“Proyectos críticos”: crecimiento económico cueste lo que cueste

Yo no estoy contra el progreso

si existiera un buen consenso

Errores no corrigen otros

eso es lo que pienso

— Roberto Carlos, El Progreso (1976)

---

Imagine que la ley Promesa es una bomba de tiempo que está a punto de explotar. Suponga, además, que la salud ambiental de Puerto Rico es uno de varios daños colaterales y que la excusa para sacrificarla es el cumplimiento de una agenda económica que pretende atender la crisis fiscal cueste lo que cueste.

Bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) es válida la compra y venta de tierras del Estado que albergan suelos agrícolas y recursos naturales para la construcción y toda iniciativa relacionada a la infraestructura. Porque bueno, para el gobierno la prioridad es el “progreso” y salir de la crisis de alguna forma.

Por eso, la filosofía de vender terrenos públicos —ya sean reservas naturales o no— para pagar la deuda nacional está presente en la ley federal.  Mientras, en el Título V de Promesa —ley que impuso la hoy conocida Junta de Control Fiscal (JCF)— se establece una estrategia de revitalización para la infraestructura de la isla. En esa línea, los fondos que se generen a través de la inversión en iniciativas de infraestructura serán designados para el pago de la deuda pública. Esto, bajo el establecimiento de medidas similares a la adjudicación de permisos vía fast track.

No obstante, como todos los estatutos de Puerto Rico pueden ser derogados bajo Promesa, las leyes ambientales, de planificación y de permisos de Borinquen también están en riesgo de ser violentadas por la ley impuesta por el Congreso de Estados Unidos el 30 de junio de 2016.

Y se habla de “proyectos críticos”. Es decir, de la otorgación de permisos para construcciones de carreteras, proyectos de energía renovable o telecomunicaciones, así como de múltiples iniciativas de infraestructura que, según lo contenido en Promesa, —y en las órdenes ejecutivas 3 y 4 emitidas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares— pueden incluir proyectos energéticos de energía renovable (eólica y solar), gas natural y conversión de desperdicios sólidos.

Igualmente, proyectos de acueductos y alcantarillados, de mejoras a los embalses y plantas de tratamiento. Asimismo, otras obras relacionadas con la transportación y  los puertos, y construcciones y mejoras a las carreteras.

Sin embargo, lo que no se dice —ni en Promesa ni en las órdenes ejecutivas 3 y 4 de Rosselló Nevares, con las que se acogió estatalmente el Título V de la ley federal— es que todas esas medidas no necesariamente contemplan salvaguardar el patrimonio ambiental, sino todo lo contrario. Como ya lo dio a conocer este medio, nuestro patrimonio natural ha sido empeñado.

Y es que en un estado de emergencia, en cuanto a infraestructura se refiere [OE-2017-003], los “proyectos críticos” hacen vulnerables las tierras pertenecientes al Estado, pues se valida —por encima de cualquier ley estatal— la siembra de cemento en áreas verdes como estrategia de crecimiento económico.

En ese sentido, toda iniciativa que ‘logre justificar’ una aportación económica al país puede ser considerada. Entiéndase, construcción de hoteles o de todo tipo de complejos recreativos que sirvan de morfina fiscal para el gobierno.

Pero, al día de hoy, el gobierno no ha definido con exactitud cuáles serán los proyectos. Eso sí, se han mencionado algunos posibles candidatos.

Según el Título V de Promesa, para lograr establecer cuáles serán oficialmente los “proyectos críticos” se nombrará un Coordinador de Revitalización que responderá a la JCF y quien tendrá la responsabilidad de considerar los proyectos que se propongan, ya sean nuevos proyectos o aquellos que ya estén en desarrollo, pero que no estén oficialmente identificados como “críticos”. Además, será el encargado de rendir informes que recomienden o denieguen permisos para dar luz verde a este tipo de iniciativas en la JCF.

De acuerdo al planificador José Rivera Santana, el gobierno se limitó a reproducir el Título V de Promesa para efectos de las leyes en Puerto Rico, “pero de todas formas ese Título V tiene más jerarquía” que lo que haya aprobado el gobierno.

