En menos de 30 días, la Universidad de Puerto Rico (UPR) deberá desarrollar su plan fiscal y su presupuesto –documentos que en última instancia deberán pasar por el cedazo de la Junta de Control Fiscal (JCF)–, pero antes de eso deberá conocer lo incierto: cuánto será el recorte que sufrirán sus finanzas.
Por las últimas semanas, la Administración Central había elaborado presupuestos para las once unidades y demás dependencias del sistema universitario bajo la premisa de una disminución de $149 millones en las transferencias del Fondo General a la institución. Ese número había sido adelantado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto para facilitar la elaboración del plan fiscal de la UPR, que no fue aprobado por la Junta de Gobierno.
Pero con la publicación el miércoles del presupuesto presentado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el recorte aumentó a $202 millones.
Ayer, además, trascendió que la Legislatura contemplaba fijar el ajuste a las arcas de la UPR en $250 millones. La nota, publicada por El Vocero, fue removida de la plataforma en línea. Ni La Fortaleza, ni ningún otro portavoz del gobierno, ha desmentido la información.
Ninguno de esos números toman en cuenta la facultad de la JCF –que pidió al gobierno un recorte de $450 millones al 2021 para la UPR– de alterar el presupuesto gubernamental antes de certificarlo, como dispone la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (o Promesa, por su acrónimo).
Tampoco detallan cómo incide la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional (Ley 66 del 2014) –que congeló en $834 millones las transferencias del Fondo General a la UPR– en el presupuesto recomendado. Esa cifra fija se extendió hasta el 2021 mediante la Ley 3 del 2017.
En el presupuesto recomendado de $9,562 millones con cargo al Fondo General, se propone una partida de $669,713,000 para la universidad. El presupuesto vigente, aprobado bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, asignó $872,432,000. La diferencia, pues, es de $202,719,000 millones, o un 23% menos.
No obstante, si se considera el presupuesto consolidado recomendado –es decir, el Fondo General junto a fondos federales y otros ingresos– el ajuste sería de $178 millones, una diferencia de 12.3% (de $1,448,381,000 asignados en el presupuesto consolidado vigente a $1,270,276 propuestos para el próximo año fiscal).
El asunto, empero, es que el Fondo General es la principal fuente de ingresos para la UPR, por lo que un recorte en esa partida tiene un mayor impacto en el fisco de la institución que si se considera solo el presupuesto consolidado.
“Ha sido un golpe. Aparentemente el gobierno iba a recortar $149 millones y sorpresivamente aparece esa cantidad de $202 millones”, indicó a Diálogo el economista Alfredo González.
Para el profesor jubilado de la UPR en Mayagüez, a medida que se acerque el 30 de junio, será inevitable que la JCF intervenga en el UPR para desarrollar su plan fiscal y su presupuesto, aun cuando el ente federal haya reiterado que eso le corresponde a la administración universitaria.
“Sobre todo en momentos cuando ha quedado sin estructura burocrática. El gobierno universitario desapareció. La Junta Universitaria y el Cuerpo de Rectores han tomado el liderato, pero legalmente no son los foros últimos” en la administración de la UPR, ni poseen la prerrogativa de aprobar esos documentos con carácter vinculante, dijo.
Si bien en teoría medidas como la Ley 8 y la Orden Ejecutiva 21 proponen allegarle ingresos a la universidad mediante la contratación de personal docente para asesoría y readiestramiento de empleados públicos, así como dar prioridad a la UPR para entablar acuerdos interagenciales con el gobierno, González cuestionó si en la práctica eso se materializará, considerando que la institución dejó de recibir sobre $3,200 millones entre el 2004 y el 2015 por servicios prestados al Estado.
Lo mismo podría decirse, agregó, de los cinco proyectos de ley presentados por el movimiento estudiantil y que buscan crear fuentes adicionales de ingresos que allegarían sobre $500 millones al fisco de la UPR.
“No sabemos cuáles se convertirán en ley, y más aún, si las proyecciones de recaudo se materializarán con las medidas de austeridad” que se avecinan, planteó el académico, lo que tendría como consecuencia que no haya una sustitución de ingresos para paliar el millonario recorte.
Trasquilados los recintos, aumento en Administración Central
Sopesando la incertidumbre que rodea el presupuesto de la UPR como consecuencia de las distintas cifras que se han discutido públicamente, Diálogo examinó la partida ($1,270,276,000) del presupuesto consolidado recomendado por Rosselló Nevares y, en síntesis, los tres recintos –Río Piedras, Ciencias Médicas y Mayagüez– verían un recorte que totaliza $128,087,000 millones. Mientras, la Administración Central tendría un aumento de 93% (o de $22,707,000 a $43,835,000).
[infogram id=”1_presupuesto_upr_recintos_af_2018″]
Los recintos son el sector más perjudicado por el presupuesto recomendado. En comparación con la asignación para el año fiscal corriente, Río Piedras vería una disminución de $53,490,000 (-17%), Mayagüez otra de $40,547,000 (-15%), y Ciencias Médicas $34,050,000 menos (-11%), para un total de $128,087,000.
[infogram id=”presupuesto_upr_af_2018″]
Solo tres unidades –Aguadilla, Bayamón y Carolina– verían un aumento en su presupuesto que, juntos, alcanza los $5.2 millones.
[infogram id=”3_presupuesto_upr___administrativo_af_2018″]
El aumento de 93% en el presupuesto de Administración Central responde a una recomendación de $23,459,000 por concepto de “inversión en mejoras permanentes”, para un total de $43,835,000 –casi el doble de los $22,707,000 asignados para el año corriente–. También resalta el aumento de $53,986,000 en Asignaciones a Transferir por virtud de “otros gastos operacionales”, un incremento presupuestario de 70% con respecto al año fiscal en curso ($31,756,000).
Aparte del dilema presupuestario, son varios los problemas que enfrenta el primer centro docente del país: sin nadie que la presida, con una Junta de Gobierno sin quórum, su recinto más grande –Río Piedras– sin rector, un calendario académico irregular por la huelga indefinida que abarca dos meses, una multa diaria por desacato a la sentencia del Tribunal de Apelaciones que ya asciende a $22,000, y ocho unidades cuya acreditación está bajo probatoria de la Middle States Commission on Higher Education.
