Respaldan crear base de datos por impericia médica

El Departamento de Salud (DS), respaldó una medida dirigida a que la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico establezca y mantenga una base de datos pública que dé aviso a los potenciales pacientes sobre los casos adjudicados de mala práctica contra los médicos en la Isla. La asesora legal del DS, licenciada Nilda Ortiz, hizo los señalamientos durante una vista pública que llevó a cabo la Comisión cameral de Salud sobre una medida presentada a tales fines por la representante Julissa Nolasco. “El derecho que tiene todo ciudadano a tener acceso a la información gubernamental, con limitadas excepciones, es uno de naturaleza constitucional implícito y derivado del derecho a la libre expresión que garantiza la primera enmienda de la Constitución, tanto de Estados Unidos de América como la de Puerto Rico”, sostuvo la abogada al dar lectura de la ponencia del Departamento de Salud. Agregó que “el fundamento para ello es que si el Pueblo no está informado debidamente se coarta su libertad de expresión. Por ello, es política pública del Gobierno de Puerto Rico facilitarle al ciudadano cada día más el acceso a la información gubernamental”. Durante su ponencia la licenciada Ortiz argumentó que luego de presentada una querella o demanda, y durante el procedimiento investigativo preliminar de una acción disciplinaria contra un médico, se debe mantener la confidencialidad de toda información relativa al mismo. “No obstante, una vez referido el asunto objeto de investigación al trámite o procedimiento de adjudicación formal ulterior y los casos han sido adjudicados, la información referente al mismo, incluyendo el nombre de los médicos sujetos al proceso, debe estar accesible para escrutinio público”, afirmó. “La propuesta enmienda que propone el P. de la C. 1797 es de beneficio a los ciudadanos puertorriqueños y de la clase médica en general”, concluyó Ortiz. Mientras, el presidente del Comité de Asesores del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Héctor O. Rivera González, declaró que el referido Colegio no respaldaba la medida. “Los registros públicos no han probado ser efectivos en la prevención de los problemas. No nos parece prudente que médicos sean identificados con argumentos similares a los utilizados para identificar a los ofensores sexuales habituales, pedófilos u otras personas con conductas habituales claramente delictivas o francamente inmorales”, argumentó Rivera González al deponer en la audiencia pública. “La solución no es un “bulletin board” con sus nombres. La solución es que haya procedimientos racionales que, protegiendo el debido proceso de ley, resulten en que los que no estén capacitados para ejercer la profesión sean excluidos de la práctica mediante la revocación de la licencia”, planteó el galeno. “No existe razón para que se proteja a los médicos que ejercen la profesión con menosprecio de sus consecuencias”, dice la exposición de motivos del P. de la C. 1797 de la autoría de la representante Nolasco. “Es por culpa de unos pocos que los demás médicos que sí son responsables, sean penalizados con altos recargos a las primas de seguros y constantes demandas frívolas”, agrega la exposición de motivos de la medida presentada por la también presidenta de la Comisión Cameral de Salud.

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