Por un lado, la Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene que presentar soluciones a los problemas –económicos, fiscales y sociales– que enfrenta el país. Por el otro, tiene que justificar por qué no tolerará más recortes en su sistema, asunto que en distintos foros se ha pronosticado como inminente.
Lo anterior, en síntesis, es la encrucijada que enfrenta el primer centro docente de la isla, según representantes de la comunidad universitaria que conversaron con Diálogo.
Debido a la crisis que enfrenta el país, la UPR está tomando medidas para disminuir gastos e incrementar sus ingresos. El pasado año, por ejemplo, diversas medidas de austeridad llevaron a que la institución tuviera un ahorro de $121 millones en su presupuesto.
Asimismo, en agosto, la Junta de Gobierno reinstauró el aumento escalonado en el costo de la matrícula, que estuvo en moratoria desde el 2013.
Además, la administración universitaria labora en un estudio para evaluar la viabilidad de reducir o eliminar programas académicos. A este panorama se le suma la Junta de Control Fiscal, que puede hacer recortes en el sistema universitario y que el pasado martes sugirió eliminar la fórmula de la UPR y ajustar la matrícula según los ingresos.
Ante este panorama, José Torres, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) de la UPR, expresó que antes de evaluar medidas de consolidación de unidades o programas se deben investigar otras áreas en las que se puedan recortar gastos, sin perjudicar a los estudiantes y empleados.
Torres, por ejemplo, criticó que hayan recintos que contraten compañías privadas de relaciones públicas porque “eso no hace falta”. De igual modo, mencionó que “hay muchos contratos en asesoría legal”, al tiempo que aseguró que “todos los recintos tienen grasa de dónde cortar”.
Reducir la oferta académica y fomentar la educación a distancia
En cuanto al estudio que realiza la administración universitaria sobre la oferta académica, Gilberto Domínguez, representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno UPR, admitió que esta evaluación ha contado con la participación de los docentes y las rectorías de las unidades del Sistema UPR. No obstante, le preocupa la acción que se pueda tomar a partir de ese documento.
“Yo te puedo decir que definitivamente hay programas que se reproducen. Yo creo que lo que se está buscando es que esa repetición se disminuya. Es lo más obvio, pero hay que considerar qué tipo de carreras vamos a ofrecerle al país y qué oportunidad vamos a darle a un sector poblacional que no está en lugares privilegiados”, apuntó Domínguez, estudiante de Derecho.
Otra de las alternativas para atender los retos fiscales desde el interior de la academia, y que se contempla en el recién aprobado Plan Estratégico 2017-2022, es el desarrollo de la educación a distancia. Según el representante estudiantil, “la universidad se ha quedado atrás y eso [la educación a distancia] es algo a lo que se le puede sacar mucho provecho. Si eso no se desarrolla nos quedaremos estancados”.
El rol de la UPR en tiempos de crisis
Para Torres, el hecho de que la universidad se inserte en el proceso de desarrollo económico del país es una obligación. En esa línea, afirmó que la institución tiene que ser partícipe y ofrecer las soluciones antes de que se las soliciten.
“Es una responsabilidad que tiene y no puede dejar a un lado. Nosotros tenemos que hacer acto de presencia en apoyo a la crisis que está enfrentando el país”, manifestó el empleado universitario.
Con Torres coincidió la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Naysha Alcalá, quien aseguró que el organismo que lidera está buscando propuestas para presentarle al gobernador entrante, Ricardo Rosselló.
“En su plataforma no habla mucho de la UPR, lo que nos hace pensar que quizá sus ideas sean improvisadas. Para que eso no suceda, nosotros estamos buscando qué propuestas le podemos presentar, dejándonos llevar por su visión de la UPR. Ahora mismo el Recinto de Río Piedras hizo el llamado para reunirse con el gobernador y nosotros vamos a endosar esa carta para vernos lo antes posible”, indicó la estudiante de Ciencia Política.
Al igual que Torres y Alacalá, Domínguez mencionó que la universidad debe estar dispuesta a ser un aliado de las comunidades, y ser una herramienta de estudio para el gobierno.
“Hay muchos servicios que la universidad puede ofrecer a los diferentes municipios, como por ejemplo, los adiestramientos a los empleados gubernamentales. De ese modo, la institución puede justificar su existencia”, recalcó el estudiante graduado.
Defender la universidad
Ante la posibilidad de más recortes al presupuesto de la institución y la medidas que pueda tomar la JCF, Torres mencionó que la HEEND se ha expresado en contra de la JCF y que van “a seguir manteniendo esa lucha”.
No obstante, articuló que está en la mejor disposición de sentarse a dialogar con la administración universitaria para ver de qué manera se logran acuerdos que no menoscaben los beneficios de los trabajadores y sin olvidar “que la universidad es una entidad que todos tenemos que defender”.
Asimismo, añadió que todos los sectores universitarios tendrán que hacer una aportación al mejoramiento financiero y a la estabilidad de la universidad. Sin embargo, no aceptará que le “quiten a unos y otros se sirvan con la cuchara grande como ha pasado en otras ocasiones, que a los trabajadores nos ofrecen migajas mientras que los administradores que llegan se sirven tajadas espantosas”.
“Nosotros vamos a llevar la voz del estudiantado, que es mantener la universidad abierta para el pueblo. La UPR no puede desviarse para cumplir con la administración porque su deber es cumplir con el estudiantado”, destacó, por su parte, la presidenta del CGE del RUM.
De igual modo, Domínguez puntualizó que sería intolerable que, sin ningún tipo de consulta, se decida hacer recortes “a diestra y siniestra. Eso sería injustificable”.
