RCM desarrolla 12 propuestas de salud para el país

Los problemas de cobertura, costo y calidad de los servicios en el sistema de salud de Puerto Rico son evidentes. Ante este panorama, el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) presentó hoy sus propuestas para mejorar la calidad de los servicios que ofrece actualmente el sistema de salud del país.

“Proponemos decisiones que lleven al sistema de salud a responder a las necesidades de los usuarios. Esto incluye que los criterios predominantes sean la ciencia, la epidemiología, la prevención y no exclusivamente económicas”, señaló el doctor Noel J. Aymat Santana, rector del RCM, en un comunicado de prensa.

Según Aymat Santana, el RCM ha hecho un análisis con visión académica –no político partidista– que entienden puede y debe ser abrazado por todos los candidatos a la gobernación.

El gasto en servicios de salud por parte del estado antes y después de la Reforma de Salud de 1993 se duplica cada cinco años. Por lo tanto, una reforma de salud sostenible debe trascender el financiamiento de la expansión de acceso a servicios, para cambiar sustancialmente la organización y prestación de servicios de salud.

12 propuestas de salud para el país

1. La salud es un derecho universal. Se debe garantizar y respetar el derecho de las personas a la salud mediante su promoción y defensa, la garantía de igualdad de derechos y el fomento de una participación ciudadana activa. La salud no debe visualizarse ni manejarse como un bien de consumo más. La salud contribuye a generar capital social y fortalece nuestra capacidad para enfrentar las continuas transformaciones y adaptaciones que exige el mundo moderno. El mejoramiento de la salud no es solo una necesidad individual, sino uno de los requisitos para el desarrollo, sustentabilidad y cohesión social de un pueblo. Un país saludable es un país que goza de una condición inmejorable para su desarrollo social y económico.

2. Contrato social: El gobierno entrará en un contrato social entre el estado y el ciudadano, en el que ambos se convierten en socios de una estrategia de inversión en la salud como instrumento de productividad para el desarrollo pleno del individuo y el país.

3. Transparencia con el pueblo primero: El interés del usuario y su salud estará siempre por encima de compromiso alguno con intereses económicos ajenos al cumplimiento del principio de El Pueblo Primero. A esos efectos, se reconoce como política pública que la salud es un asunto de naturaleza ética, de justicia social y de derechos humanos, sobre el ánimo de lucro, garantizando un sistema justo, con equidad donde la prestación y el financiamiento de los servicios irán encaminados a dicho fin. Toda organización que realice actividades en el sector de la salud deberá rendir cuentas de su gestión para asegurar una adecuada transparencia con respecto a los servicios prestados y la eficiencia y eficacia con que se utilizan los recursos públicos.

4. Acceso y cubierta de salud universal: Asegurar que se cumpla plenamente con el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Puerto Rico requiere una cobertura de salud que esté sujeta a nuestras capacidades y recursos, que garantice a todo residente de la isla la existencia de condiciones que promuevan y protejan la salud de la población en su comunidad y trabajo, además de una atención médica-hospitalaria adecuada para enfrentar las situaciones de enfermedad, lesiones e incapacidad.

5. Gobernanza: Se reconoce que le compete al estado y no al mercado, establecer políticas públicas para la salud a las cuales estén subordinados todos los sectores, públicos y privados. El Departamento de Salud debe definir la política pública de salud y garantizar su cumplimiento. El riesgo debe de estar distribuido de acuerdo a la capacidad económica. Debe promover la educación para que los participantes del sistema y la ciudadanía en general asuman responsabilidad social y participen en todos los niveles del sistema, incluyendo el cuidado de la salud propia, el ambiente y las comunidades. Una población saludable solo se logra a través de esfuerzos intersectoriales. Asegurar la participación ciudadana en la monitoria, evaluación y fiscalización del sistema en su totalidad reconoce el carácter esencial de la transparencia. El sector de prestación y aseguramiento de servicios privados debe responder por las vidas bajo su cuidado y por tanto debe estar sujeto a la evaluación transparente por parte de las autoridades gubernamentales, junto a mecanismos de participación ciudadana.