“Básicamente, lo que hicieron fue crear un grupo que va a estar bajo la dirección de una figura que nombrará la Junta de Control Fiscal y que, en la práctica, se convertirá en el Zar de los procesos de permisos y planificación, porque va a dirigir ese grupo interagencial [donde estarán todas las agencias vinculadas al ambiente y la planificación] y va a tener el mandato exclusivo para que los procesos y los permisos se hagan de manera expedita, de acuerdo a la Ley 76 del 2000 y a Promesa”, destacó Rivera Santana.

Empero, el puesto de Coordinador de Revitalización está vacante desde enero, tras la confirmación de la renuncia de Aaron Bielenberg, nombrado en noviembre por el exgobernador Alejandro García Padilla, y quien a través de la firma McKinsey & Company se dedica a impulsar organizaciones energéticas del sector público y privado, así como de infraestructura y otros sectores relacionados al desarrollo de proyectos y financiación, tanto en América como en Europa, Medio Oriente y África.

Ante la vacante del puesto, aún se desconocen los nombres de los tres candidatos que, según establece Promesa, la JCF tiene que someter ante la consideración del gobernador para ocupar el puesto de Coordinador de Revitalización y liderar el grupo interagencial que oficializará los “Proyectos Críticos”.

Más allá de la posición gubernamental que contempla revitalizar bajo el sello de “proyectos críticos” la antigua base Roosevelt Roads en Ceiba y el Puerto de las Américas en Ponce quedan, entonces, en el aire cuáles serán los proyectos que, en efecto, conformarán el listado oficial de iniciativas “críticas” que pondrán en juego los recursos naturales mediante la posible venta de terrenos a inversionistas privados con interés en desarrollar en territorio borincano.

Como ya lo reseñó Diálogo, recientemente el gobernador catalogó de “proyectos críticos” varias iniciativas de infraestructura. Entre ellas la extensión de la PR-22 de Hatillo a Aguadilla, proyecto que impactaría sobremanera la zona del karso; mejoras a la infraestructura de escuelas públicas y el dragado del Caño Martín Peña. Todas estas propuestas se realizarían, según Rosselló Nevares, vía alianzas público-privadas participativas.

Por otra parte, cabe destacar que, a partir de la fecha que la JCF dé a conocer los nombres de los candidatos a ocupar el puesto de Coordinador de Revitalización, el gobernador tendrá diez días para confirmar su selección. No obstante, según Promesa, si el gobernador no selecciona al Coordinador de Revitalización, será la Junta la que, por voto mayoritario, nombrará al nuevo funcionario.

Así las cosas, a partir del sometimiento de cada “proyecto crítico”, el Coordinador de Revitalización, en consulta con el gobernador y las agencias que conformarán el grupo interagencial, desarrollará un informe de proyecto crítico dentro de 60 días, luego de la sumisión del proyecto. Esta deberá incluir: una evaluación del proyecto y una recomendación del gobernador sobre si el proyecto debe considerarse como “crítico”.

“Una falsa noción de progreso”

Ante la incertidumbre que reina bajo Promesa en cuanto a los recursos naturales y el ambiente en general, ¿cómo superar la crisis de forma responsable? Según Rivera Santana es momento de que la ciudadanía reconozca que este tipo de iniciativas responden a una falsa noción de progreso. También, que hagan frente a las imposiciones que atenten contra la vida, pues “el progreso no es sinónimo de varilla y cemento”.

“Si en algún país sabemos que eso no es correcto es en Puerto Rico. Aquí se le dio mano libre a la industria de la construcción para desarrollar o construir una tipología urbana desparramada que no nos sacó de la crisis, sino que la aumentó. Aquí hubo que hacer grandes inversiones en infraestructura para poder llevar los servicios a una zona urbana desparramada que si hubiera mantenido un crecimiento controlado en la zona ya construida no hubieran sido necesarias grandes inversiones en infraestructura que tienen a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), así como a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con grandes deudas acumuladas que forman parte de la crisis”, señaló.

“El verdadero progreso se ha quedado en el papel de las leyes. Se ha hecho muy difícil ejecutarlo, principalmente por la resistencia de los sectores que anteponen sus intereses económicos. Y esos sectores no solo incluyen a la industria de la construcción, sino también al sector financiero que también se ha lucrado con el financiamiento de este tipo de proyectos. También se han opuesto a que hayan reglamentaciones y normativas que permitan un desarrollo inteligente, planificado, como se supone que sea el desarrollo”, manifestó el planificador.

