A raíz del cierre repentino de la compañía Preferred Health por falta de liquidez, miles de empleados públicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se quedaron desde ayer sin plan médico. La aseguradora médica fue cerrada por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) al encontrase una reducción en los activos de la empresa de 11.3 millones de dólares. Preferred Health ofrecía cubierta médica a miles de empleados públicos, de los cuales 1, 500 asegurados pertenecían a la UPR. El Director de la Oficina de Recursos Humanos de la UPR, Víctor Rivera, indicó ayer que la primera institución del país ya inició los trámites para asegurar la cubierta médica de los miles de trabajadores que recibían los servicios de la empresa. “La Universidad inició de inmediato los trámites dirigidos a ofrecer protección de servicios de salud a los empleados potencialmente perjudicados por la intervención a Preferred Health”, indicó el Director de Recursos Humanos de la UPR. Según publicó Prensa Asociada, la OCS acudió ayer, a eso de las 2:30 de la tarde, al tribunal para obtener una orden judicial para incautarse de los bienes de Preferred Health. “El Comisionado de Seguros… radicó ante este tribunal una petición solicitando una orden para liquidar a la organización de servicios de salud Preferred Health Inc. por encontrarse en tal condición financiera que, de seguir tramitando negocios, resultaría peligroso para sus suscriptores, acreedores y el público en general”, explica la orden interlocutoria de 25 páginas. De acuerdo a Prensa Asociada, la orden dictada por el juez superior de San Juan Carlos Dávila Vélez tiene carácter perentorio y otorga a Preferred Health 10 días para demostrar al tribunal por qué no debe convertirse en permanente o para solicitar una vista. El comisionado de Seguros, Ramón Cruz Colón, aseguró que esta intervención surgió tras varios intentos fallidos de su oficina para alcanzar una solución junto a ejecutivos de Preferred Health. Entre las consecuencias directas de esta medida, se encuentra la cancelación de los contratos que tenía Preferred Health. Sin embargo, Prensa Asociada publicó que la OCS tomará las medidas necesarias para que aquellos suscriptores afectados puedan mantener la protección que necesitan. “Los empleados públicos acogidos a este plan tendrán un término de 30 días para suscribirse a un nuevo plan de servicios de salud y podrán utilizar los formularios correspondientes en la oficina de recursos humanos de la agencia, departamento o corporación donde labora, de igual manera que cuando se acogió a Preferred”, expresó Cruz Colón a Prensa Asociada. En cuanto a los expedientes médicos de los pacientes que mantenían contratos con la aseguradora, que operaba como tal desde 1987, Dávila Vélez ordenó a la OCS entregarlo a todo aquél que lo solicite.
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