Rosselló Nevares desafía recortes sugeridos por la JCF

El reloj marcaba las 5:30 p.m. cuando Ricardo Rosselló Nevares ocupó el podio central del hemiciclo de la Cámara de Representantes. El hijo del exgobernador Pedro Rosselló González tomó el micrófono para dar inicio a su primer mensaje de situación de Estado como mandatario de Puerto Rico.

Hasta allí subió luego de una ronda extensa de abrazos, besos y estrechones con los legisladores de mayoría del Partido Nuevo Progresista, con la oposición del Partido Popular Democrático y del Partido Independentista Puertorriqueño, y con el senador independiente José Vargas Vidot. El intercambio de saludos también llegó a los representantes de la Rama Judicial, encabezada por la jueza presidenta del Tribunal Supremo Maité Oronoz, así como a invitados especiales –entre los que sobresalieron su esposa Beatriz Rosselló y los padres del gobernador, Rosselló González e Irma Margarita Nevares– y miembros de su gabinete.

“Si algo no pretendo hacer, es utilizar este podio para lanzar ataques contra la oposición política, ni adjudicarme ser el dueño de la verdad absoluta. La historia confirma que quienes así lo hicieron, no aportaron nada positivo a nuestra sociedad”, arrojó de entrada Rosselló Nevares, para moverse a pasar revista sobre todas las medidas y órdenes ejecutivas que ha impulsado desde que llegó a La Fortaleza el pasado 2 de enero.

“Al presente hemos emitido más de 25 órdenes ejecutivas, teniendo como resultados la reducción de un 20% de los puestos de confianza en las agencias del gobierno, la reducción del 10% de los contratos de servicios profesionales y otro 10% en los gastos de las operaciones gubernamentales, entre otras iniciativas, para lograr economías que superan los $150 millones anuales”, dijo.

Cerca de las 6:00 p.m. el primer ejecutivo siguió enlistando medidas, proyectos y planes que ha puesto en vigor para buscar soluciones a la crisis fiscal de la isla. Y es que, como señaló previamente, “la solución al problema no radica estrictamente en ecuaciones financieras, ya que el gobierno se administra para servir a la gente; a seres humanos que sufren y padecen por las decisiones que nosotros determinemos como los oficiales electos por el pueblo”.

Y como el pueblo quería saber cuáles serían esas medidas que les tocarían directamente, Rosselló Nevares incluyó en su mensaje un resumen –general y pocas veces con datos específicos– de parte del plan fiscal que se espera enviara antes de la medianoche de ayer martes a la Junta de Control Fiscal (JCF). Eran las 6:20 p.m.

“No estoy aquí para establecer falsas expectativas […]. Aquí tendremos que hacer cambios grandes. La Junta de Supervisión Fiscal encontró que la magnitud del problema es de más de $7 mil millones. Estamos de acuerdo con esa aseveración, aunque todavía no hay datos certificados de los años 2015 y 2016 para sustentarlo”, mencionó el gobernador.

Por esa línea, entró de lleno al plan fiscal con el que espera “rehabilitar las finanzas del gobierno”, no sin antes levantar la aclaración –casi a modo de confrontación– que sus objetivos se distancian de las propuestas de la JCF.

“Las medidas que propone la Junta de Supervisión Fiscal están enmarcadas en ecuaciones estrictamente financieras. En cambio, nuestra política pública está enmarcada en cumplir con los objetivos fiscales; pero también en promover el desarrollo económico”, dijo. Pausó y tomó agua. Retomó indicando que “un plan fiscal que no atienda estos factores, es simplemente inaceptable. No es aceptable dejar al pueblo sin acceso a servicios de salud. No es aceptable atentar contra los más vulnerables en nuestra sociedad. No es aceptable despedir 30% de nuestros servidores públicos”.

Dos rutas para ingresos

Según Rosselló Nevares, la JCF advierte que si no se ajustan los recaudos al gasto operacional, ello podría suponer un aumento en los impuestos, por ejemplo, en un alza al IVU del 11.5% al 22%.

Para evitar ese aumento, el primer mandatario aseveró que el objetivo de su administración es reducir el gasto público y ser más “eficientes en la captación de recaudos e impuestos”.

Pasaban las 6:30 p.m. cuando explicó que la idea para allegar más fondos al erario descansará en la eliminación de “incentivos contributivos obsoletos”.

“Implementaremos una reforma contributiva que esté atada a la modernización del Departamento de Hacienda, que se fundamente en un sistema más simple, que revise las contribuciones a la propiedad, que ataque la evasión de manera agresiva, con tasas tributarias más bajas, que estimule la inversión y la actividad económica, teniendo como consecuencia, mayores recaudos para el gobierno, producto de una economía en crecimiento”, dijo el gobernante, sin entrar en detalles específicos sobre qué incluirá esa reforma al sistema contributivo.

“En el renglón de ingresos, me place decir, que con propuestas muy distintas, llegamos al objetivo de un aumento en recaudos de $1,500 millones, y proyectamos un crecimiento económico más positivo que los estimados de la Junta”, aseguró.

Reducción del gobierno

Por la misma línea, Rosselló Nevares también contrarió las propuestas de la JCF respecto al gasto gubernamental. El ente federal sugirió una reducción de un 30% en la nómina pública.

Para el funcionario, esa reducción “implicaría el despido de 45 mil empleados públicos, lo que, aseveró, afectaría “directamente a más de 180,000 personas en sus núcleos familiares”.

