La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, no quiso explicar por qué sostiene que una de las razones por las que la Oficina del Contralor intervino este martes en su municipio fue por “el impuesto secreto del alcalde Santini”.
Luego de que funcionarios de esa agencia entraron a un edificio municipal el martes y se incautaron de documentos y equipos, Cruz Soto se negó a ofrecer detalles al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y envió declaraciones escritas que indican que una de las investigaciones abiertas por la contraloría es debido al “dinero cobrado irregularmente y arbitrariamente” por Jorge Santini, refiriéndose al Programa de Transferencias de Derechos de Desarrollo (TDD) que instauró su antecesor entre 2003 y 2013.
La oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso, también se negó a dar información sobre la pesquisa.
El TDD fue un fiasco destapado por el CPI, en el que el municipio cobró sobre $20 millones a quienes pedían permisos para construir en la capital. El pretexto de la administración Santini era que, a cambio de dar el permiso de construcción, iba a cobrar un dinero adicional para conservar unas 3,000 cuerdas de terreno de alto valor ecológico en los barrios capitalinos de Cupey, Caimito, Quebrada Arenas y Tortugo. El CPI demostró que los cobros fueron ilegales, que parte de las tierras “conservadas” se destruyeron y que el dinero no se estaba depositando en una cuenta especial que exige la ley.
Desde octubre de 2013, el Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor tienen en sus manos un referido de parte de la Legislatura Municipal de San Juan para que investigue el Programa de TDD. La contralora designó en 2014 a la auditora forense Luz Soto Cruz para que se hiciera cargo de la investigación, y se lo informó a la alcaldesa en una carta en la que le requirió documentos y colaboración con la pesquisa. Cuatro años después del referido, la Oficina del Contralor no ha emitido un informe sobre este cobro que, según investigaciones del CPI, afectó a unos 1,116 ciudadanos, empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.
El diario El Nuevo Día indicó este jueves, citando a una fuente anónima, que la auditoría se debe a procesos irregulares de compra y subasta con la empresa BR Solutions que se han llevado a cabo durante la gestión de Cruz Soto, y no del alcalde Santini.
La Oficina del Contralor no quiso hablar con el CPI para explicar si se trata en efecto de una investigación sobre el alegado favoritismo a BR Solutions, que según el artículo ha tenido contratos de casi $5 millones en dos años bajo la administración de Cruz, o si por el contrario se trata del “tax Santini” o de alguna otra una auditoría combinada por señalamientos hacia ambos alcaldes.
