Estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) rechazaron el plan fiscal aprobado ayer por la Junta de Gobierno (JG) y que será entregado hoy a la Junta de Control Fiscal, por entender que es producto de un proceso turbio y que repercutiría negativamente en la misión educativa de la institución.
Entre las medias que contempla el documento, que a horas de ser entregado al ente federal aún no ha sido divulgado, se encuentra un aumento drástico en los costos de estudios, así como la eliminación de más de la mitad de los empleados transitorios.
“Estamos preocupados porque no corresponde al bienestar educativo, antepone los intereses de cuadrar la caja sobre lo que es el proyecto más importante del país… es un plan inaceptable, la comunidad universitaria también ha sufrido el impacto del huracán María”, apuntó el presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras, Neftalí Sánchez.
Coincidentalmente, hace exactamente un año la Middle States Commission on Higher Education le envió una carta a la administración de la UPR en la que advertía sobre posible retiro de acreditación por recortes financieros y cierre de unidades sin previa autorización del ente regulador federal.
“El plan fiscal, como está constituido, le da la espalda a los estudiantes y a la sociedad puertorriqueña. Busca perpetuar la precariedad y la vulnerabilidad social. Como estudiantes nos hemos expresado contra todo cambio que no adelante el bienestar de la institución y del país”, añadió el líder estudiantil.
De acuerdo con lo discutido ayer, el ente rector aprobó un aumento a los costos por crédito subgraduado de 101.8% para el año académico que comienza en agosto. Esta sería el primero de una serie de aumentos escalonados que se extenderían hasta 2022. De $56 actuales, aumentaría cada año a $115, $120, $125, $135 y $140.
Por su parte, el incremento a los estudiantes de maestría será de $140, que es el costo actual, a $160, $175, $190 y $200 al 2021.
Mientras, los doctorales sentirán un alza a $175 por crédito en agosto y a $200, $225 y $250 en los años subsiguientes.
“El plan fiscal condiciona el acceso a la educación. El aumento en los costos es irreal, no todos tienen los recursos para pagar, más allá de los estudios, las cuotas, los libros, el hospedaje y los alimentos”, resaltó Sánchez.
Por su parte, la presidenta del CGE del Recinto de Ciencias Médicas, Nancy Cardona, se mostró preocupada pues resaltó que los estudiantes de la Escuela de Medicina Dental podrían enfrentar problemas con los préstamos estudiantiles, cuyo tope ofrecido por las agencias federales no sería suficiente para cubrir los aumentos.
“Estamos muy confundidos y en shock. He recibido mensajes de incertidumbre por parte de los estudiantes de cómo este plan les afectaría. Nuestros estudiantes a veces tienen tres y cuatro laboratorios. El Recinto de Ciencias Médicas es un mundo complejo y no contemplaron eso en el plan fiscal. No brindan información concisa”, destacó Cardona.
Entre las medidas tomadas por la administración de la UPR para intentar mitigar la pérdida de $423 millones que recibió hasta el 2017 del gobierno central, se encuentran diversos aumentos en cuotas y servicios.
Por ejemplo, cada laboratorio costará $100 –versus los $33 actuales–, $80 por la solicitud de graduación (de $27), solicitud de admisión en $30 ($20), las transferencias a universidades privadas $50 (contrario a los $33 actuales). Además, se crearía la cuota de mantenimiento de verano por $50, cargos por bajas parciales y totales de $10 y $15, respectivamente, y $20 por cada repetición de cursos.
“Hoy llegué a la universidad y el ambiente entre profesores y estudiantes es de preocupación y miedo… No ha habido tiempo para hacer estudios de cómo esto va a impactar a los estudiantes”, criticó el presidente del CGE de la UPR en Ponce, Juan José De Jesús Oquendo.
La administración aún discute un sistema de conglomerados que se crearán mediante la aprobación del plan fiscal en el cual se consolidarán las labores administrativas y se especializarán los recintos y unidades del sistema universitario.