6. Financiamiento: Garantizar acceso y cubierta universal a cuidado de salud oportuno y de calidad, con una cobertura financiera suficiente para toda la población. Propiciar la integración armónica de los subsistemas médicos-hospitalarios, públicos y privados, en una cobertura universal para asegurar un mejor aprovechamiento de los recursos destinados a la salud de la población. Reemplazar el sistema de tarifas a base de capitación por un sistema de incentivos basado en calidad y eficiencia; que invierte en medidas de resultados de cuido para guiar pagos. Se reconoce el compromiso de destinar los recursos financieros disponibles, junto con el reclamo de paridad de fondos federales, para el cuidado directo de la población, con un gasto administrativo razonable. Y que garantice que esos recursos no terminen en manos de intermediarios ajenos al interés del usuario. Para esto se deberá comenzar una transformación del sistema a uno de entidades sin fines de lucro, que respondan a los principios de este compromiso que hoy se endosa. Este es un proceso que ya se persigue activamente en Estados Unidos y otros países.

7. Recursos humanos y capacitación: Se reconoce que la Academia debe tener un rol fortalecido en los procesos de planificación, evaluación, monitoria y fiscalización de los servicios de salud por su conocimiento especializado. Se establece un compromiso con fortalecer la educación de profesionales de la salud y talleres de adiestramiento. Compromiso con las leyes actuales que priorizan la contratación y el pago a los servicios de salud académicos y los servicios gubernamentales. Activar e implantar la ley de Centros Médicos Académicos Regionales.

8. Rendición de cuentas: Toda organización que realice actividades en el sector de la salud deberá rendir cuentas de su gestión para asegurar la prestación de servicios de salud de manera adecuada y transparencia, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. El Departamento de Salud tendrá la autoridad y responsabilidad de fiscalizar los organismos médico-hospitalarios públicos y privados, incluyendo la facultad para investigar, querellarse, recibir querellas, dirigir un debido proceso de ley y sancionar a las compañías por violaciones de leyes o reglamentos. Estos procesos contarán con la representación de ciudadanía.

9. Énfasis a la intersectorialidad: Es imprescindible establecer alianzas e integrarse sinérgicamente con otros componentes y sistemas de la sociedad y de la economía. Esto haría posible influenciar y ejercer algún control sobre los determinantes sociales de la salud. Las escuelas, las actividades de recreación y culturales, la vivienda, y la vida social en los barrios, entre otros aspectos de la sociedad, todos contribuyen al bienestar de la sociedad y por ende, apoyan a la salud. Que dicho modelo organizacional pueda ser lo más abarcador posible, incluyendo y sin limitarse, a la planificación, organización, la integración de servicios por niveles, desde la prevención y el cuidado primario hasta los cuidados hospitalarios y de rehabilitación más especializados.

10. Desarrollar una infraestructura de información de salud: con estándares de interoperabilidad, para promover acceso e intercambio de datos e información. Este es el principio de transparencia que promueve la integración en el sistema de salud. Crear un banco de datos en el que participen de manera compulsoria los aseguradores, proveedores y toda entidad que maneja datos de salud; garantizando la seguridad de los datos.

11. Simplificar legislación y reglamentación: estatal para facilitar la innovación organizacional, la coordinación de cuido y hacer más eficiente y dinámico los procesos administrativos y gerenciales.

12. Compromiso con la ley 235: que establece el Consejo Multisectorial de Salud para Puerto Rico. La gobernanza bajo la que se constituye el consejo, por medio de su composición y mecanismo de nombramiento, busca validar el poder de la participación ciudadana y de los sectores del cuidado de la salud, para que las decisiones de política pública sean más equitativas. El consejo pretende servir para informar y formar opinión pública e integrarse al proceso de toma de decisiones en el Departamento de Salud, como el ente formal/legal para investigación, discusión y consulta en asuntos de política pública a nivel de la Secretaría de Salud. Al endosar la ley 235 y el Consejo Multisectorial de Salud que esta crea, se reconoce el valor tan importante que esta representa como herramienta y modelo de sana gobernanza, que contribuya a garantizar participación ciudadana y la protección de los derechos de los habitantes de Puerto Rico en materia de salud pública.

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