“Puerto Rico no está completo sin la UPR”. “De tanto ahorrar en educación terminamos millonarios en ignorancia”. “El enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto”. “El temor de los ricos es la educación de los pobres”.
Esas y otras consignas eran desplegadas en las pancartas que levantaron miles de estudiantes de las once unidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que se aglomeraron hoy en el Capitolio para repudiar el posible recorte de $300 millones que enfrenta el presupuesto de la institución, y que en palabras de la administración universitaria, dejaría al primer centro docente del país “inoperante”.
La manifestación –la primera reacción multitudinaria a las políticas de la Junta de Control Fiscal (JCF) en Puerto Rico y al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares– sirvió además de pie forzado para marchar hasta La Fortaleza, y allí, emplazar al primer ejecutivo para que él –y no miembros de su equipo de trabajo– se reúna con la comunidad universitaria. El gobernador, empero, se encuentra en Washington asistiendo a una serie de reuniones de la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos.
Pero la oposición al recorte de casi 36% del presupuesto universitario y la solicitud de diálogo con Rosselló Nevares no eran los únicos dos puntos en la agenda del estudiantado: también marcharon por una auditoría de la deuda –asunto que ha sido ignorado por Rosselló Nevares–, y porque este cumpla con su promesa de campaña de allegarle sobre $500 millones a la UPR, lo que en teoría haría innecesario restar los $300 millones, tal como propuso la JCF en enero de este año.
Esos $500 millones llegarían a las arcas universitarias a través de la Ley 8 –conocida popularmente como la Ley del Empleador Único– y la Orden Ejecutiva 21.
También exhortaron a la Policía de Puerto Rico a que reconociera la importancia de la lucha para las generaciones futuras, incluyendo sus hijas e hijos.
Para Wilmarí De Jesús Álvarez, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la UPR, el logro de la manifestación es simple: la unión de todas las unidades en defensa de la UPR.
Mientras, la presidenta del CGE de la UPR en Humacao, Ileana Ayala Fontánez, increpó las acciones del gobernador en torno a la universidad estatal con la sentencia “no me toques la UPR”, animando al cónclave universitario reunido frente a Fortaleza.
Su homóloga, Marysel Pagán, cabeza del CGE del Recinto de Ciencias Médicas, sostuvo que “la reestructuración de la UPR es en nuestros términos, y no un recorte injustificado de $300 millones”.
Por otro lado, la presidenta del CGE de la UPR en Mayagüez, Naysha Alcalá Loaiza, dejó entrever la posibilidad de una asamblea general a nivel sistémico en las próximas semanas.
Al evento –convocado por los universitarios y respaldado en las últimas dos semanas por ocho asambleas estudiantiles en distintos campus– se unieron la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) en representación del sector docente y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) por parte de los trabajadores.
También se unieron a la #ManifestaciónUPR estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón y de la Escuela de Artes Plásticas, así como miembros del barrio Tallaboa Encarnación de Peñuelas, donde se libra una batalla contra el depósito de cenizas de carbón que ha tenido el apoyo de los alumnos. Participaron asimismo miembros de la comunidad LGBTT, y los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez y Juan Dalmau.
José Torres, presidente de la HEEND, acusó a la recién instalada presidenta interina Nivia Fernández de “bailar al son de la JCF”, por lo que exhortó a repudiar su nombramiento, lo que fue secundado a vítores por los presentes. Hizo, igualmente, un llamado a defender la UPR de las intenciones del organismo federal impuesto por la ley Promesa. “No podemos permitir que siete verdugos destruyan nuestra institución centenaria”, afirmó.
En tanto, José Rivera Caraballo, presidente de la APPU, aseguró que “estamos en espíritu de diálogo y queremos hablar con los legisladores”. Sin embargo, calificó como “mentira y chantaje” la alusión de Rosselló Nevares a los efectos de que, si la UPR no logra alcanzar la meta de $300 millones en ajustes, estos tendrían que hacerse en los servicios de salud.
Con él coincidió Rafael Bernabe, profesor y excandidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador, para quien es “indignante que el gobernador pretenda chantajear al país con decidir entre educación o salud, como si un país pudiera prescindir de ambas cosas. Ese absurdo que está planteando es producto de su sumisión a la JCF. Lo que debería decirle [al ente federal] es que él no va a cortar ninguno de esos servicios, y que esa deuda no se va a pagar hasta que se audite”.
Para Carmen Yulín Cruz Soto, alcaldesa de San Juan, “hay que agradecer a los estudiantes por despertar al país. Si hay un gobierno que los escucha y que tiene los mejores intereses de la gente, se pararía de frente a la JCF y le diría que la educación de este país no se vende y que no está en juego”.
Culminada la manifestación, un grupo de estudiantes permaneció en La Fortaleza protestando. El grueso se retiró a los portones de sus unidades, que permanecen en paro.
El evento se dio en momentos en que se conoce que el borrador del plan fiscal de la UPR contempla ajustes operaciones de $111 millones y recaudos por un matrícula ajustada ascendentes a $31 millones, para una total de $142 millones menos del presupuesto universitario para el próximo año fiscal 2017-2018. El restante para alcanzar los $300 millones sería logrado durante el año fiscal 2018-2019.
En declaraciones escritas, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, felicitó al estudiantado por “dar cátedra de cómo hacer una manifestación pacífica y en orden”.
