El desglose presupuestario de un país, de acuerdo con el planificador Félix Aponte, refleja las prioridades de su gobierno. En Puerto Rico, por los pasados diez años, las agencias gubernamentales que protegen el medio ambiente han recibido menos del uno por ciento del dinero asignado a las diferentes instrumentalidades del Estado. Está claro, según el exsecretario auxiliar del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que los políticos que se han turnado en el poder desconocen las repercusiones socioeconómicas de no cuidar los recursos naturales.
Para el año 2006, por ejemplo, la Administración de Recursos Naturales —dependencia que pertenece a la sombrilla del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)— recibió $121,192 millones, en el 2016 se le asignaron $52,117 millones, esto según datos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). También, en el 2006, a la Autoridad de Desperdicios Sólidos se le concedió una partida de $19,745 millones, cifra que se aleja muchísimo de los $4,401 millones que obtuvo el año pasado.
La Junta de Calidad Ambiental (JCA), por otra parte, registró un aumento presupuestario del año 2006 al 2016. Sin embargo, el incremento fue porque recibió una mayor cantidad de fondos federales, como los provenientes de la American Recovery and Reinvestment Act del 2009. De la misma forma, en el año 2014 la JCA salió de la categorización “High Risk” del gobierno federal. Esta acción le otorgó millones de dólares por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), que le habían sido retenidos desde el 2004 porque no cumplía con los requisitos para administrar fondos federales.
A través de los años, el Departamento de Agricultura (DA) también ha experimentado una disminución en su presupuesto. Empero, el pasado año recibió $54,965 millones —contrario a los $16,963 que obtuvo en 2015. El aumento obedeció a que se transfirió a esta dependencia gubernamental la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL). Con este propósito —se desprende del desglose presupuestario publicado en OGP— se le asignó una mayor partida al DA.
“Las Asignaciones Especiales son $29,000,000 para transferir a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) para fomentar incentivos a los ganaderos y para promover la estabilidad en el precio de la leche; $10,000,000 son para el pago a las elaboradoras según acordado en el pleito judicial sobre el control del precio de la leche y $50,000 para gastos de funcionamiento”, cita el desglose presupuestario de esta agencia, publicado en la página de OGP.
Se prevé que, debido a la crisis fiscal que enfrenta la Isla, haya una reducción mayor en el presupuesto de estas agencias, aunque todavía el gobernador Ricardo Rosselló no ha presentado su presupuesto para el próximo año fiscal, que además debe ser aprobado por la Junta de Control Fiscal.
De otra parte, el gobierno del presidente Donald Trump ya suministró el presupuesto federal recomendado para el próximo año fiscal y plantea recortar un 25% del dinero de la EPA. Esta agencia se encarga de proteger el medio ambiente, así como de implementar la política pública y la reglamentación relacionada a los recursos naturales federales. De los documentos presupuestarios publicados por OGP se desprende que parte de los fondos federales que reciben las agencias locales de protección ambiental provienen de dicha entidad.
Recorte presupuestario a las agencias que atienden el medio ambiente y los recursos naturales por los pasados diez años. Fuente: Oficina de Gerencia y Presupuesto. (Preparado por Luis Manuel Rivera)
Se reestructuran DRNA y JCA para hacer frente a los recortes
Al cuestionar a Tania Vázquez, secretaria del DRNA, sobre los posibles efectos de las reducciones presupuestarias a las agencias ambientales, se limitó a decir que no puede prever cómo esto se reflejará en nuestro medio ambiente.
Sin embargo, en términos administrativos, la funcionaria mencionó que ha ordenado cambios estructurales para atender la situación. Aceptó que la merma en fondos ha sido significativa para las instrumentalidades que dirige —como Diálogo evidenció—, pero destacó que es algo “normal” en el contexto de la histórica crisis fiscal que vivimos.
Vázquez mencionó que, entre las medidas que se están efectuando, está la eliminación de algunos servicios que no son necesarios para el DRNA, la renegociación de contratos al personal de confianza y servicios profesionales, y la búsqueda de nuevos suplidores que ofrezcan precios más bajos.