De Jesús Oquendo resaltó que aún hay dudas sobre cómo funcionaría. “¿Los estudiantes de Humacao tendrán que viajar a Ponce para la matrícula, registrador y otros servicios?”, cuestionó.
Análisis del plan fiscal:
Casi nula la participación estudiantil
Por su parte, la representante estudiantil del Recinto de Río Piedras ante la Junta Universitaria, Wilmarí de Jesús Álvarez, destacó que la participación estudiantil y de la comunidad en la elaboración del documento ha sido casi nula.
“La realidad es que en el proceso de construcción los estudiantes no participamos, no lo evaluamos. Es más, al día de hoy no tenemos el documento. No fuimos partícipes. A nosotros, en cada una de las reuniones que tuvimos con la administración, nos dijeron ‘esta es la que hay’. Nosotros presentamos opciones y ninguna fue considerada”, señaló.
Este lunes se circuló un borrador del plan fiscal que contenía alzas menores a la matrícula y que se iba a implementar en el 2019. Sin embargo, este no fue el documento aprobado.
“No nos sorprende, llevamos un mes y medio en este lleva y trae. Han creado incertidumbre en todos los sectores y parece que fuera adrede para desarticular la discusión de este plan fiscal en la comunidad universitaria”, opinó De Jesús Álvarez.
El documento final tampoco fue consultado con la Junta Universitaria, ente asesor del presidente de la UPR. La discusión del documento, que regirá las finanzas de la institución en los próximos cinco año, se llevó a cabo en el Comité de Asuntos Financieros de la Junta de Gobierno al cual se unieron todos los miembros del ente y que dichas reuniones no fueron transmitidas, ni públicas.
La votación final fue 6-4, siendo los miembros nombrados por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares los que se expresaron a favor. Los cuatro representantes de la comunidad universitaria emitieron su voto en contra.
Sobre esto, De Jesús Oquendo cuestionó si “tenemos una Junta de Gobierno con una separación verdadera” de ideas político partidistas como exige la ley de la UPR.
Eliminación de profesores por contrato
Otra de las medidas contenidas en la propuesta es la eliminación de más de la mitad de los puestos transitorios y temporeros. Por tres años consecutivos se eliminará el 25% de la plantilla contratada comenzando en el 2019.
“El plan fiscal es muy malo e irrealista. Va a tener unas consecuencias nefastas para la UPR. Quieren achicar la universidad con recortes innecesarios. Estamos empequeñeciendo el proyecto de país que debe ser agrandado”, expresó el presidente Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), José Raúl Rivera Caballero.
Según el líder sindical, penden de un hilo el 62% de los programas académicos que no han cumplido las métricas de tasas de graduación y retención.
“La administración de la UPR le ha hecho un flaco servicio a la universidad acatando las órdenes del gobierno. Los docentes sin plaza serán los que reciban el impacto más fuertes”, indicó.
Asimismo, recalcó que hay cientos de millones en incentivos gubernamentales a diversas empresas que no tienen efecto positivo en la economía, mientras, “la UPR tiene demostrado el impacto económico en el país”.
En referencia a las aportaciones que actualmente realizan las diferentes unidades del sistema, Rivera Caballero resaltó el caso de Utuado —unidad que bajo el plan fiscal revisado enfrenta una transformación radical en su función académica— trabaja con un presupuesto mayor que el propio municipio.
Mañana, miembros de la APPU y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes se manifestarán frente a Administración Central en el Jardín Botánico Sur, en Río Piedras, en contra de la aprobación del documento. Mientras, en el recinto riopedrense, estudiantes realizarán una marcha por las facultades en la que explicarán cuál es el impacto que sufriría el alumnado con este plan fiscal.
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José Karlo Pagán Negrón
Periodista. Estudió una doble concentración en periodismo y estudios puertorriqueños en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