Para Rivera Santana es momento de redefinir los intereses nacionales y que el gobierno establezca de forma responsable las prioridades de cara al futuro, porque no solo está en juego la salud ambiental, sino el bienestar colectivo de todo un pueblo.

“Hay que denunciar e insistir que esto no puede ocurrir. En segundo lugar, hay que retar las decisiones que tome la Junta. En este caso, las decisiones que tome este grupo interagencial y su Coordinador de Revitalización. Y cuando digo retar es que si se aprueba un proyecto que sea en detrimento para la gente nuestra, los ciudadanos y nuestras comunidades, hay que actuar para detenerlos”, puntualizó.

Crecimiento económico no es desarrollo económico

Según un grupo de expertos —reunidos por el Instituto de Dasonomía Tropical para discutir las posibles implicaciones sobre las tierras protegidas y las agrícolas, así como para identificar estrategias y exponer consecuencias u opciones disponibles para enfrentar esta coyuntura histórica— el desarrollo económico no debe ser confundido con el crecimiento económico.

En esa línea, aprovecharon para manifestar —en un documento circulado a Diálogo— su posición en contra de cualquier intento por sacrificar los recursos naturales y el ambiente.

“Puerto Rico necesita una nueva forma para ejecutar su desarrollo, que sea inclusivo y con justicia social. O sea, basado en la gente y para la gente, y que sea sustentable […] Se deben reexaminar todos los aspectos de la presente economía, como por ejemplo: qué tipos de comercios queremos, qué tipos de industrias, qué tipos de importaciones debemos sustituir”, lee el texto titulado Conversación acerca de los efectos de la situación económica sobre las tierras de Puerto Rico y el cumplimiento de reglamentaciones ambientales.

En el escrito se subraya, además, el hecho de que la titularidad de los terrenos nacionales se torna vulnerable durante las negociaciones con los deudores del gobierno.

“Entran en consideración terrenos de las corporaciones públicas, los terrenos de la Universidad de Puerto Rico, de la Autoridad de Tierras, de la Administración de Terrenos y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, destacan, a la vez que añaden que tanto la AEE como la AAA, las Autoridad de Carreteras, la Autoridad de Puertos y Pridco están envueltas en la vulnerabilidad de terrenos públicos. En otras palabras, que las tierras que estén bajo estás agencias pueden ser vendidas bajo Promesa como estrategia para lograr crecimiento económico.

Para los expertos, entre los que se encuentra Abel Vale, el economista José Alameda y Luis Jorge Rivera Herrera, el proceso de planificación en Puerto Rico ha perdido su enfoque y se ha desvirtuado, por lo que se requiere un reajuste para lograr mayor sensibilidad ante las condiciones nacionales y para que sirva de forma responsable a los ciudadanos.

“Un ejemplo de la inefectividad del proceso de planificación es el canon de responsabilidad que se enfoca en la etapa de construcción y no en el funcionamiento de lo construido. Como consecuencia, la ciudadanía queda desprovista cuando se descubren fallas en las construcciones y no encuentran a quien adjudicarle la responsabilidad o cuando no existe mantenimiento para las obras construidas”, sentenciaron en su análisis.

Para Alameda, la Junta de Control Fiscal, “que se supone venga a arreglar los problemas”, vino a hacer todo lo contrario. Según el economista, la situación fiscal de Puerto Rico continuará empeorando y agravando el día a día de los que sudan la patria. Y eso no es todo, a su modo de ver, el gobierno no cuenta con un plan completo para atajar la crisis y la coyuntura histórica que atraviesa el país.

“La junta, tratando de arreglar, parece que va a dañar otras cosas. Y en el plan de Ricardo Rosselló, aprobado por la junta, hay unos problemas graves. Ellos no reconocen lo que los estadísticos y economistas reconocen cuando proyectan a largo plazo: que mientras más largo sea el horizonte de tiempo, más incertidumbre hay sobre la proyección”, afirmó Alameda, no sin antes sentenciar que más allá de Promesa, “la junta está creando unas condiciones que en el futuro no van a permitir que los planes de recuperación se den”.

*Disfrute de Roberto Carlos interpretando El Progreso en vivo

---

Este reportaje es parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.

Sigue aquí la serie especial:

1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa

2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas

3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos

4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa

5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)

6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)

7. “Proyectos críticos”: crecimiento económico cueste lo que cueste

Comentarios