Como ejemplo, la también directora de la JCA señaló que se está buscando reformar el cuerpo de vigilantes del DRNA. Este programa se compone de personal que vela por el cumplimiento de las disposiciones legales sobre los recursos naturales y ambientales del Estado Libre Asociado.
“Se está identificando dónde están establecidos los vigilantes, cuál es su logística, los planes de patrullaje, una reducción de gastos de gasolina y reducción de gastos de peaje, eso es lo más básico”, sostuvo la funcionaria.
Además, el DRNA está revisando los contratos del cuerpo de vigilantes, como por ejemplo: los de compra de equipos y de arrendamiento de comandancias. En adelante, destacó Vázquez, buscarán alquilar espacios que el mismo gobierno tenga vacíos, para economizar gastos. Esta práctica, aseguró, se extenderá a otras oficinas y programas del DRNA y la JCA.
De la misma forma, Vázquez subrayó que aprobó una reducción de 5% en compras y una baja de un 10% en los sueldos de los empleados de confianza, que se suman a la reducción de 20% que decretó el gobernador Rosselló Nevares a través de la primera orden ejecutiva del 2017.
Al tiempo, en el DRNA y la JCA se encuentran trabajando propuestas para identificar fondos federales y parear las reducciones. Revisarán también los reglamentos de ambas agencias para “ver cómo pueden mejorar las funciones y operaciones…que redunden al final del día en una reducción de gastos”, precisó Vázquez.
“Tendremos una menor fiscalización”
Contrario a la secretaria, Aponte, quien también ha sido miembro de la JCA, sí prevé que haya un impacto ambiental a consecuencia de las reducciones presupuestarias. Con este experto también concuerdan el planificador ambiental José Rivera Santana y la especialista en salud ambiental Gloriselle Negrón.
“La cantidad de dinero que se le ha asignado históricamente a las agencias relacionadas con el ambiente y los recursos naturales es desproporcionadamente baja”, afirmó Aponte. Esta acción, según el planificador, les impedirá hacer su trabajo, impulsando una crisis ambiental y de salud pública.
“Las prioridades con relación a las políticas públicas no se deciden cuando se aprueba legislación, sino cómo se traduce eso en la asignación presupuestaria. Ahí es donde realmente se determina la prioridad”, señaló Rivera Santana.
Al no priorizar fondos para estas agencias, según Aponte, tendremos una menor fiscalización del impacto ambiental que suscita el desarrollo de proyectos de crecimiento económico, como la construcción de infraestructura, sobre todo porque no habrá oportunidad para contratar el personal necesario para examinar el impacto ambiental de estas iniciativas. También se afectarán, señaló Aponte, las investigaciones de incidentes de contaminación ambiental y la protección de áreas naturales.
“En la práctica lo que vamos a tener son problemas incrementales de salud ambiental. También el deterioro de los medios básicos como: el aire, agua, suelo, flora, fauna y los ecosistemas”, destacó.
Así también se expresó Ríos, quien además es catedrática del Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico. Sobre todo, prestó preocupación por los programas educativos, como los implementados por la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), para adiestrar a la población en términos del uso, reuso y manejo de basura.
“Nosotros [Puerto Rico] generamos casi cuatro libras de basura por persona. La ADS se encarga de educar a la población. En el 2014 hubo una reducción de un 14%, pero se quiere llevar a un 35%. ¿Cómo se hará con una reducción de personal?”, argumentó Ríos.
Asimismo, añadió que estas agencias no tan solo se han visto impactadas por la reducción del presupuesto consolidado, sino también por la aprobación de proyectos como la Ley 7 del 2009, establecida bajo la incumbencia del hoy integrante de la Junta de Control Fiscal (JCF) Carlos García, mientras presidía el Banco Gubernamental de Fomento, que provocó el despido de miles de empleados públicos; así como por la congelación de plazas a causa de la Ley 66 del 2014 y las que se contemplan en el Plan Fiscal de la administración de turno.
La contaminación ambiental, para Aponte, siempre desembocará en el deterioro de la salud pública. “Me preocupa, sobre todo, la incidencia de cáncer en la Isla”, sentenció.
En un informe publicado el año pasado, la Organización Mundial de la Salud destacó que en el 2012 murieron 12.6 millones de personas por vivir o trabajar en ambientes poco saludables. Este documento establece que factores de riesgo ambientales, como la contaminación del aire, agua y suelo, la exposición a productos químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta, contribuyen a más de 100 enfermedades o traumas.
