para favorecer la auditoría de la deuda pública. El presidente de la Junta de Gobierno, Carlos Pérez, así como el miembro ex officio y representante de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera (Aafaf), Alejandro Camporeal, y secretaria de Educación, Julia Keleher, formaron parte de los que no participaron en la votación.
La segunda moción, para que la Junta de Gobierno se expresara en contra de los recortes presupuestarios que enfrenta la UPR, también fue aprobada. Esta, presentada por el representante estudiantil Domínguez Escalera, tuvo el aval de seis de los nueve miembros presentes; nuevamente, Keheler y Camporeal se abstuvieron.
A continuación el informe presentado por la presidenta interina a la Junta de Gobierno:
Informe Junta de Gobierno – 20 de Marzo de 2017
