La rectora interina del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carmen H. Rivera Vega, reiteró esta tarde que la administración universitaria buscará las medidas para que mañana se abran los portones en el Recinto.
“En el día de mañana, personal de la administración y representantes de los diversos sectores de la comunidad universitaria estarán acercándose a los accesos del Recinto en cumplimiento con esta orden, según nos es requerido y de conformidad con la política de convivencia. Estaremos impartiendo instrucciones adicionales a la comunidad universitaria mañana, 11 de mayo de 2017”, expresó por medio de una circular enviada a toda la comunidad universitaria.
La orden a la que se refirió la funcionaria fue un Mandamus e Injunction Preliminar emitido por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico con el que se exige a las autoridades universitarias a la reapertura del acceso al Recinto.
“Enfatizamos que la seguridad de la comunidad universitaria es la más alta prioridad, por lo que estamos tomando todas las medidas a nuestro alcance para velar por una solución pacífica. Asimismo, hemos comenzado a identificar áreas de mejoramiento y reacondicionamiento y se ha levantado un inventario de tareas y proyectos académicos pendientes de realización, así como las que se han podido llevar a cabo durante el cierre”, lee la misiva de Rivera Vega.
Sin embargo, la Unión Bonafide de Guardias de Seguridad (UBOS), mejor conocida como la Guardia Universitaria, emitió una comunicación en donde confirmaron que no violentarán la Política Institucional Sobre la Convivencia en la UPR (o la Política de No Confrontación) del recinto.
Las expresiones de la rectora interina se dieron horas después de que el estudiantado de la UPRRP ratificaron hoy mantener una huelga indefinida en el Recinto, con 1,993 votos a favor y 533 en contra.
¿Qué dictó el tribunal?
Durante la tarde del viernes, 5 de mayo, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico dictó una Orden de Mandamus e Injunction Preliminar dirigida al Recinto de Río Piedras y a la UPR, sus empleados docentes y no docentes, estudiantes, contratistas y todos los miembros de la comunidad universitaria, a través de su presidenta interina, Fernández Hernández, y la rectora interina Rivera Vega. El presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Carlos Pérez Díaz, también figura entre la parte demandada.
En síntesis, la orden le impone cumplir con lo siguiente:
- El restablecimiento del acceso al Recinto no más tarde del jueves, 11 de mayo de 2017, a las 6:00 a.m. y proveer los cursos en el calendario académico del presente semestre universitario.
- Continuar con las labores educativas del recinto conforme al calendario educativo vigente, no más tarde del próximo jueves, 11 de mayo de 2017, a las 6:00 a.m.
- Permitir el libre y seguro acceso al recinto, sus instalaciones, edificios y salones de clases y actividades.
- No impedir de ninguna forma lo anterior.
La orden del tribunal surge a petición de un grupo de estudiantes en su mayoría de la Escuela de Derecho de la institución, quienes el 31 de marzo demandaron a la UPR en un reclamo por su derecho a estudiar.
El grupo de demandantes está compuesto por: Anamar Menéndez González, Gabriela Firpi Morales, Rosaima E. Rivera Serrano, Carlos Vicente Villegas del Valle, Edwin Francisco Rivera Otero y Astrid Burgos Nieves.
El 6 de abril, la jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de Primera Instancia, declaró “No ha lugar” al injunction preliminar y el mandamus solicitado.
Más adelante, los demandantes se dirigieron al Tribunal de Apelaciones donde un grupo de jueces, compuestos por Roberto Rodríguez Casillas, Laura Ivette Ortiz Flores y Fernando Bonilla Ortiz, dio paso al pedido.
El pasado lunes, el secretario de Estado Luis Rivera Marín, recibió a los estudiantes y les entregó un reconocimiento “por velar y defender sus derechos”.
Tras una Asamblea Nacional, nueve unidades de la UPR se encuentran en huelga indefinida desde el 6 de abril. La paralización responde a un rechazo al recorte de $450 millones al presupuesto de la UPR, exigir la auditoría de la deuda, entre otros reclamos.