De los 12.6 millones de personas, 847 mil pertenecen a la región de América. La publicación cita que las principales causas de muerte por contaminación ambiental, en orden decreciente, son las siguientes: accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, lesiones no intencionales, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, afecciones neonatales, paludismo y lesiones intencionales. Cuatro de estos factores figuran dentro de las principales causas de muerte en la Isla, de acuerdo con datos del Informe de Salud de Puerto Rico del año 20015, realizado por el Departamento de Salud. Estas son: cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares y enfermedades respiratorias.
La soga siempre corta por lo más fino
Cortar el dinero asignado al medio ambiente y los recursos naturales responde a presiones de sectores económicos, al menos así le parece a Rivera Santana. Para el planificador, el Estado ha cedido a las “presiones” de los desarrolladores, quienes necesitan la eliminación de las regulaciones ambientales para aumentar sus riquezas.
Su mayor ejemplo fue cómo en Puerto Rico se ha mermado el presupuesto para atender la situación de crisis fiscal y la deuda pública. También detalló que la Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (Promesa) facilita que se ignore el impacto al medio ambiente con el mismo propósito: pagarles a los bonistas.
José Rivera Santana, planificador y activista ambiental. (Ricardo Alcaraz/Diálogo).
“Esa ley contiene un Título V que establece una serie de disposiciones para acelerar los procesos de emitir permisos para el desarrollo y la construcción de más infraestructura y se orienta a desarrollar áreas de energía, agua y de vías públicas”, sostuvo.
Los procedimientos de permisos, para él, no pueden ser atropellados porque la evaluación de los posibles impactos ambientales del desarrollismo se vería afectada.
“La equivocación al aprobar una actividad que puede comprometer un recurso natural es súper costosa para la sociedad porque puede ser que ese recurso no se recupere no en diez años, sino en siglos”, añadió.
Rivera entiende que la EPA podría servir de contrapeso a Promesa. Sin embargo, la reducción presupuestaria en el plano federal, a esta agencia, coartará su rol fiscalizador.
¿Qué podemos hacer?
Ambos, Aponte y Rivera Santana, destacaron que la única opción que le queda al País es la “movilización social”. Afirmaron que, en vista de que las regulaciones y leyes ambientales se han erosionado, corresponde a los ciudadanos reclamar al Estado que proteja el medio ambiente.
“El poder está en el pueblo, en las comunidades. La alternativa que nos queda es la militancia comunitaria, eso va a requerir de cada ciudadano una responsabilidad de reclamo, de exigencia, de protesta y también requiere mayor responsabilidad de los profesionales y los científicos que tengan el privilegio de la educación”, apuntó Aponte.
Es necesario, además, fortalecer la organización comunitaria, los distintos grupos ambientales y convocar a toda aquella persona que esté interesada en proteger, no tan solo el ambiente, sino nuestros recursos arqueológicos, históricos e incipiente agricultura, concluyó Rivera Santana.
Este reportaje es parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.
Sigue aquí la serie especial:
1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa
2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas
3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos
4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa
5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)
6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)
7. “Proyectos críticos”: crecimiento económico cueste lo que cueste
8. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (3ra. parte)
9. A la expectativa los residentes del Caño Martín Peña
10. Extensión de la PR-22 y el cuento del fracaso como progreso
11. Aguirre Offshore Gas Port, ¿un proyecto esencial?
12. Luquillo y el “desarrollo integral” bajo Promesa
13. Nuevamente en peligro el Corredor Ecológico
14. Los bonos y la naturaleza: en riesgo los recursos más vulnerables
15. Urge la defensa de la zona kárstica ante Promesa
16. Vulnerables las tierras agrícolas bajo Promesa (Parte I)
17. Urge la defensa de la zona kárstica ante Promesa
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Ronald Ávila Claudio
Periodista. Cursa una Maestría en Periodismo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Posee un Bachillerato en Publicidad y un Grado Asociado en Tecnologías de la Comunicación.ronald.avila@upr.edu | ronald.avila.claudio@gmail.com
