Sin brindar una cifra específica, el gobernador de Puerto Rico anunció que si su Plan de Estabilización Fiscal para atajar el déficit gubernamental de $3,200 millones se queda corto, tendrá que despedir empleados públicos. “No te puedo anticipar la cantidad exacta de los empleados que se verán afectados porque el número dependerá de los ahorros en los gastos operacionales, la congelación de salarios y demás beneficios, y del número de empleados que se acojan a los programas voluntarios. Pero te soy franco, la cantidad puede ser significativa y me temo que pueden exceder los 30,000 empleados”, dijo el Gobernador con rostro sombrío en un mensaje televisado de 30 minutos. Una vez más, Fortuño calificó su propuesta como una medicina amarga, y habló insistentemente de sacrificios con sensibilidad y compromiso. El anuncio del plan del Primer Ejecutivo surge luego de que hace unos meses un Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal integrado por figuras del sector privado le rindiera un informe sobre el estado de la economía y las finanzas del gobierno junto a una serie de recomendaciones para atender la situación crítica. Las medidas que tomará el Ejecutivo previo a proceder con despidos en el gobierno serán: reducción salarial del Gobernador en 10%, reducción de 5% a los salarios de los jefes de agencia hasta el 2010, congelación a los aumentos de sueldo y beneficios marginales de los empleados públicos por dos años, un plan de retiro incentivado y un plan voluntario para que empleados con 20 años o más en el servicio público reduzcan su jornada permanente en un día por quincena. El plan anunciado por el Gobernador no aplica a las ramas Judicial y Legislativa, ni a la Universidad de Puerto Rico y los municipios. Aun así, Fortuño invitó a estos organismos públicos a tomar medidas similares para enfrentar los tiempos de estrechez económica en el erario. Aparte de las medidas relacionadas a la nómina pública, el Mandatario anunció una serie de medidas impositivas, algunas de carácter temporero. La administración de gobierno declarará una moratoria en parte de los programas de créditos contributivos a las empresas. También se impondrá por dos años un ajuste temporero del 5% en la contribución sobre ingreso de todas las corporaciones, bancos, compañías de seguro y entidades bancarias internacionales, y un cargo temporero del 5% sobre los ingresos de cooperativas de seguro y cooperativas de ahorro y préstamo cuyo ingreso neto no exceda $250,000 al año. Se anunció, así mismo, un ajuste temporero de 5% en la contribución sobre ingreso de los individuos que ganen más de $100,000 al año y matrimonios que ganen más de $150,000 anuales. Otra de las medidas impositivas es un cargo estatal temporero en la contribución sobre la propiedad inmueble residencial a casas de alto valor. Los cigarrillos, cervezas y vinos tendrán un aumento en el arbitrio. Estos ingresos serán dirigidos a cubrir gastos de la Tarjeta de Salud para medico-indigentes. El Gobernador aseguró que el Departamento de Hacienda trabajará con un programa de cumplimiento voluntario de responsabilidad contributiva y mejor fiscalización. De otro lado, Fortuño anunció tres medidas que forman parte de lo que denominó como “Plan de Reconstrucción para Puerto Rico”. Una de las medidas establece los usos que se darán a los $5,000 millones que llegarán a Puerto Rico como parte del Plan de Estímulo Económico de Estados Unidos, mientras que una segunda medida detalla el “Plan de Estabilización Económica Criollo’. Este último cuenta con ocho componentes que incluyen un proyecto de estímulo al comerciante para el cual se destinan $180 millones en préstamos. Otros de los componentes son: un programa para desarrollar obra permanente en los municipios, un plan de bonos para pensionados, un programa de refinanciamiento de préstamos hipotecarios en riesgo de ser ejecutados por la banca, la creación de un fondo conjunto con el sector privado para reactivar los incentivos de $25,000 para la compra de casas nuevas y de $10,000 para casas reposeídas, un plan de financiamiento interino de construcción para viviendas de interés social y un programa de readiestramiento para desempleados. La tercera medida es la legislación que promueve las alianzas público-privada para el desarrollo de infraestructura en el país. La expectativa del Gobernador es inyectar más $7,000 millones a la economía en los próximos años. Las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo pasarán a la consideración de la Rama Legislativa mediante cuatro proyectos de ley.
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