Feria de Estudios Graduados 2023 en UPR-RP
La demanda alega que la Junta de Control Fiscal priva al pueblo puertorriqueño de su derecho a la auto determinación. (Archivo)
Un grupo de ciudadanos, organizaciones cívicas y sindicales radicaron una demanda en el Tribunal Federal para impugnar la constitucionalidad de la Junta de Control Fiscal (JCF) y la Ley Promesa que impuso el Congreso de Estados Unidos en Puerto Rico.
Los demandantes piden al Tribunal de Distrito en San Juan que declare “ilegal, nula e inconstitucional” la imposición de la JCF al gobierno local por entender que viola la Declaración de Independencia, así como la Primera, Quinta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos; además de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La demanda está dirigida contra el gobierno de Estados Unidos, la Junta de Control Fiscal y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en su capacidad oficial.
“Ciudadanos, jubilados, bonistas, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones profesionales y de maestros forman el grupo de demandantes, convencidos de que la actuación del Congreso es injusta, anacrónica y contraproducente a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, manifestaron en un parte de prensa.
La demanda, radicada ayer, está encabezada por el abogado René Pinto Lugo y los representan los abogados Roberto Maldonado Nieves y Reynaldo Pérez.
También, se unieron el Movimiento de Concentración Ciudadana Inc. (Vamos), la Unión de Empleados de Oficina y Profesionales de la Autoridad de Edificios Públicos (Ueogaep), la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas Inc. (Uitice), la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA), la Unión de Empleados de Oficina Comercio y Ramas Anexas, Puertos (Ueocra), la Unión de Empleados del Banco de la Vivienda (UEBV), la Unión de Empleados Profesionales Independientes (UEPI), la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete), la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA) y la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (Ajaee).
“El grupo coincide en que los poderes conferidos a la junta despojan al Pueblo de Puerto Rico de unos derechos humanos y civiles, y de la oportunidad de gobernarse dentro del marco de una sociedad democrática. La Ley Promesa inhabilita el gobierno propio de Puerto Rico y constituye una imposición sobre su estructura social, política y económica”, expresó Maldonado.
Por ser una ley del Congreso, puede ser cuestionada ante los tribunales federales y allí disputar su legalidad y constitucionalidad, argumentaron.
Las alegaciones de la demanda plantea, entre otras cosas, que al imponer la JCF a Puerto Rico bajo los poderes de Promesa, el Congreso y el ente federal privaron al pueblo puertorriqueño y los demandantes de su derecho a la autodeterminación, y otros derechos bajo los mencionados decretos.
Aunque Promesa se basa en el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución, Estados Unidos renunció a ejercer autoridad colonial sobre Puerto Rico y a adoptar reglamentos sobre el país basados en dicha cláusula constitucional al unirse a la Carta de las Naciones Unidas en 1945, y los otros tratados. Por lo tanto, la demanda argumenta que “la creación de JCF y su imposición sobre Puerto Rico por el Congreso es nula e inválida y conforme a ello debe ser declarada inconstitucional, tal como cualquiera y todos los actos de la JCF, y los procedimientos bajo Promesa deben detenerse”.
La Carta de las Naciones Unidas establece el derecho universal de los pueblos a su autodeterminación y respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. Para aquellos países miembros con responsabilidad de administrar territorios que no han logrado autogobierno, reconoce el principio y obligación de proveer el bienestar de sus habitantes y ayudar en el desarrollo de su autogobierno conforme las aspiraciones de sus pueblos.
La demanda también solicita que se remueva a José Ramón González y Carlos García –ambos expresidentes del Banco Gubernamental de Fomento– como miembros del ente federal impuesto debido a sus conflictos de interés; que deje sin efecto todos los planes fiscales y sus negociaciones para el pago o ajuste de la deuda pública de Puerto Rico hasta tanto se haga una auditoría forense independiente; prohíba al gobierno puertorriqueño disponer de la totalidad o parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); e incluya al Gobierno de Estados Unidos como parte de esta demanda para que asuma todas las responsabilidades constitucionales y legales por la deuda pública de Puerto Rico.
Los demandantes exponen que son representativos de los residentes de Puerto Rico y entidades afectadas directamente por la Ley Promesa, especialmente tras la devastación causada por los huracanes Irma y María, “y la manera en que el Gobierno de Puerto Rico mal manejó la crisis socioeconómica y de salud que surgió después”.
En cuanto a los planes fiscales y sus negociaciones para el pago o ajuste de la deuda pública de Puerto Rico, solicita que la auditoría forense independiente determine cuáles personas o entidades fueron responsables de la venta ilegal de bonos para que respondan por dicha responsabilidad.
Asimismo, pide se reconozca el derecho de los demandantes y el pueblo a participar en las decisiones de conservar, administrar y disponer de la AEE, que considera un servicio esencial y el recurso natural más importante, aparte del agua.
La petición para incluir al gobierno de Estados Unidos en este caso es buscar que asuma todas las responsabilidades constitucionales y legales de la deuda pública de Puerto Rico y por la ilegalidad e inconstitucionalidad de la imposición de la JCF sobre los demandantes, Puerto Rico y sus residentes.
El caso es: RENÉ PINTO LUGO, et al, vs. The government of the United States of America, (USA); Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (the FOMB); and Ricardo Rosselló Nevares in his official capacity.
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