En una carta dirigida al gobernador Ricardo Rosselló, el profesor de ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) Marcel Castro Sitiriche reiteró la postura de su facultad en oposición a los recortes que impone el plan fiscal del gobierno a la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Castro Sitiriche apunta a que, a pesar de que en cada una de las versiones del plan fiscal sometidas hasta el momento por el gobierno el nivel de liquidez disponible es mayor, los recortes a la UPR se mantienen intactos. El plan fiscal del gobierno entregado a la Junta de Control Fiscal (JCF) el 24 de enero proyectaba un déficit acumulado de $3,423 millones a lo largo de los próximos cinco años, mientras las versiones del 12 de febrero y el 23 de marzo proyectaron superávits de $3,413 millones y $6,047 millones, respectivamente.
La versión más reciente del plan fiscal proyecta un superávit acumulado de sobre $6,000 millones. (Twitter/Marcel Castro)
Sin embargo, “en todos los borradores de planes fiscales mencionados los recortes a la UPR se mantienen igual desde el 2018 al 2023 totalizando un recorte acumulado de $2,026 millones si usamos como punto de partida los $834 millones que fueron presupuestados desde el 2014 al 2017 bajo la Ley 66”, señala Castro Sitiriche.
El profesor igualmente hace una comparación entre los recaudos del fondo general entre 2004 y 2017, cuando a la UPR le aplicaba la fórmula de financiamiento del 9.6% de los recaudos —hasta el 2014, cuando la cifra se congeló en $834 millones— y las proyecciones del plan fiscal.
Las asignaciones a la UPR se reducirán drásticamente. (Twitter/Marcel Castro)
Aunque en los próximos cinco años los ingresos anuales del gobierno aumentarán de $8,100 millones a $8,500 millones, la aportación a la UPR disminuirá hasta $410 millones para el año fiscal 2022.
“Si le aplicamos la fórmula de 9.6%, la asignación gubernamental a la UPR sería de aproximadamente $800 millones en el peor de los casos”, plantea el también presidente de la Asociación de Profesoras y Profesores del RUM (Aprum).
Finalmente, Castro Sitiriche subraya la aparente discrepancia entre la reducción de incentivos contributivos a empresas privadas —que en 2012 fueron calculados en $1,600 millones — y el recorte en el subsidio a la UPR.
“Si le restamos $600 millones debido a la reducción anual [a los incentivos] de $100 millones, el total proyectado en gastos fiscales de 2018 al 2023 serían $9,000 millones o un 94% del total. Esta pequeña reducción contrasta con los recortes drásticos propuestos a la UPR de $5,000 millones a $2,978 millones o un 60% del total”, sostiene Castro Sitiriche.
Los subsidios a la UPR históricamente han sido menores que los incentivos a la industria privada. (Twitter/Marcel Castro)
“Es importante señalar que en estudios que han realizado economistas como Ramón Cao se ha determinado que muchos de los subsidios privados no rinden ningún beneficio a la economía del país mientras que la inversión en la UPR tiene un impacto multiplicador en la economía del país de $1.56 según el estudio realizado por los economistas José Alameda y Alfredo González”, puntualiza el docente.
La carta de Castro Sitiriche igualmente sigue la línea del llamado Plan Fiscal Sostenible desarrollado por Aprum en colaboración con el también colectivo docente Protestamos.
El Plan Sostenible, en esencia, rechaza el nivel de recortes a la UPR propuestos por el gobierno, aunque miembros de la jefatura universitaria, como el licenciado Walter Alomar, presidente de la Junta de Gobierno, criticaron que incluyera propuestas fuera del control de la institución.
“El único cuerpo oficial de la UPR que apoya los recortes propuestos ha sido la Junta de Gobierno, a pesar de que todas las personas elegidas por la comunidad universitaria a la Junta de Gobierno se opusieron al plan fiscal de la UPR que asumen los recortes presentados por el gobierno a través de la Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal)”, esboza Castro Sitiriche en la carta a Rosselló Nevares.
La JCF ha establecido el 20 de abril como la fecha límite para certificar tanto el plan fiscal del gobierno central como el de la UPR.
