Enfrentada con la imposición de modificar el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en $300 millones menos para el 2019, la presidenta interina de la institución, Nivia Fernández, ve el ejercicio en dos variables: “ajustar” operaciones por un lado, y “allegar” ingresos por el otro.
Afirmó, empero, que “tenemos que aceptar los recortes”, y que todavía es muy prematuro decir cuánto dinero podría recibir la UPR –ya sea mediante la revisión de la oferta académica o mediante acuerdos con agencias gubernamentales– y en cuánto tiempo se desarrollaría esa estrategia.
Es precisamente en esa variable, la de allegar fondos, donde Fernández Hernández espera concentrase para impedir más recortes que –según el borrador del plan fiscal de la UPR que ya circula públicamente– ascienden a $111 millones en ajustes operacionales más $31 millones por una matrícula ajustada a los ingresos, para un total de $142 millones de cara al próximo año fiscal 2017-2018, menos de la mitad de lo “sugerido” por la Junta de Control Fiscal (JCF) en enero.
Las declaraciones de la funcionaria se dieron en medio de una pausa de su reunión esta mañana con los presidentes de los consejos estudiantiles de las once unidades de la UPR, así como los dos representantes de ese sector ante la Junta de Gobierno de la institución.
“La posición de la universidad es que no es posible recortar $300 millones. Hemos hecho un ejercicio doloroso de llegar hasta $111 millones más el componente de matrícula ajustada [un estimado de $31 millones] que es lo que estamos discutiendo con los estudiantes”, sostuvo Fernández.
La presidenta interina detalló que en el borrador del plan fiscal se perfila que para el 2018-2019 la institución recibiría en sus arcas $55 millones a través de la revisión de su oferta académica –específicamente, expandiendo el ofrecimiento de clases nocturnas, clases de educación continua, y clases online– y del “Programa de adiestramiento y talleres para capacitación de empleados públicos”. Este programa se nutriría de las disposiciones de la Ley 8 (conocida coloquialmente como la Ley del Empleador Único) y la Orden Ejecutiva 21.
Considerando, pues, las partidas de ajustes operacionales, aumento de matrícula según los ingresos e iniciativas para allegar fondos, esto dejaría a la UPR con casi $200 millones de cara al 2019. Es dentro de ese marco que Fernández enfatizó que “no estamos de acuerdo en recortar” más, por lo que estaría reuniéndose en las próximas semanas con funcionarios de agencias gubernamentales para ver cómo allegar los restantes $100 millones mediante acuerdos.
La administradora universitaria puso la mirilla en 40 agencias, entre ellas Salud, Educación, Agricultura, y las que trabajen con programas de rehabilitación vocacional cuyos servicios puedan alinearse con los ofrecimientos de la UPR.
La apuesta, dijo, es a la “gestión interagencial para allegar más fondos y poder tener ese contrabalance que la universidad necesita”.
“[Es explorar] nuestra oferta académica y nuestros investigadores, para ver qué podemos ofrecer en servicios y consultoría” al gobierno, añadió Fernández. Un primer paso, sumó, sería que la UPR trabaje en conjunto con las agencias en los programas que reciban fondos federales.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo en campaña que su gobierno establecería medidas –como la Ley 8 y la Orden Ejecutiva 21– que allegarían entre $450 y $500 millones al primer centro docente del país.
Considerando lo anterior, Fernández indicó a Diálogo que es muy prematuro fijar un número por la variable de “allegar” fondos más allá del estimado “conservador” de $55 millones, y que hasta que no se den las reuniones con los funcionarios de las agencias, no se podrá alterar la cifra. Sin embargo, dejó entrever que su expectativa es que los fondos a ser allegados puedan incluso superar la modificación presupuestaria de $300 millones.
Una edición más específica del plan fiscal de la UPR debe estar listo para el 28 de este mes, cuando el gobierno entrega su propio plan fiscal. La universidad deberá entregar la versión final del documento el 31 de marzo a la JCF. Será durante ese periodo que Fernández iniciará las reuniones con las agencias.
