La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Consejo General de Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) cursaron una carta al presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, y al presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar Jiménez, solicitándole que actúen sobre nueve asuntos prioritarios que afectan el entorno académico y laboral en el Recinto de Ciencias Médicas.
La comunicación surgió tras una reunión celebrada el 22 de agosto de 2018, con una asistencia sin precedentes de más de 500 empleados docentes, no docentes y estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), según informaron las organizaciones universitarias en un comunicado de prensa.
Los puntos presentados en consenso fueron:
- Que se aumente y se active el fondo de becas para asegurar el acceso a la educación universitaria a la población puertorriqueña.
- Que se reactiven, y ocupen las plazas de todos los empleados que se acogen al retiro del Recinto de Ciencias Médicas.
- Que se obedezca la Certificación 75 JG 2017-18 y se proceda con el proceso reglamentario de evaluación de ascensos en rango.
- Que la UPR cumpla con su obligación patronal con el plan de retiro de beneficios definidos pagando los plazos adeudados al fideicomiso del sistema de retiro de la UPR la cantidad de $18.7 millones correspondiente a los años 2016-2017 y 2017-2018; y aportando la asignación presupuestaria que le corresponde para el 2018-2019 la cual es $83.9 millones y no $76 millones como figura en el presupuesto aprobado de la UPR para el 2018-2019.
- Que en el proceso de consolidación académico-administrativo, se garantice la participación real y efectiva de los directores de programas, de los constituyentes representados por las organizaciones laborales a las que pertenecemos y del sector estudiantil.
- Que se reestablezcan las exenciones de matrícula a estudiantes y empleados.
- Que el proceso de consulta y elección de los directivos a nombrar en los recintos surjan de la comunidad universitaria del propio recinto.
- Que los costos indirectos generados de propuestas de investigación y educativas se distribuyan de acuerdo a la certificación 178 del 2015-2016 de la Junta Administrativa del RCM y se asegure se utilicen para el fin con que se otorgaron, promover las gestiones educativas y de investigación.
- Que la Junta de Gobierno realice un informe sobre el endeudamiento estudiantil de los alumnos subgradudados y graduados de la UPR, y la proyección de endeudamiento a partir de los aumentos de matrícula proyectados para los próximos cuatro años fiscales.
Ada Mildred Alemán, presidenta del Capítulo de APPU en Ciencias Médicas, declaró que los representantes de los cuatro sectores que componen la comunidad universitaria reclaman justicia.
“Se están cancelando plazas, reduciendo beneficios adquiridos, negando ascensos en rango, y no se rinde cuentas sobre cómo se efectúa la distribución de la porción de los fondos de investigación que las agencias asignan para gastos de infraestructura y otros (llamados fondos indirectos). Mientras esto ocurre, trasciende públicamente el mal uso de fondos para contratar por razones político partidistas a personas externas al recinto y a la academia”, prosiguió la representante de la APPU.
La profesora Alemán fue enfática en solicitar que cualquier proceso de consolidación académico-administrativo, garantice la participación real y efectiva de los directores de programas y de los constituyentes representados por las organizaciones que firmaron el reclamo. Denunció que el proceso deliberado de achicar a la UPR a costa del acceso a una educación pública para todo el País comenzó con la congelación de las plazas de los empleados jubilados del Recinto de Ciencias Médicas.
En esa misma línea, Zoraida Landrua representante de la (HEEND), estableció que la UPR debe cumplir con su obligación patronal con el plan de retiro pagando los plazos adeudados al fideicomiso del sistema de retiro.
“Los participantes del retiro hemos efectuado estrategias y ajustes para mantener la salud fiscal de nuestro retiro. Nuestro retiro no está comprometido en la situación de PROMESA y la administración de la UPR tiene que cumplir con su compromiso fiduciario. También hemos estado reclamando que se reestablezcan las exenciones de matrículas a estudiantes y empleados según esta acordado en nuestro convenio”, manifestó.
Por su parte Nancy R. Cardona, presidenta del Consejo General de Estudiantes del RCM, urgió a que se tomen medidas que garanticen el acceso a la educación en la UPR.
“Exigimos que se aumente el fondo de becas para asegurar el acceso a la educación universitaria a la población puertorriqueña”, indicó.
Este tema fue uno de los que el licenciado Alomar utilizó para justificar el alza de matrícula y cuotas, de acuerdo con el comunicado. El sector estudiantil también solicitó que la Junta de Gobierno lleve a cabo un estudio sobre el endeudamiento de los estudiantes graduados y sub-graduados a consecuencia del aumento de matrícula proyectado en los próximos cuatro años.
Finalmente, los portavoces de los distintos sectores del RCM establecieron un reclamo a que se cancelen todos los contratos de confianza afiliados a la rectoría del Recinto de Ciencias Médicas. Justificaron su solicitud sobre la base de las irregularidades denunciadas en la prensa, las cuantías de estos contratos y las “credenciales” político partidistas de los contratados mientras no se reemplazan los empleados que se van y se niegan derechos adquiridos alegando que no hay dinero.
Le solicitaron al presidente entrante de la UPR que inicie una fase de transparencia y de evaluación del desempeño de los directivos en la UPR y viabilice que las nominaciones y elecciones de rectores y rectoras de los recintos surjan en los propios recintos.
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