“Esa propuesta de la Junta provocaría una aparatosa caída de un 8% a un 9% en nuestra maltrecha economía, aumentando la recesión y reduciendo la actividad económica en la Isla”, adujo.

En contrapropuesta, Rosselló Nevares recomendó la reducción del tamaño del gobierno por medio de una disminución de agencias –de 131 a 35– en un periodo de cinco años. Ese tiempo también se distancia de los mandatos iniciales de la JCF que exigen un presupuesto balanceado en dos años.

“Los cambios que estamos encaminando tomarán tiempo, pero también tendrán sus resultados en los primeros dos años”, remató el gobernador.

A esos efectos, apostó a su propuesta del gobierno como empleador único, las alianzas público privadas participativas, y la prestación de servicios por organizaciones sin fines de lucro como medidas que ayudarían a la meta de recortar $1,600 millones en el gasto del gobierno.

A esto se añadirá un ajuste a los días de vacaciones alineados con el sector privado y la eliminación de los llamados subsidios –aunque no específicó a qué se refería– “que representan $750 millones del gasto del gobierno central”.

“Un nuevo modelo de salud”

A las 6:45 p.m. Rosselló Nevares continuaba enumerando sus medidas y propuestas, mientras a las afueras del Capitolio una masa de manifestantes convocados por el colectivo Jornada: Se acabaron las Promesas ardía en contra de las expresiones del mandatario. Adentro, una y otra vez los presentes se ponían de pie para elevar sus manos en sonoros aplausos.

En medio de esa dualidad de ambientes, el gobernador llegó al tema se salud. Nuevamente, culpó a la JCF de querer reducir en $1,000 millones los gastos de la reforma de salud, lo que, a juicio del gobernador “implicaría que más de 500,000 puertorriqueños” se queden sin la tarjeta de salud, “y casi un millón se quedarían sin la cobertura de medicamentos”.

“Como si fuera poco, se ha estimado que un recorte de $500 millones provocaría un colapso de la industria de salud en Puerto Rico”, añadió.

En contraste, el primer ejecutivo propuso “un nuevo modelo de salud”, “centrado en el paciente”.

“El paciente podrá escoger su proveedor o asegurador, y lo podrá hacer bajo el marco de la competencia abierta, y podrá cambiar, si no está contento con su servicio.  El paciente ya no estará limitado a su región, o a un mal servicio”, explicó, al tiempo que persistió en que este cambio supondría un ahorro de, al menos, $250 millones al año.

Rosselló aclaró que en materia de salud no llegará al objetivo propuesto por la JCF de recortar $1,000 millones, “porque destruiría nuestra industria de servicios de salud y limitaría el acceso a cientos de miles de puertorriqueños”. Por el contrario, su meta es llegar a una reducción de $550 millones.

Difiere en recorte de pensiones

Otro aspecto en el que también Rosselló discrepó de la junta federal fue en el recorte de las pensiones de empleados públicos, para los que la JCF recomienda una disminución de 10% en el presupuesto.

“Resulta injusto y hasta inhumano recortar pensiones que apenas les alcanza a esos jubilados para pagar sus medicamentos, alimentos y gastos para una humilde vivienda”, señaló.

En su caso, el ejecutivo señaló que, como medidas a mediano plazo, el gobierno inyectará dinero a los sistemas de retiro, “mediante las alianzas público privadas participativas y con los ahorros que se logren en las agencias y corporaciones públicas”.

Sin tregua en recortes a la UPR

Aunque reconoció que “las universidades son una pieza clave para la transformación de Puerto Rico”, Rosselló se mantuvo alineado con la búsqueda de recortar la aportación pública que recibe la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En ese caso, durante su mensaje no emitió reparos sobre la propuesta de la JCF que “sugirió” un recorte de $300 millones al primer centro docente del país.

“La previa administración universitaria abandonó su responsabilidad de someter un plan y atender los retos que les corresponden. Me motiva saber que la nueva presidenta [Nivia Fernández] ha tomado acción. Ya ha identificado áreas de ahorro que ascienden a doscientos millones de dólares”, señaló.

Añadió que la orden ejecutiva que recientemente firmó facilitó que de manera inmediata que la universidad se beneficie de ingresos de entre $50 a $100 millones adicionales por concepto de servicios al gobierno.

“A tales fines, la señora presidenta, la junta de síndicos, y la comunidad universitaria sepan, que hago mi gobierno disponible a la colaboración y al diálogo, en este proceso para ayudar a la universidad, respetando la autonomía universitaria”, sostuvo.

Con esos cuatro puntos, Rosselló dio un guiño de lo que, se espera, sea su plan fiscal ante la JCF. Un plan que, según el gobernador, permitirá la recuperación económica de Puerto Rico.

“Señoras y señores legisladores. Hoy, martes 28 de febrero de 2017, el Gobierno de Puerto Rico le presentará a la Junta de Supervisión Fiscal un plan que cumple con los objetivos de reducción de gastos, sin afectar los servicios esenciales al pueblo, sin despedir empleados públicos, basado en pilares robustos de desarrollo económico, y con el objetivo claro de mejorar la calidad de vida del pueblo puertorriqueño”, aseguró.

Eran las 7:10 p.m. cuando Rosselló se apartó del micrófono. Otra vez se movió estrechando las manos de los presentes. Adentro seguían los aplausos, y afuera incrementaba la manifestación en oposición.

Comentarios