La oficial de prensa de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, Lorna Castro, aclaró esta mañana que todas las propuestas de investigación y programas de la institución universitaria que reciben asignaciones y fondos federales, van a continuar sus labores y recibiendo dichos fondos sin problemas, con excepción de un programa.
La aclaración surge luego de que se anunció que el Departamento de Justicia Federal (DOJ, por sus siglas en inglés) impuso mecanismos rigurosos y económicamente insostenibles para recibir fondos federales al Recinto de Río Piedras de la UPR y otras ocho entidades gubernamentales.
Sin embargo, en declaraciones a Diálogo, Castro sostuvo que en el caso del recinto riopedrense solamente un programa que recibe dinero federal se vería parcialmente afectado. Se trata del Programa de Prevención de Violencia hacia la Mujer en el Campus, que se comenzó a implementar en octubre de 2011, luego de que la Universidad recibiera un grand de $300 mil dólares otorgados por el DOJ.
No obstante, de acuerdo a Castro, estaba previsto que este Programa culminara sus labores el 30 de septiembre del año en curso, de modo que ningún servicio universitario se vería afectado a corto ni largo plazo, al menos por causa de la clasificación que impuso el DOJ. El Recinto de Piedras, recibe fondos federales de distintas agencias que otorgan grands a la Universidad a partir de propuestas investigativas y de servicio que deben competir con otras propuestas sometidas por distintas instituciones en los Estados Unidos.
La oficial de prensa explicó que la Oficina de Fondos Externos del recinto riopedrense recibió una notificación por parte del DOJ en la que se indicó que el mencionado Programa había sido puesto en la High Risk List o lista de alto riesgo, aunque el Departamento Federal no explicó las razones ni las implicaciones de la clasificación respecto a los fondos del Programa bajo observación.
El DOJ envió ayer una carta al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en la que indicó que el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), la Procuraduría de las Mujeres (OPM), la Oficina de Seguridad Pública y la UPR en Río Piedras y Carolina, habían entrado en una clasificación de alto riesgo, lo que significa que se les impondría unas “condiciones especiales” para la otorgación de fondos. No obstante, al momento no se han ofrecido detalles respecto a las áreas específicas que se ven afectadas en cada oficina por la clasificación del DOJ.
Pendiente a Diálogo para más detalles.
